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Democracia pixelada

Juicio del caso #JorgeAbsolución, ¿se juzga a un activista o se juzga a la PAH?

Publicada el 12/06/2018 a las 06:00 Actualizada el 12/06/2018 a las 19:49
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Este lunes se ha producido en Madrid el juicio a un activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) detenido en mayo del pasado año en Vallecas, durante una concentración para protestar por el desahucio de una familia con dos niños. El inmueble era propiedad de Bankia, entidad bancaria rescatada con fondos públicos y tristemente conocida por estafar a miles de ciudadanos en el escándalo de las preferentes. La fiscalía solicitaba para Jorge un año y siete meses de cárcel por un supuesto delito de agresión a un agente antidisturbios mientras este practicaba una detención. Los testigos presenciales niegan la versión policial y aseguran que Jorge se limitó a grabar con su móvil la detención y fue a su vez detenido tras caer al suelo durante una carga.

Fuerte apoyo de la sociedad civil

La campaña #JorgeAbsolución ha ido ganando apoyo social cada día, incluyendo el de importantes organizaciones como Amnistía Internacional, que además se ha personado en el juicio, y el de diversas ONG, partidos, plataformas, sindicatos (especialmente de la sanidad pública, donde Jorge trabaja en Atención al Paciente, y en cuya Marea Blanca ha participado activamente), de España y también de otros países. Mientras tenía lugar el juicio, en la calle se han concentrado cientos de personas en solidaridad con Jorge, asiduo de la Asamblea 15M de Carabanchel, y las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo. Recordemos que la PAH ha sido galardonada por su labor en defensa de los derechos humanos por el Parlamento Europeo, además de por el Gobierno de la Comunidad Valenciana y otras instituciones que han reconocido su rol en la defensa del derecho constitucional a la vivienda.

De no haber sido por la PAH, los periodistas hubiéramos tardado aún más en prestar atención a la oleada de desahucios que desde el hundimiento de la burbuja crediticia en 2008 asola a este país, y que golpea especialmente a familias en riesgo de pobreza en las periferias urbanas. Durante demasiado tiempo este fenómeno ha permanecido invisibilizado, alcanzando en el mejor de los casos la sección de Sucesos en páginas interiores de algún diario, de manera esporádica.

El contexto de la protesta: la crisis de la vivienda en España

Pese a sus dificultades para alcanzar la agenda mediática, se trata de un fenómeno de gran magnitud. Según datos del Poder Judicial, los desahucios por impago de hipoteca alcanzaron en el año 2015 un punto álgido con unos 30.000, más de 80 al día. Desde entonces se han reducido hasta 61 lanzamientos al día en 2017, pero al mismo tiempo están aumentando de forma alarmante los desahucios por impago de alquiler (en paralelo al boom de precios en las capitales) habiendo llegado en el último trimestre a superar los 100 desahucios de este tipo cada día. Sumadas ambas categorías, tenemos que en España ocurren actualmente más de 170 desahucios diarios, uno cada 8 minutos.

Empeorando la situación, España sufre el parque de vivienda pública más reducido de Europa (1,1%) después de Grecia, hasta treinta veces menor que el de otros países europeos, como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). Y pese a los esfuerzos de la PAH, comunidades como Madrid y Cataluña, en las que más viviendas vacías y más desahucios tienen lugar, “han aprobado medidas regresivas que aumentan la desprotección”, según Amnistía internacional. Somos además el país de Europa con más viviendas vacías, con un 13,7%, casi 3,4 millones de casas según el último censo del INE.

Naciones Unidas ha advertido ya a España, en su dictamen del 21 de julio de 2017, por estar “violando el derecho a la vivienda” al desahuciar inquilinos sin alternativa habitacional, y ha recomendado la coordinación entre Estado y Comunidades Autónomas para evitar que se siga dejando en situación de calle a familias sin recursos, especialmente cuando tienen menores a su cargo, como era el caso relativo a los hechos juzgados este lunes.

La sorprendente línea acusatoria: criminalizar la protesta anti-desahucios

Por todo lo anterior, sorprende la reiterada y extensa alusión a la PAH como organización hostil que se ha escuchado en el juicio durante la relación final del Ministerio Público, que aludía al supuesto modus operandi de esta plataforma calificándolo de agresivo y basado en la coacción. Temo que ese enfoque, recogido en la información de la Agencia Efe sobre el informe de la Fiscalía, confunda la legítima desobediencia pacífica con la violencia.

En un contexto en el que se ha acreditado como España incurre en una vulneración sistemática del derecho a techo (las únicas dos condenas del Comité DESC de la ONU contra un Estado se han dictado contra España en 2015 y 2017), y en el que la principal plataforma de respuesta ha sido la PAH, que agrupa a los propios afectados/as, sorprende el intento de convertir el caso en un juicio político contra la PAH al atribuírsele explícitamente la “equivocación” de querer solucionar el problema con movilización y desobediencia “en vez de intentarlo como debe hacerse en un Estado de Derecho, mediante vías legales”. Sorprende por lo impreciso.

El ‘modus operandi’ de la PAH

Sucede que la PAH utiliza todas las vías pacíficas existentes para combatir esta lacra, más allá de aportar asesoría legal, visibilidad mediática y apoyo material a los afectados en la medida de sus posibilidades. Ya en 2013 logró introducir reformas legales mediante una Iniciativa Legislativa Popular tras recoger 1,4 millones de firmas, aunque la reforma pasó con muchas limitaciones. Además, recientemente la PAH ha registrado en el Congreso una propuesta de Ley de Vivienda que introduce reformas factibles ya practicadas en países vecinos y que pondrían solución a esta violación de derechos, como por ejemplo regular el precio de los alquileres, habilitar la dación en pago como se hace en otros países, el realojo temporal de familias en emergencia y prevenir la pobreza energética. El texto fue suscrito por cinco grupos parlamentarios (que no incluyen al PSOE) pero su discusión parlamentaria fue vetada por PP y Ciudadanos, por lo que ni siquiera podrá ser democráticamente debatido y enmendado.

No sólo se impidió el debate, además el Congreso ha aprobado con el voto de ambos partidos una nueva ley de desahucio exprés, que impedirá escuchar al desahuciado y no indagará la situación socioeconómica de propietarios y ocupantes, ni proveerá de alternativa habitacional. El PSOE, si bien participó en el acuerdo de ponencia del que resultó la norma aprobada, finalmente votó en contra porque en la redacción final "las familias más vulnerables por causas sobrevenidas serán las más afectadas", según su portavoz María Rominguera.

Es de esperar, entonces, que el nuevo Gobierno de Sánchez tome urgentemente cartas en este asunto, pero mientras se pronuncia o no sobre el tema, la desobediencia pacífica contra los desahucios está sobradamente justificada en un país con una cuarta parte de su población en riesgo de pobreza y/o exclusión, según informe de la red europea contra la pobreza EAPN. Una situación “incompatible con el Estado social y democrático de Derecho definido en la Constitución”, en palabras del autor del informe.

Como afirmaba Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de esa Constitución, “cuando un sistema jurídico establece privilegios para algunos, cuando establece normas que violan el consenso de la Constitución o liberan al gobernante del sometimiento a la Ley, cuando en la adopción de decisiones se establecen desigualdades entre los ciudadanos (…) cuando se convierten en ilusiones los mecanismos de institucionalización de la resistencia o se violan los valores, principios o derechos fundamentales, los individuos o las minorías afectadas por esta discriminación, estarían legitimadas para la desobediencia (…) En definitiva, cuando en alguna de sus dimensiones una sociedad democrática ha dejado de serlo”. Es en este sentido que la PAH reclama su obligación a la resistencia siempre pacífica frente a desahucios inhumanos y ante la vulneración sistemática del derecho constitucional a la vivienda. Por ello sorprende que el hecho de movilizarse y resistir sin ejercer violencia contra la lacra de los desahucios sea señalado como “coacción” y empleado como argumento en un juicio.

Desarrollo del juicio

Resulta indignante escuchar a la portavoz del Ministerio de la Fiscalía en la audiencia de este lunes hablar de la PAH como si fuera un grupo de alborotadores o, peor aún, como si fuera una organización violenta. Sorprende además, que cuando en su turno de defensa la abogada de la PAH comienza apenas a replicar que se trata de una plataforma galardonada internacionalmente por su actividad, haya sido interrumpida y reconvenida para atenerse estrictamente a los hechos juzgados. Algo similar se ha repetido cuando la defensa ha preguntado a uno de los testigos si se encontraba cerca del acusado en el momento de la detención, momento en el que ha sido reconvenida por “introducir la respuesta en su pregunta”. La letrada ha reformulado la pregunta como: “¿Dónde se encontraba usted en el momento de la detención?”. Sorprende que no se hayan producido en cambio ninguna de estas amonestaciones cuando las preguntas de la Fiscalía a los testigos policiales concluían con la fórmula “…, verdad que sí?”, como recogerán las grabaciones de la sesión. Si el análisis del contexto político y del repertorio de acción de la PAH es relevante para la acusación, cabe suponer que lo sea igualmente para la defensa.

Por último, llama la atención igualmente que no se haya admitido la prueba entregada por la defensa (tan pronto como ha tenido conocimiento de su existencia) de un vídeo en el que se observa al acusado en actitud totalmente pacífica y tranquila en el momento de los hechos, limitándose a documentar con su teléfono móvil la actuación policial instantes antes de ser detenido. El parte forense no recoge ninguna lesión en las zonas donde el policía en cuestión, que no presenta denuncias por daños, supuestamente habría sido agredido. Tan sólo una tendinitis en el codo que como él mismo ha reconocido, fue fruto de su caída al suelo durante la detención y no de ningún golpe. Se han producido igualmente contradicciones en las narraciones de los agentes que han testificado en el juicio, dos de los cuales se reconocían incapaces de confirmar que Jorge hubiera participado en agresión alguna. Un tercero aseguraba conocer a Jorge de vista por encontrarse habitualmente en los desahucios, como el propio Jorge ha confirmado “a todos los que puedo ir, siempre acudo”.

Quizá por ello, Fiscalía ha reducido finalmente su petición de cárcel a una tercera parte, solicitando la pena mínima de seis meses. La defensa ha solicitado la absolución por no haber carga incriminatoria que permita eliminar la presunción de inocencia. En los próximos días conoceremos la sentencia. En los próximos días, una cada ocho minutos, seguirán quedando en la calle familias que no pueden hacer frente al pago de su vivienda, algunas con niños, algunas sin tener a dónde acudir, algunas con las consecuencias más trágicas. Y en los próximos días, Jorge seguirá recibiendo el apoyo de una sociedad civil movilizada que no está dispuestas a resignarse a presenciar este drama con los brazos cruzados.
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2 Comentarios
  • Juanjo Seoane Juanjo Seoane 12/06/18 19:54

    Lo peligroso es el "modus operandi" de los fiscales.

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    1

  • Libertino Libertino 12/06/18 00:02

    La PAH debiera ser galardonada con el Premio Princesa de Asturias por su dignidad y su lucha constante en favor de las víctimas de la injusticia habitacional que reina en este país. A ver si el nuevo gobierno tiene el valor de "cumplir fielmente la constitución" y revertir la terrible situación en que se encuentran miles de familias. La PAH existe porque nadie, repito, nadie, ni el gobierno elegido y pagado por todos, ni la fiscalía, ni la policía, nadie más que la PAH, defiende a las víctimas de la especulación.

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