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El Ojo Público

Una salida a la situación de RTVE

Publicada el 17/07/2018 a las 09:06 Actualizada el 17/07/2018 a las 10:08
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Durante las últimas horas, una oleada de indignación ha recorrido las sedes de RTVE. Persona a persona vomitaban, no ya el enfado por un nuevo retraso en la renovación de la dirección, sino un sentimiento de ¿vergüenza? ¿cabreo? ¿ridículo? ... Quizás de todo un poco... reproches a los políticos, desilusión, y sobre todo una zozobra sobre qué pasaría ahora; muchos se preguntaban si habría que volver a los Viernes Negros, si habría que aguantar meses y meses con la actual situación... Y el desánimo se trasladaba al exterior de RTVE, se hacía visible en los mensajes de la ciudadanía en redes sociales, en los comentarios que se recibían en la redacción de infoLibre.

Tras el gran fiasco auto perpetrado por el bloque del gobierno y sus aliados, puede surgir la tentación de fiar el cambio a la elección del Comité de Expertos, la presentación y valoración de candidatos al Consejo de Administración, en definitiva al "concurso público", esa fórmula aplaudida por todos los grupos políticos, por los trabajadores y sus representantes laborales y profesionales, el modo más democrático, participativo, y limpio de renovar la radio y televisión pública.

Claro que es más lento; tres meses, se asegura. Pero ¿qué tres meses? ¿a partir de cuándo se miden? ¿se tiene en cuenta la vacación parlamentaria de agosto?

Esas preguntas, con todo, pueden quedar empalidecidas si se acude a los precedentes del recorrido de la propia ley, aprobada en septiembre de 2017 y para cuyo desarrollo los grupos políticos no han encontrado acuerdo alguno durante nueve meses, enredados en conversaciones previas, consultas legales, firmas de acuerdos convertidos en papel mojado... ¿Acaso no encontró en esa falta de resolución acomodo el decreto ley dictado por el gobierno de Pedro Sánchez?

Es posible que ahora se agilicen los trámites, que los tres meses no sumen un día más de noventa, cunda el consenso entre las fuerzas políticas, que no se produzcan impugnaciones ni recursos, que nadie dilate los tiempos... Pero puede, también, que el bloque coaligado alrededor del decreto ley desconfíe de un Partido Popular que apoyó la ley a regañadientes, creó retrasos con consultas legales y convenció a Ciudadanos para formar un duopolio que otorgara a ambos la mayoría absoluta en la dirección de un proceso aprobado para "devolver el pluralismo y la independencia profesional a RTVE", que había perdido con los gobiernos de Mariano Rajoy. Es más, Podría sospechar que nuevas retrasos alargaran el proceso hasta llegar a las elecciones de primavera con el equipo designado por el PP al frente de Informativos y programación.

Las denuncias y protestas de los trabajadores han tenido dos ideas motrices; una es la renovación de la dirección por concurso público y consenso político; la otra es que fueran sustituidos los directivos que han llevado a RTVE a la situación actual. La primera, como se ha reiterado inicia ahora su andadura; la segunda es el decreto ley que ha consumido en fracaso la creación de una dirección provisional por la vía de urgencia. No obstante, el propio decreto contiene una segunda fórmula que se concretaría con el nombramiento de un "Administrador Único". El bloque de formaciones, que este lunes propiciaron el fiasco de la primera opción, tiene en su mano proponer al gobierno la designación en el Consejo de Ministros de esta semana y urgir a la presidencia del Congreso los dos plenos extraordinarios en el principio de la siguiente.
Si el nominado obtuviera los votos exigidos, sea en primera o segunda vuelta, conviene recordar que, según establece el decreto ley, tendría "las capacidades y poderes del Consejo de Administración y su presidente", por lo que podría destituir y nombrar a todos y cada uno de los cargos directivos de la radio y televisión pública. La llegada de un gestor con plenos, aunque provisionales, poderes podría situar, al menos de manera transitoria, a profesionales de RTVE en los puestos clave "devolver el pluralismo y la independencia profesional", y ofrecer una imagen de cambio, a la espera de la resolución del concurso público previsto por la ley de septiembre de 2017.
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