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1976: el 'caso Lockheed', investigación en el Aire

Publicada 25/05/2017 a las 06:00 Actualizada 24/05/2017 a las 21:23    
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En febrero de 1976, la prensa de Estados Unidos conmovió a la opinión pública al revelar los primeros resultados de un Comité del Senado sobre presuntos sobornos en la venta de aviones, principalmente militares, de la compañía Lockheed, irregularidades que salpicaban a muchos países, España incluida, con nombres de políticos importantes en muchos casos. Cada nación intentó averiguar cómo le afectaba el artículo del New York Times del día 11, optando la mayoría por investigaciones oficiales que llevaron a una cadena de revelaciones, dimisiones y procesos muy sonados. Así, el príncipe consorte Bernardo de Holanda tuvo que abandonar sus principales cargos oficiales, el ex primer ministro japonés Tanaka fue condenado a cuatro años de cárcel, la clase dirigente italiana quedó muy tocada, afectando incluso al ex presidente Leone, dimitieron los ejecutivos de la propia Lockheed… ¿Y España?

España, recién muerto Franco, iniciaba un proceso incierto de cambio hacia un futuro, que sólo podía ser democrático, con pequeñas zonas de apertura, pero con todo el aparato institucional (y legal) del franquismo casi intacto y poco dispuesto a dicho cambio. Demasiadas incógnitas sobre ritmos, medios y horizontes de su democratización; unas Fuerzas Armadas con funciones políticas, que excedían de las normales en Occidente y al que no convenía molestar; una oposición prohibida y una prensa débil, sujeta a la censura y al secuestro (entonces no existían dos diarios que apostarían claramente por el cambio democrático, El País y Diario 16) y una única televisión que, además, era la del Gobierno.

Según se supo un poco más adelante el caso español solo afectaba a siete aviones Hércules de transporte militar por un importe de 3.500 millones de pesetas, con unas comisiones alrededor de 100 millones y con la actuación de la consultora Aviónica como representante de la Lockheed. Pero según se conocía más información se puso de manifiesto que podía afectar a aviones civiles (lo que originó un desmentido de Iberia) y a otras compañías como Boeing o la española CASA.

El asunto, abierto en febrero del 1976, no se cierra hasta junio de 1981, lapso de tiempo excesivo, del que luego intentaremos encontrar posibles razones. Junto al “plato fuerte”, el Consejo de Guerra de junio de 81, dio para algo más; un intento de ejercicio de la acción popular, un procedimiento por delitos monetarios y otro Consejo de Guerra, esta vez contra un civil, el director de un semanario. Pero el caso/escándalo Lockheed trascendió en España el asunto de los aviones, al abrir un debate sobre la libertad en general, la libertad de prensa y sus límites, la persecución de las diversas formas de corrupción o las funciones de la justicia militar. Incluso Francisco Umbral le dedicó dos columnas.

La prensa española, días después de las revelaciones del New York Times, trataba el asunto con suma cautela. La reacción pública del Gobierno fue lenta, de tal modo que se le adelantó un procurador de las Cortes de entonces, el consejero nacional del Movimiento (y militar de Tierra), Pedrosa Latas, al remitir sendos escritos a los presidentes del Gobierno y de las Cortes, pidiendo las oportunas investigaciones. Sin cuestionar que este fuera el objetivo de su actuación, conviene contextualizarla pues Pedrosa durante 1976 va a ser uno de los referentes de la derecha inmovilista y quizás quiso crearles al Gobierno y a un Rey “demasiado aperturista” un problema con las Fuerzas Armadas.

La acción oficial del Gobierno, además de lenta, pecó de escasa voluntad de publicidad y así, las primeras actuaciones –como el acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de febrero de iniciar una investigación- pasaron casi desapercibidas, y con el ministro portavoz, a remolque de las preguntas que los periodistas le hacían al final. El siguiente paso fue de la Embajada en Washington para preparar un convenio con el gobierno americano de intercambio de información, similar al del resto de países afectados. Pero a 9 de abril, el ministro portavoz informaba de que "todavía no se ha llegado a nada concreto".

Habría que esperar al 21 de mayo para que el Gobierno designase al Fiscal del Tribunal Supremo como órgano investigador oficial, que hasta julio del 76 no viaja a Estados Unidos para hacerse con la primera parte de la documentación, colección que completa en octubre el ministro de Asuntos Exteriores en otro viaje a ese país. De forma paralela el ministro del Aire ordenaba una investigación interna con este resultado, en sus palabras: “La seguridad, comprobada, de que no ha existido irregularidad alguna”. Luego veremos, referidos a este ministerio, más actuaciones y… otros resultados.

Con estos mimbres el Fiscal del Tribunal Supremo inicia su propia investigación.

En septiembre del 76, en un momento de gran expectación -pues se rumorea que la Fiscalía tendría pronto sus primeras conclusiones- el nº 1.006 de Sábado Gráfico publica una lista de posibles implicados en “un affaire internacional de altos vuelos” que incluye a generales del Aire. El Ministerio de Información y Turismo secuestra la revista y las autoridades de la I Región Aérea inician una causa judicial contra Sábado Gráfico por posibles calumnias e injurias contra dichos generales, que en 1978 es sobreseída (se pidieron cuatro años de cárcel para su director) al aplicarse la Ley de Amnistía de 1977. El propio director, en una entrevista reciente, cuenta que pudo verse con el presidente Suárez y que en su presencia telefoneó al ministro del Aire, en una conversación un poco tensa, para que le recibiera y pudiera exponerle su situación. Ya entonces llamó la atención que el primer procesado por el caso Lockheed ante la jurisdicción militar, no fuera un presunto implicado, sino alguien que -quizás con cierta ligereza, en parte excusable por la ausencia de libertad de información- intentaba averiguar la trama.

A raíz de las primeras averiguaciones del Fiscal, se detectaron posibles irregularidades sobre introducción en España de unas cantidades, como comisión de las ventas de Lockheed a favor de Aviónica, lo que originó un sumario paralelo en la Jurisdicción civil que entendía de delitos monetarios, con la prisión de un civil, aunque varias personas más, entre ellas dos militares, declararan por esta infracción añadida.

También tuvo especial eco la decisión, a primeros de diciembre de 1976, del abogado Cid Bosque de ejercer la acción popular contra los presuntos implicados en el caso. El Juzgado nº 12 de Madrid que tramitó su petición, le solicitó una fianza -cuantiosa para esos momentos- pero que al final fue costeada por diversas empresas periodísticas. En marzo de 1977 el Tribunal Supremo en base a que las actuaciones pasaban a la jurisdicción militar, denegó la pretensión del letrado Cid Bosque, uno de los pocos, que como luego veremos, dijo en voz alta lo que muchos pensaban del caso Lockheed.

El punto de partida decisivo de las acciones oficiales fue el informe del Fiscal del Supremo, elevado al Gobierno y al Tribunal Supremo, del que, según nota de 5 de noviembre de 1976, resultaba que no había indicios de soborno, no existía una lista de personas implicadas (como no fuera la de quienes percibieron regalos de Navidad por un importe total de 90.000 pesetas). Pero se constataban irregularidades por la representación de Lockheed en España, la sociedad Aviónica, al insinuar a la central que podían  influenciar a las autoridades, para lo que precisaban  recursos. Se dan nombres de sus responsables, entre ellos el general Rey y  el coronel Grandal, sin autorización para su participación en Aviónica.

El ministerio del Aire se adelantó y el 28 de octubre comunicó que había cesado a ambos en sus puestos, aunque esta decisión no prejuzgaba responsabilidades en el caso y, además, tras la nota del 5 de noviembre, añadió, entre otros extremos, que -terminado el proceso judicial- cabía un Tribunal de honor.

A primeros de diciembre el caso general, ya en la jurisdicción militar, conoce los primeros interrogatorios (Rey y Grandal), dictándose a primeros de marzo de 1977 Auto de procesamiento con la acusación para ambos de incurrir en el artículo 198 del Código Penal: “La Autoridad o funcionario público que, prevaliéndose de su cargo, ejerciere alguna profesión directamente relacionada con la esfera de sus atribuciones oficiales o interviniere directa o indirectamente en empresas o asociaciones privadas con móvil de lucro, incurrirá en la pena de inhabilitación especial y multa de 5.000 a 250.000 pesetas”, y en otro específico del Código de Justicia Militar, sobre incumplimiento de sus deberes militares.

La defensa del General Rey corrió a cargo del letrado Gil-Robles, veterano dirigente demócrata cristiano, contrario al Régimen y con la experiencia forense de haber defendido a otros acusados en casos de presunta corrupción, como REACE y MATESA, toda una carta de presentación como alguien incómodo para -llegado el caso- “tapar” el asunto. Durante los años 77 a 80 prosigue lentamente la instrucción, hasta que la muerte en marzo del 80 del General Rey haga que se extinga su responsabilidad personal y que el caso pase del Consejo Supremo de Justicia Militar a un juzgado militar, con la circunstancia de que meses después fallecería Gil-Robles. Más allá de sus declaraciones como defensor, su muerte nos privaría de su previsible comentario crítico como político experimentado, opinión, también, de un ministro de la Guerra de la II República.

Tras años de instrucción por la Justicia militar en junio del 81 se fija fecha para el Consejo de Guerra que se celebra a partir del 9, reactivación que, quizás, pudiera deberse a evitar que más adelante pudieran coincidir dos juicios contra militares, acusados, unos por golpistas (23F) y otro por irregularidades administrativas, con el consiguiente desprestigio acumulado de las Fuerzas Armadas.

El Consejo de Guerra, más allá de la sentencia ofreció otras tres cuestiones, quizás más interesantes. La comparecencia como testigos de 15 generales, entre ellos, tres ex ministros del Aire y dos integrantes de la entonces Junta de Jefes de Estado Mayor, y los regalos de  Navidad que -en algunos casos fueron devueltos por las autoridades militares que los recibieron-  y en otros quedó claro que su valor excedía de la mera cortesía o uso social. La tercera cuestión fue conocer que estos aviones se empezaron a encargar en 1972 por indicación de Carrero Blanco ante el agravamiento de la situación en el entonces Sáhara español, según declaró el que era entonces ministro del Aire.

La sentencia, tras fijar que el coronel Grandal, por su destino conocía los datos e informes del Ministerio y tuvo, conocimiento directo del proceso de adquisición de los aviones, y que no hubo otras comisiones que las de Lockheed a Aviónica, concluyó que "la influencia directa y real de Aviónica o de sus socios en la compra por el Ministerio del Aire a Lockheed fue prácticamente nula, … sin óbice de que la información facilitada por Aviónica a Lockheed fuera de interés para esta última", imponiéndole seis años y un día de inhabilitación especial y multa de 200.000 pesetas, con el efecto de separación del servicio.

El Juez militar instructor de la fase inicial, García-Escudero, al hilo del relato oficial le quitó importancia al asunto y en sus Memorias presenta a ambos militares casi como dos pícaros que ¡engañaron a la Lockheed! al hacer creer a dicha empresa que, a cambio de una comisión, estaban en condiciones de influir en la compra de sus aviones. Pero tanto el impulsor de la frustrada acción popular, como, entre otras publicaciones, la revista Triunfo, bastantes años antes del Consejo de Guerra sostuvieron que esto era solo la punta del iceberg. No les faltaba razón al invocar como una de los orígenes la inexistencia de una democracia entonces en España; un político tan poco sospechoso de izquierdismo como el ex ministro, embajador y empresario Antonio Garrigues Díaz-Cañabate escribió en sus Memoria, al referirse al Régimen de Franco, que “… como todo poder absoluto, dejó que en su sombra anidara la corrupción”.

Es interesante recordar que el 29 de octubre de 1976, El País se hiciera eco de un artículo del corresponsal en Madrid de The Washington Post, Miguel Acoca, en el que se recogía la noticia de que el rey Juan Carlos pidió que el asunto Lockheed se mantuviera retenido hasta que la Transición estuviera más avanzada. No debía ir muy descaminado Acoca, pues en la lista de audiencias civiles del Rey del 9 de marzo del 76, en pleno inicio del affaire, figuró el entonces activo procurador y militar, Pedrosa Latas.

Frente a las mínimas repercusiones en España, el caso Lockheed fue -como vimos- un hito en el resto del mundo. Además, dio pie en 1977 a la ley americana Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y a que se le considere el origen de la reciente, pero cada vez más extendida en el mundo empresarial, Compliance o estrategia para garantizar que una empresa cumple la normativa aplicable y sus códigos éticos.


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