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Foro Milicia y Democracia

Expedientes y derecho de asociación

Publicada el 11/10/2018 a las 06:00 Actualizada el 10/10/2018 a las 16:38
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La semana pasada se hizo público la decisión de la ministra de Defensa de decretar el archivo del expediente de insuficiencia de facultades profesionales que había sido incoado por el Ejército del Aire a la cabo Teresa Franco en el mes de marzo. Los medios de comunicación han dado relevancia a esta noticia por las fuertes sospechas de que, bajo la cobertura de la pérdida de facultades profesionales –después de más de quince años de servicio–, la militar podía estar siendo objeto de represalias por su conocido activismo, en el movimiento asociativo y redes sociales, en favor de la igualdad entre mujeres y hombres.

Teresa Franco es secretaria de Igualdad de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), asociación transversal –integrada por oficiales, suboficiales y tropa y marinería– pionera en el asociacionismo militar español, y representante de esta Asociación Profesional en el Consejo de Personal (COPERFAS) –actualmente la única mujer–, órgano de interlocución de las asociaciones profesionales con el Ministerio de Defensa, establecido por la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas (LODDFAS). Este órgano está presidido por la ministra de Defensa.

La declaración de pérdida de facultades profesionales, que se ventilaba en el expediente, hubiera supuesto la rescisión del contrato de larga duración de la militar, justo antes de llegar a la edad de 45 años, momento en que, de acuerdo con la ley vigente, le corresponde pasar a la situación de reservista de especial disponibilidad (RED), con los efectos consiguientes, entre otros, la asignación económica señalada a esta situación administrativa hasta el retiro. Se trataba, por tanto, de una grave consecuencia que iba más allá de la mera rescisión temporal del contrato. El expediente se había abierto en su unidad de destino a instancia de sus superiores y se basaba en la colección de informes negativos de los últimos años que, de forma como mínimo sugerente, coinciden con su actividad como representante asociativo en este acuartelamiento.

De la información del expediente, citada por los medios de prensa que tuvieron acceso, se tuvo conocimiento de los informes, plagados de juicios de valor, emitidos, sin aparente fundamentación objetiva, por sus mandos como fundamento del mismo; de la pretensión que estaba en curso de validar con reconocimientos psicológicos de tribunales médicos militares toda esta evaluación subjetiva; y, en definitiva, del posible fraude de ley en que podía estar tramitándose el expediente, puesto que, estando previsto para unos fines –garantizar el cumplimiento de las facultades profesionales del personal militar–, se llegara a utilizar, en realidad, para otros -rescisión del contrato de un representante asociativo-.

Refuerza esta impresión la inconcreción de los “motivos profesionales” –meras fórmulas genéricas de descalificación de su trabajo– alegados en la apertura del expediente y, en cambio, la gran importancia que se le concedía a un extemporáneo, improcedente e irrelevante a estos efectos informe detallado de sus manifestaciones en redes sociales sobre la actualidad, elaborado por fuentes oficiales. En efecto, en la documentación del expediente figuraba un exhaustivo estudio de la participación de la cabo Franco en la red social de Twitter con el propósito de justificar su filiación feminista y asociativa y supuesta ideología de izquierdas y, también por este motivo, fundamentar la eventual falta de competencia profesional, al parecer por vulneración del "deber de neutralidad política" y de una sobrevenida “poca aptitud para el servicio”.

Dejando al margen la improcedencia de investigar la orientación política de ningún ciudadano, no sabemos qué tiene que ver la ideología de una persona con la vulneración o no de la neutralidad política, que, en todo caso, lo sería por interferir, desde su condición de militar, de manera partidista la competencia electoral entre los partidos políticos o coaliciones electorales; y si, tales pronunciamientos de Teresa Franco, escogidos por el analista de información, contra el machismo y la xenofobia la convierten en una "izquierdista". En un sistema democrático, poco importan las ideas políticas, sean cuales sean, a los efectos del desempeño de la profesión militar, mientras se haga con sujeción a las leyes y reglamentos. Habría que recordar, en este punto, que los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, con las limitaciones establecidas en la ley, amparan a todos los ciudadanos, civiles y militares.

Llama la atención las valoraciones sobre las virtudes militares y la competencia profesional que se contienen en los informes que obraban en el expediente, basándose en una supuesta “falta de lealtad y colaboración con los propósitos del mando”, sin exponer la razón concreta, y en el ejercicio de su derecho a formular quejas y reclamaciones por conducto reglamentario y por motivos profesionales -entre otros, la falta de chalecos antifragmentación adaptados para mujeres-, de los que, sorprendentemente, se podría deducir su falta de competencia profesional. Además, se afirma, como un demérito, que esta actitud –la de ejercer sus derechos– ha prendido en otros compañeros.

El expediente archivado por el Ministerio de Defensa, en cuyo archivo seguramente ha influido de manera decisiva la gran sensibilidad social existente sobre las políticas de igualdad, afectaba de lleno al desarrollo de la labor de representante asociativo en la unidad. Pone de manifiesto, por una parte, una concepción del mando militar propia del pasado en el que no se ha producido recepción alguna del sistema democrático y, por otra, una carencia absoluta de pedagogía sobre la (valiosa) función que llevan a cabo las asociaciones profesionales. El asunto es grave porque atenta directamente al ejercicio del derecho de asociación, un Derecho Fundamental reconocido en el artículo 22 de la Constitución y desarrollado para los miembros de las Fuerzas Armadas por Ley Orgánica.
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Fidel Gómez Rosa es doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Derecho por la UCM. Licenciado en Historia por la UNED. Especialista Universitario en Historia Militar por IUGM.
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