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La nueva 'migra' de rostro humano

Publicada el 03/03/2021 a las 06:00

El relevo en la Casa Blanca ha supuesto el anuncio de la revisión de la política migratoria en Estados Unidos, especialmente de los protocolos aplicados a los inmigrantes indocumentados latinoamericanos y a los demandantes de asilo. Entre las primeras órdenes ejecutivas firmadas por el nuevo presidente, Joe Biden, en el despacho oval el primer día de su mandato, hecho al que se le concede gran carga simbólica, se encuentra el bloqueo de los fondos federales destinados a las obras de ampliación del muro de separación en la frontera sur.

Al frente del Departamento de Seguridad Interior (DHS) ha sido nombrado Alejandro Mayorkas, un abogado nacido en el seno de una familia cubana migrante, para dar credibilidad a la voluntad del gobierno Biden de reformar en profundidad las políticas migratorias en línea con los valores democráticos estadounidenses, asumiendo que se han aparcado durante el mandato de Donald Trump. Se pretende dejar atrás los aspectos más crudos de la política trumpista que elevó el racismo y la xenofobia con los migrantes latinos no regularizados a política de Estado. La vileza de una política gubernamental que mantenía en el limbo a toda una generación de jóvenes formados en suelo estadounidense (dreamers), que no tenía escrúpulos en separar a los padres de sus hijos menores para quebrar su voluntad donde más les podía doler, o que sin otra lógica que el cálculo electoral persistía en tratar de poner puertas al desierto.

La postura de Washington a la primera caravana de migrantes centroamericanos, iniciada en el otoño de 2018, fue endurecer su respuesta represiva. Las semanas que las personas migrantes tenían que invertir en atravesar la república mexicana para alcanzar el norte fueron aprovechadas por la administración Trump para empleando su hegemonía continental aliviar la presión sobre su territorio transfiriendo a México (y subsidiariamente a Guatemala) las funciones de gendarme avanzado de su aduana. Con la eufemística y sarcástica denominación de Protocolo de Protección de Migrantes (MPP) —subtexto: No vengas— los caminantes, en permanente ejercicio de supervivencia, han visto alejarse progresivamente la anhelada frontera de los Estados Unidos.

Tales medidas consiguieron momentáneamente desarticular la fórmula de caravana ideada por los migrantes centroamericanos para darse apoyo en la marcha frente a las mafias, los abusos y ataques del camino, al tiempo que conseguían atraer la atención de la opinión pública sobre la situación de pobreza y violencia de la región. Dos factores han agravado una situación social que ya era explosiva: la pandemia del covid-19 que autoriza la implementación de protocolos de bioseguridad y el tradicional flagelo del paso de huracanes, que esta temporada han afectado particularmente a Honduras, cuya población, sometida a desgracias sin cuento, ha formado en su mayoría las últimas caravanas como llamada desesperada de auxilio.

La coordinación diplomática entre Estados Unidos, México y Guatemala consiguió cerrar el paso de los migrantes y dejarlos confinados en campamentos precarios. Fuerzas militares y de policía controlan la aduana guatemalteca exigiendo la documentación de salida y una prueba negativa de covid, requisitos inalcanzables para los miles de personas, incluidas familias enteras, que tratan de avanzar en su marcha en condiciones muy duras. El regreso a sus pueblos de origen no es una opción para muchos que han perdido sus casas y han invertido todos sus recursos en la que consideran su única salida a una situación límite.

Las asociaciones de migrantes hondureños piden un nuevo estatuto de protección temporal (TPS) como antídoto a las caravanas. Los migrantes son el motor de la economía de su país. Se calcula que cada trabajador en Estados Unidos —hay más de un millón sin regularizar— sostiene en promedio a cinco personas. Las remesas de los migrantes, según datos del Banco Central de Honduras, alcanzan los 6 000 millones y representan el 22 % del PIB. Las consecuencias de un regreso masivo serían inasumibles para la economía y la paz social. El Gobierno de Tegucigalpa, incapaz de atender las necesidades básicas de la ciudadanía, ha solicitado la extensión del estatuto vigente y que se aborden las causas objetivas del éxodo masivo por los riesgos de desestabilización que entraña para la región. Los huracanes en tiempos de pandemia han profundizado la quiebra económica de Honduras y una crisis social sin precedentes con consecuencias impredecibles.

La administración Biden ha puesto fin al uso descarado de la migración latina como chivo expiatorio de la pugna electoral. La vuelta a una migra de rostro humano, que respeta los tratados internacionales de atención a los demandantes de asilo, no debe confundirse con una flexibilización de las condiciones de entrada. Se ha levantado el campamento de Matamoros y han comenzado la tramitación de los expedientes, pero la normalización llevará tiempo. Las solicitudes de ciudadanía de los dreamers y las medidas de protección temporal de los colectivos indocumentados, cabe esperar que reciban también un impulso. Pero el problema estructural de fondo, marcado por el gran diferencial de renta entre el norte y el sur del río Bravo, no es previsible que sea abordado de la única forma en que podría ser paliado, que es con inversión masiva en desarrollo para fijar la población en sus respectivos países.
 

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