La extrema derecha infecta los ejércitos de ambos lados de los Pirineos

Estamos encontrando en los últimos tiempos varias similitudes entre los militares franceses y españoles por la influencia de la extrema derecha en sus filas. Pero también algunas diferencias, como veremos. Hace unos días se hizo pública una carta dirigida al presidente Macron y a los miembros del gobierno y del parlamento, insertada en las páginas de la revista Valeurs Actuelles, que acoge con gusto las obsesiones de la extrema derecha en el país galo. Dicha carta eligió una fecha muy concreta y significativa: el 21 de abril, 60º aniversario del golpe de Estado en Argel desmantelado por De Gaulle.

La carta está firmada por veinte generales entre los que destaca Christian Piquemal, un teniente general legionario ya conocido desde que fue detenido por la policía en 2016 por su participación activa en Calais en una manifestación racista no autorizada de Pegida (movimiento alemán antiislamista de extrema derecha). Piquemal estaba en la situación de reserva y fue expulsado del ejército ese mismo año por deslealtad. El resto de generales firmantes están en segunda sección, equivalente a la situación de reserva en España. A la carta se han adherido también más de 8.000 oficiales, suboficiales y personal de tropa retirados y algunos en activo.

En la carta alertan del desmoronamiento de Francia por el peligro que suponen “el islamismo y las hordas de los barrios periféricos” que pretenden disolver el país y arrancarle parte de su historia y aseguran que la inacción del gobierno “provocará la intervención de sus compañeros en servicio activo” para proteger los valores de su civilización y la seguridad de “nuestros compatriotas en territorio nacional” y así evitar una guerra civil sangrienta, cuya culpa será de los gobernantes.

Curiosamente, esos altos mandos franceses apelan a la aplicación de las leyes de la República en todo el territorio nacional de la misma forma que nuestros militares de la tristemente célebre XIX promoción del ejército del aire y la XXIII del ejército de tierra lo hacían respecto a la Constitución cuando se dirigían al rey, también por carta. Unos y otros se envuelven en “su” bandera y su interpretación particular de las leyes para saltárselas formalmente, con las cartas abominando del gobierno de coalición en un caso, o en conversaciones privadas en las que fantasean con fusilar a la mitad de la población.

En ambos casos también intervienen dirigentes políticos de la ultraderecha. Allí, Marine Le Pen comparte su análisis y aflicción y anima a todos los patriotas a levantarse para salvar el país, al tiempo que les invita a afiliarse en su formación. “No es suficiente con expresar la indignación”, dice la ultraderechista francesa. Aquí, la diputada de Vox Macarena Olona considera a los exaltados del famoso chat como “nuestra gente”.

Otra similitud es que algunos generales y oficiales se han pasado a la política aquí y allá, y no a cualquier partido político. En Francia, oficiales retirados como el capitán de gendarmería Jean-Pierre Favre-Bernadac, desde su blog Place d’Armes, promueve la carta de sus camaradas y advierte sobre la convivencia imposible con una ideología multiculturalista; el general retirado de aviación Antoine Martínez, uno de los firmantes, es el creador de Volontaires pour la France para luchar contra la islamización del país, cuya rama radical Acción de fuerzas Operativas preparó en 2018 un atentado contra los musulmanes. Martínez fue el promotor de una carta, en 2018, que acusaba a Macron de traidor por firmar el pacto de Marrakech sobre inmigración. De los firmantes, al menos tres ya están vinculados al partido Rassemblement National (RN) de Le Pen.

En España tenemos a los generales Alberto Asarta, Manuel Mestre, Agustín Rosety y Fulgencio Coll ocupando diversos cargos por las listas de Vox, hermano ideológico de RN, además de otros oficiales de menor rango, que sirven de anzuelo en el jugoso caladero de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad.

Pero las similitudes no se detienen en la sintonía ideológica del personal de las fuerzas armadas de ambos países, sino que la respuesta de los dirigentes políticos se asemeja bastante. Las responsables políticas del ministerio de defensa, Florence Parly y Margarita Robles, dirigentes de los partidos socialistas francés y español, coinciden en su reacción. Mme. Parly anuncia sanciones a los responsables de la misiva, en lo que coincide el actual jefe del estado mayor de la defensa, general Lecointre, y podrían ser pasados forzosamente a retiro o incluso expulsados como le ocurrió al general Piquemal. Por su parte, la ministra Robles puso en manos de la fiscalía el contenido de los chat de los “valientes” aviadores retirados que querían eliminar a 26 millones de españoles –sin duda una maniobra para la galería– a sabiendas, como experimentada magistrada, de que su intento de imputación no tendría recorrido jurídico al estar todos retirados –y por tanto no sujetos al régimen disciplinario militar– y de que su “conversación privada” no encajaba en el Código Penal.

Hasta ahora hemos visto algunas similitudes en los casos en que el comportamiento de algunos altos mandos han mostrado una deslealtad manifiesta con sus gobiernos. Pero también son de destacar algunas diferencias. Una primera sería la del origen de los ejércitos. El francés tiene una tradición republicana heredera de los principios de la Revolución Francesa y en el último siglo han servido a la nación bajo gobiernos democráticos y, salvo un intento fallido en Argel en 1961, siempre fueron leales al presidente de la República, su comandante en jefe y al pueblo. El ejército español, tras el largo período de pronunciamientos e intervencionismo de corte más o menos liberal durante el siglo XIX, en los últimos cien años ha servido a dos dictaduras (1923-1930 y 1939-1975), de las que constituía su columna vertebral, y en varias ocasiones protagonizó golpes de Estado o atentados fallidos: Sanjurjo, 1932, Franco, 1936, Operación Galaxia, 1978, Tejero, 1981, A Coruña, 1985. Durante la sangrienta guerra civil no dudó en asesinar a decenas de miles de compatriotas conforme avanzaba hacia Madrid, tarea que continuó con miles de ejecuciones en los años siguientes al fin de la contienda.

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Por último, otra diferencia notable consiste en el tratamiento de la ley ante conductas dignas de reproche disciplinario. En Francia, como se ha visto con el general Piquemal, una conducta desleal puede llegar incluso a la expulsión del ejército, sin derecho a vestir el uniforme y la retirada de la tarjeta militar sin mediar sentencia judicial, simplemente por decreto presidencial tras pasar por un consejo disciplinario. En España sólo es posible un castigo similar si el militar incurre en un delito previsto en el Código Penal que conlleve una pena superior a tres años de prisión por sentencia firme.

La extrema derecha ha penetrado en los últimos años de forma preocupante en toda Europa y tiene especial aceptación entre los miembros de organizaciones de estructura jerárquica como son las fuerzas armadas y los diferentes cuerpos de policía, con el inquietante añadido de que éstas son depositarias del uso legítimo de las armas. En Alemania, no hace mucho tiempo, la ministra de defensa disolvió una unidad militar de élite trufada de neonazis, en Bélgica se han investigado ya varios núcleos de extrema derecha en su ejército y en Francia se ha constatado la existencia de militares simpatizantes de los nazis en las redes sociales. La preocupación por esta tendencia ha llevado a la organización europea de asociaciones y sindicatos militares EUROMIL a celebrar la semana pasada un webinar para repasar los diferentes casos de implantación de núcleos de extrema derecha en los ejércitos y proponer posibles soluciones.

Mientras, en España, el líder de la ultraderecha se jacta de llevar consigo una pistola, se multiplican las cartas anónimas con amenazas y balas en su interior dirigidas a políticos, sobre todo de izquierdas, se hacen simulacros de fusilamiento a dirigentes socialistas y comunistas, se venden camisetas animando a asesinatos, militares en activo participan en eventos y cánticos neonazis y se criminaliza a los inmigrantes sin papeles, en especial a los más pobres y desprotegidos como son los menores no acompañados. Todo esto me lleva a pensar que las políticas de apaciguamiento de los responsables de Interior y Defensa (ya desde hace décadas) y las medidas de paños calientes ante estos problemas nos darán probablemente algún disgusto que otro sin que pase mucho tiempo. Ojalá me equivoque.