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¡Insostenible!

La reforma de la estiba: ¿una oportunidad perdida?

Julián Maganto Publicada 09/06/2017 a las 06:00 Actualizada 17/06/2017 a las 14:07    
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Contenedores en el puerto

Contenedores en el puerto.

E.P.
Después del intento fallido del mes de marzo, el pasado jueves 18 de mayo el gobierno consiguió convalidar en el Parlamento el Real Decreto-ley 8/2017 de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052). Dicho en roman paladino, resolvió, aparentemente, el llamado problema de la estiba. Esto fue posible sumando a los votos favorables de su partido, socios autonómicos (UPN y Foro Asturias) y Coalición Canaria, los de Ciudadanos y PNV, así como pactando la abstención de PDeCAT.

Si la Comisión da por buena esta modificación (y parece ser que sí), España evitaría una sanción de 135.000 euros diarios que estaba próxima a producirse, aunque no la ya acumulada desde la sentencia, de 24 millones de euros.

El análisis de las consecuencias de esta adaptación normativa resulta complejo, máxime cuando queda pendiente complementarla con la aprobación de un Real Decreto, a petición de patronal y sindicatos, que desarrolle normativamente la reforma del sector de la estiba y sus aspectos laborales. En ese Real Decreto pendiente, cuyo contenido dependerá en gran medida de las negociaciones en curso, se despejarán incógnitas y dudas sobre el verdadero alcance de la reforma.

No obstante, se puede hacer una primera valoración sobre lo ya aprobado y las interpretaciones de los distintos actores. El gobierno no esconde su satisfacción, considerando que ha cumplido con su obligación e insta a los agentes sociales a que cierren los acuerdos necesarios. Los sindicatos consideran que este texto es mejor que el anterior presentado por el gobierno (y lo es para ellos), pero que no resuelve la garantía del empleo a todos los estibadores y por ello convocó huelgas durante ocho días en horas alternas, aunque dejando en suspenso los cuatro primeros para facilitar la negociación, que les urge. La patronal ANESCO parece dividida y la cree complicada, especialmente en cuanto a la subrogación de los trabajadores se refiere. Se negocia, se cede, se acuerda. Se resuelve un problema importante con el menor conflicto posible. La escenografía es perfecta.

Pero debajo de esta aproximación epidérmica, subyacen aspectos que evidencian que el gobierno no ha aprovechado la oportunidad de optar por la solución que este sector necesitaba hace mucho tiempo para que las infraestructuras de nuestros puertos puedan aportar el máximo valor al comercio y la economía del país.

Dejando aparte dogmatismos y mensajes para influir en la opinión pública, cualquier conocedor de la actividad portuaria sabe que el problema de la estiba se ha articulado sobre cuatro pilares: la endogamia familiar y clientelar de los pools de estibadores, su férreo control de la formación y el acceso a ella,  la falta de flexibilidad del colectivo para adaptar sus métodos de trabajo a las necesidades del verdadero cliente, el buque y la mercancía, y el más importante: la opacidad del sector, consecuencia de la aparentemente contradictoria relación entre los sindicatos y las empresas  prestadoras del servicio, que trasladan el coste a  la cadena de valor y que dificulta en muchas ocasiones que el cliente final, sobre todo si no es una gran corporación, disfrute de un servicio de la máxima eficiencia.

Ninguna de esas deficiencias que lastran la competitividad de nuestra economía se han resuelto con el Real Decreto-ley e incluso alguna ha empeorado como volver a introducir en el ámbito funcional el embarque y desembarque de vehículos sin matricular, lo que penaliza al sector exportador automovilístico. El gobierno no ha intentado siquiera buscar una solución que, cumpliendo los términos de la sentencia, corrigiera los defectos del sistema respetando los derechos adquiridos por los estibadores actuales. Los sindicatos han seguido el señuelo del control de la formación y el acceso a la profesión, confiando en su fuerza para imponer también la subrogación, mientras aceptan un ridículo periodo transitorio de tres años que. más pronto que tarde, les llevará inexorablemente a la precarización salvo que el Estado, una vez más, acuda al rescate.

También es importante (y poco justificable) el coste monetario que para todos los españoles va a tener esta reforma fallida. La modificación del cupo vasco (también ligada a la aprobación de los PGE de 2017) y la ya citada que afecta al sector del automóvil, pactadas con PNV y PDeCAT para conseguir la convalidación; la obligación para las Autoridades Portuarias de asumir íntegramente los pasivos sociales que puedan producirse por despidos, que deberían corresponder a las empresas; las jubilaciones voluntarias anticipadas, de las que también se hace cargo el Estado; la resignación del gobierno dando casi por inevitable el pago de la multa ya generada; o la ya citada posible solución a la subrogación de los trabajadores que se adopte, hacen que el monto total sea impredecible y, en cualquier caso, de muchos cientos de millones de euros.

Todo eso lo van a pagar pequeñas y medianas empresas importadoras y exportadoras, trabajadores de otros sectores, gente corriente, muchos de los cuales no sabían que existía este sector, mientras que los actores conservan su estatus, al menos de momento, o aumentan sus beneficios.

El partido no ha acabado. Las empresas o al menos parte de ellas, no aceptan la subrogación y los sindicatos irán a la huelga esta semana y preavisan para las dos siguientes. Ambos piden que el gobierno intervenga. Más dinero en cualquiera de los casos. Más dinero de todos.

Y ya en el campo de las predicciones subjetivas, puede que dentro de poco oigamos hablar de la perentoria necesidad de un cambio de gobernanza en nuestros puertos, antesala de su destitularización y privatización.

 
* Julián Maganto es economista e ingeniero civil


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4 Comentarios
  • Er Pp Er Pp 10/06/17 11:46

    Hay mucho a repartir en la privatización de la estiba. Lo demás accesorio.
    .Tienen que adaptarse,, creo que son conscientes y están por ello.
    Ánimo.

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  • Irenepaz Irenepaz 09/06/17 20:59

    Este articulo me hace conocer mas del conflicto que este desgobierno ha generado, y siempre pagamos los mismos.

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  • Delgiot Delgiot 09/06/17 11:51

    Ni una sola referencia a JPMorgan, ni a Cosco, ni a los lobbies que actúan en Europa en favor de estas grandes compañias para operar en los puertos europeos... creo que sería importante haber añadido que, justo tras la aprobación de la reforma de la estiba, JPMorgan vendiera parte de Noatum Ports (concesionaria de terminales de los Puertos del Estado) a Cosco, uno de los más grandes operadores chinos.

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  • Sancho Sancho 09/06/17 01:02

    ¿Pero por qué siempre os fijáis en los que tienen una situación estable y no en los que no las tienen? ¿Es que no existen multitud de colectivos que se llevan mucho más dinero "de todos", como dices...¡son trabajadores! ¿Me vas a decir que es el único colectivo en el que existen muchos miembros de la misma familia¿ Se habló durante un tiempo del embrollo que había en el Tribunal de CUENTAS, SE DEJÓ, PASAR, se habla de los chollos del rey, ¡es el rey! pero la cohorte  de mamones tampoco deja de pillar del dinero "de todos"...¿Y qué me dices de los Notarios? Y así podríamos seguir hasta hartarnos nombrando los tantos colectivos que desde luego no creo que realicen un trabajo como el de los estibadores, ni por supuesto vengan de años y años de miseria de los que nadie se hace eco...Vamos a dejar de engañar a los que quieren ser engañados...Que este es el país de los ladrones, del país de los padres de la patria que están en Política mientras que cobran de los sillones de los consejos de administración, de las puertas giratorias...¿Por qué os jode tanto ver a trabajadores con sueldos dignos y no de miseria? No os da un poquito de vergüenza que no se os escuche ni una sola palabra en el sentido de igualar por arriba a los trabajadores con sueldos miserables que tan poco tienen que ver con una sociedad justa, con una democracia? ¿Ese no es un asunto "de todos"? Menos demagogia, hombre. Suele ocurrir que los que tanto hablan así tienen por lo general unos buenos sueldos y una situación económica más que holgada...¡Qué gracioso! ¿Seguimos fomentando una sociedad de trabajadores con sueldos de pena y otra parte de privilegiados que viven de puta madre a costa de los demás? ¡Eso es a lo que me suenan ciertas recetas y consejos! 

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