Buzón de Voz

Corinna y las cloacas del Estado

Deberíamos haber aprendido algo. Como pueblo. Despreciar por completo el llamado régimen del 78 es injusto y prepotente. Negar los miedos, presiones, condicionantes, agujeros negros e intereses concretos que marcaron la transición de la dictadura a la democracia es tan falaz como empeñarse en que esa transición fue modélica y pacífica (repasen aquí la violencia soportada). Mirar con los ojos de hoy las decisiones de hace cuarenta años es también garantía de distorsión de la realidad. Nuestro problema no es tanto lo que se hizo (lo que se pudo hacer) en la transición sino lo que no se hizo después: los problemas enquistados, los silencios cómplices, las adulaciones bien pagadas, la desmemoria por decreto, el poder concebido como cortijo particular. Todo ese mirar para otro lado es lo que fue socavando el crédito democrático e institucional desde el 23-F, hasta que en un momento dado (que podría situarse en el 15-M) explosionó el hartazgo colectivo. Y ahora corremos riesgos similares cuando escuchamos el sonoro y patético silencio institucional ante el escándalo de las grabaciones a Corinna zu Sayn-Wittgenstein publicadas por El Español y OKdiarioEl EspañolOKdiario, las acusaciones explícitas al rey emérito y la evidencia de que las cloacas del Estado han funcionado a pleno rendimiento desde el franquismo hasta hoy.

Leer y escuchar a una “amiga entrañable” del padre del rey de España el relato detallado de cómo el entonces jefe del Estado habría exigido comisiones millonarias por los contratos de empresas españolas para la construcción del AVE a La Meca; o de cómo habría utilizado a testaferros para efectuar ingresos millonarios en Suiza; o de cómo el mismísimo jefe de los servicios de inteligencia españoles habría amenazado de muerte a Corinna si desvelaba lo que sabía de Juan Carlos de Borbón… es sumergirse en el alcantarillado de un sistema corrupto. No se trata sólo de quienes extraían recursos públicos para sus bolsillos o los de sus amigos y cómplices, sino de todos aquellos que conocían los negocios en torno a la Corona y preferían desviar la mirada y silbar con la excusa de no perjudicar a la Marca España.

No se trata sólo de justicia, que también. “De haber tenido la información que tenemos hoy, habría llamado a Corinna como testigo”, ha reconocido a infoLibre José Castro, el juez instructor del caso Nóos, al saber que la aristócrata alemana dice haber sido testigo de cómo el exmonarca pedía contratos para la sociedad dirigida por su yerno, hoy en prisión. Se trata sobre todo de credibilidad democrática. Para fortalecer el sistema no basta con sustituir el bipartidismo por el cuatripartidismo. Un parlamento fraccionado es una consecuencia más del citado descrédito institucional, que no afecta sólo a la política sino al sistema judicial, a los oligopolios de las grandes empresas o al ecosistema mediático, contaminado hasta el cuello por la pestilencia de esas mismas cloacas.

Es un enorme ejercicio de hipocresía escandalizarse ahora por unas grabaciones que ven la luz cuando un excomisario de Policía encarcelado decide que le interesa soltar unas cuantas miguitas (incluso hogazas enteras) para poner de los nervios a supuestos guardianes del sistema. Ante unas filtraciones evidentemente interesadas cabe hacerse (o hacernos) algunas preguntas:

 

  • ¿Cómo es posible que no cayera fulminado el gobierno de Rajoy cuando se descubrió que su ministro del Interior Jorge Fernández Díaz impulsó una operación de seguimiento y espionaje de rivales políticos en Cataluña? En las grabaciones desveladas entonces por el diario Público llegaba a escucharse al ministro incluso decir que Rajoy estaba “informado”.

 

  • ¿Cómo es posible que ese mismo Gobierno consintiera (y utilizara) una guerra encarnizada entre responsables policiales que llegó incluso a los juzgados y en la que asomaba el uso de recursos públicos para resolver vendettas particulares y disputas de poder?

 

  • ¿Cómo es posible que el hoy excomisario José Manuel Villarejo campara a sus anchas durante décadas, con gobiernos del PSOE y del PP, con Rubalcaba y con Fernández Díaz, al mando de todo tipo de operaciones secretas al tiempo que acumulaba un patrimonio empresarial incomprensible en un funcionario público?
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  • ¿Cómo es posible que durante treinta años funcionara una puerta giratoria que comunicaba directamente el ministerio del Interior con grandes empresas españolas, de modo que ilustres comisarios muy condecorados pasaban a dirigir la seguridad de esas grandes empresas con emolumentos disparatados?

 

  • ¿Cuántas grabaciones, dosieres personales, operaciones de espionaje realizadas con recursos públicos han servido o aún están pendientes de ser utilizadas para chantajear o condicionar decisiones políticas, económicas, financieras o periodísticas?

Se puede (y se debe) encarcelar a Villarejo, al Gordo y al flaco a la luz de tantos indicios de que han delinquido precisamente los encargados de hacer cumplir la ley. Pero no es sostenible el espeso silencio institucional de quienes pretenden seguir dando largas o esquivando acusaciones tan graves como si fueran simples cotilleos de alcoba. Todavía seguimos esperando una explicación transparente de la Casa del Rey sobre aquella cuenta millonaria que Juan Carlos I heredó de su padre en Suiza. Y a partir de ahí, continuamos a la espera de detalles sobre la cuenta Soleado, la Obispado y otras tramas que conectan la Gürtel con el caso Corinna como cañerías de un mismo sistema corrupto. La inviolabilidad absoluta del Jefe del Estado fue uno de esos errores flagrantes de nuestra “modélica” transición. La “chapuza” jurídica que envolvió la abdicación del rey emérito (en palabras del entonces presidente del Congreso Jesús Posada) no debería desembocar en otra amnesia colectiva. Es imposible dar credibilidad a una segunda transición si se mantiene el alcantarillado de la primera y el hedor que aún despide.

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