Buzón de Voz

Seis motivos (más) para el hartazgo

Amanece (que no es poco). Pero vivimos tiempos en que un amanecer nos sorprende con todos los focos apuntando al Supremo y a las pocas horas se desvían hacia el Gobierno, Cospedal, el excomisario Villarejo o un experto en tiro olímpico decidido a asesinar a Pedro Sánchez. A Dennis Lehane no se le ocurriría un guion tan retorcido. Cuesta desgranar lo que de verdad importa en cada uno de esos estallidos, pero al menos debemos hacer el esfuerzo de no permitir que se instalen medias verdades o falsedades completas. Repasemos seis ejemplos calientes (al cierre de esta edición, como se decía en el siglo anterior).

1.- El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se ha permitido instar “al Gobierno y al Parlamento a clarificar la legislación hipotecaria”. Se veía venir (pinche aquí). Pero además el señor Lesmes ha justificado el escándalo provocado por su protegido Luis María Díez-Picazo, responsable de la Sala de lo Contencioso, con la siguiente sentencia: “Estas son las reglas de juego en nuestro Estado de Derecho y en nuestra democracia”. Y en este punto dan ganas de gritar: ¡Mentira! Una democracia digna de tal nombre precisa de un sistema judicial que además de ser independiente ofrezca una escrupulosa apariencia de imparcialidad. Exactamente lo contrario de lo ocurrido con el asunto del impuesto sobre las hipotecas. Que a Lesmes le queden solo unas semanas para cumplir su mandato no es óbice para exigirle que asuma la máxima responsabilidad que le corresponde en la desastrosa gobernanza del Supremo. Cada día que Díez-Picazo sigue en el puesto al que lo elevó su benefactor Lesmes supone a su vez una sonora bofetada a la Justicia en general, a honorables magistrados y magistradas en particular y a toda la ciudadanía votante y contribuyente.

2.- El Gobierno ha hecho lo único que podía y debía hacer para resolver el desaguisado y garantizar la seguridad jurídica. Desde este mismo lunes, será la banca quien pague el hoy tan famoso como hasta hace tres semanas casi desconocido impuesto sobre actos jurídicos documentados. Y la normativa que se someterá a convalidación parlamentaria impedirá además que los bancos se deduzcan ese gasto en el impuesto de sociedades. Todo el mundo da por hecho que finalmente ese nuevo cargo para las entidades financieras se trasladará a los clientes por una y otra vía. Cosa tan probable (no a corto pero sí a medio plazo) como significativa del problema de fondo: ¿tenemos o no tenemos una economía de libre mercado? Si es así, la libre competencia debería imponerse frente a cualquier tipo de concertación que permita a bancos y empresas pactar precios. Se crea una nueva ‘autoridad’ para vigilar especialmente a los bancos, y uno se pregunta si no es esa una función esencial de la Comisión de la Competencia y una de las misiones del Banco de España. Sinceramente: sobra alguna dosis de gesticulación política y falta una batalla nítida y contundente para que en este país todas las grandes empresas (sean bancos, petroleras, tecnológicas o grandes superficies) paguen por impuesto de sociedades lo que les corresponde, sin subterfugios ni ingenierías fiscales.

3.- La reacción del Ejecutivo ha sido ágil y hábil políticamente, condicionada claramente por el anuncio de Unidos Podemos de la convocatoria de una movilización popular este mismo sábado a las puertas del Supremo. Hace tiempo que la indignación contabiliza en las urnas, y surge una dura competencia por encauzarla. Lo curioso en este caso es la rapidez con la que otros partidos, especialmente Ciudadanos, critica la reacción de Podemos y la define como antidemocrática por la “presión” que supone sobre la justicia. ¿Cómo habrá que definir entonces la movilización que promueve Rivera contra hipotéticos y futuribles indultos a los ni siquiera juzgados presos independentistas?

4.- Este jueves hemos conocido a través del diario Público que los Mossos detuvieron hace casi un mes a un individuo que pretendía asesinar al presidente Pedro Sánchez, “un rojo de mierda”, por la decisión de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. El partido ultraderechista Vox se ha apresurado a marcar distancias con este tipo, desvelando que fue precisamente una coordinadora local de Vox quien dio la voz de alarma al observar que la cosa iba en serio, puesto que el detenido buscaba apoyos logísticos a través del grupo privado de Wahatsapp que compartían. Conviene alertar también de alguna obviedad: además de sacar pecho por la denuncia, Vox debería hacerse mirar que el presunto aspirante a autor de un magnicidio no confiaba lógicamente en un chat “de rojos de mierda” sino en uno en el que participaban militantes suyos. Pero sobre todo resulta llamativo que el detenido es un experto tirador olímpico al que se han intervenido 16 armas de fuego, algunas sofisticadas y manipuladas por él mismo. El máximo dirigente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido reiteradamente la legalización de armas de fuego, en línea con Estados Unidos o con lo que pretenden los ultras italianos. El propio Abascal ha presumido de llevar siempre encima una pistola Smith&Wesson. ¿En serio es de recibo ese planteamiento cuando vemos factible que un experto en seguridad con supuestos antecedentes de problemas psicológicos pueda tener en casa un arsenal y estar dispuesto a usarlo para matar a un presidente del Gobierno?

5.- También hemos sabido este jueves que el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea investiga si el Ministerio del Interior bajo mando de Jorge Fernández Díaz sobornó al chófer de Luis Bárcenas a cargo de los fondos reservados para que recuperase documentos y grabaciones comprometedoras para distintos dirigentes del PP. El asunto arruina en cuestión de horas la pretensión de Pablo Casado de romper con toda la era Rajoy marcando distancias claras con Cospedal, a cuyo apoyo debe precisamente el liderazgo. La sombra de estos oscuros cipreses es muy, muy alargada. Tanto que se solapa con aquellas otras grabaciones en las que el ministro Fernández Díaz también encargaba operaciones pagadas con dinero público contra adversarios políticos. Al cierre de esta edición, el exministro sigue presidiendo la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados.

6.- La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha vuelto a poner fecha a la exhumación de Franco: “El año 2019 arrancará sin contar España con un dictador que pueda ser enaltecido en un lugar público”. Lo ha hecho un día después de que Pedro Sánchez se comprometiera simplemente a cumplir lo decidido “en 2019”. ¿Es necesario seguir arriesgando la generación de frustraciones en la opinión pública después de no haber podido cumplir las fechas anunciadas previamente? Lo que importa de una vez por todas es demostrar rigor y firmeza en la ejecución de un mandato que ya cuenta con amplio respaldo parlamentario, y superar con un escrupuloso respeto a la legalidad los obstáculos que ponen la familia, la Iglesia, el PP y los grupos fascistas que aún actúan en España bajo paraguas de fundaciones o asociaciones diversas. Dejen ya de pronosticar fechas. Hágase el traslado en cuanto sea factible sin permitir la burla de que simplemente asistamos a un cambio de mausoleo.

Ahora que tanto debatimos, analizamos y advertimos de los riesgos que corre la democracia en el mundo, procede insistir en un elemento fundamental para frenar a esos movimientos populistas, ultraderechistas y xenófobos: son las principales instituciones democráticas las primeras obligadas a no regalar excusas que engorden a esas peligrosas opciones. El descrédito de la Justicia, el hedor de las cloacas del Estado o el trato al adversario político como si fuera un enemigo a destruir tienen consecuencias. Empiecen por no ofender la inteligencia de votantes y contribuyentes.

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