Repetir errores ya cometidos

En Cataluña, todos hemos cometido algún error en estos últimos años. El llamado procés ha provocado una enrevesada mezcla de diferentes situaciones cruzadas, desde las decisiones tomadas por los dirigentes políticos hasta la irracionalidad extendida en amplios sectores de la sociedad. El conflicto ha llegado a separar familias y grupos de amigos y a desatar sentimientos incómodos de sobrellevar hasta en quienes hemos observado el fenómeno desde la distancia. En algunos momentos, reconozco haberme visto sobrepasado por estados de ánimo que me ha costado reconocer como propios. Hoy tenemos una gran ventaja respecto a hace dos años. Todas las manifiestas equivocaciones que se produjeron deberían haberse asimilado. No sería admisible volver a errar en las mismas situaciones.

Vivimos en una democracia reconocida y respetada internacionalmente. Quien piense lo contrario tiene tanto derecho a pensarlo como seguro es el hecho de que está totalmente equivocado. Otra cuestión diferente es que alguien pueda no estar de acuerdo con alguna legislación concreta. La democracia admite la diferencia de opiniones y, a la vez, impone mediante la ley la voluntad mayoritaria de la sociedad. Las leyes no son injustas. Lo que sería injusto, en un caso concreto, es la voluntad mayoritaria de la sociedad que la respalda. Por tanto, una primera conclusión que deberíamos haber aprendido es que no cabe admitir la desobediencia ante la ley como opción democrática. A no ser que estemos dispuestos a aceptar las consecuencias que esa desobediencia conlleve.

Es una completa contradicción que una formación política proponga la desobediencia civil a la aplicación de una ley aprobada democráticamente. Si algún partido no está conforme con alguna medida legal tiene que conseguir el apoyo mayoritario de la sociedad para modificarla. Mientras tanto, debe acatarla o en caso de incumplimiento asumir las consecuencias establecidas. No tiene mucho sentido protestar porque ocurra lo que legalmente hemos acordado que se produzca en el caso de que alguien se salte la ley. La normativa legal es el resultado del acuerdo en una sociedad democrática y por eso en insoslayable. Quebrar las leyes no tiene otra lectura que no sea la del intento de pasar por encima de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.

La posición de los partidos contrarios a la segregación del territorio catalán mantiene puntos en común y algunas significativas discrepancias. Hace dos años, el gobierno presidido por Mariano Rajoy cometió uno de los más graves errores de nuestra historia reciente. La desafortunada represión llevada a cabo el 1 de octubre ha pasado a la posterioridad como un completo desatino. Sólo sirvió de justificación del movimiento secesionista y para reforzar su posición dentro de España y ante el exterior. La conclusión parece evidente: cualquier iniciativa en caso de conflicto político y social debe aceptar la mesura como norma.

De cara a lo que pueda ocurrir en los próximos días, sería deseable que quienes deseen manifestar su discrepancia con una sentencia judicial puedan hacerlo sin problema alguno. El deber de la administración pública es facilitar que así sea. Igualmente, esa misma autoridad tiene la delicada función de impedir que la protesta vaya más allá del puro ejercicio de la libertad de expresión. Evitar cualquier exceso exige que se haga de forma controlada y que no conlleve la reactivación de un conflicto más que conocido.

La coincidencia en el tiempo de la sentencia de los responsables del procés con la precampaña electoral no ayuda al mantenimiento de la sensatez. La condena que el Tribunal Supremo vaya a imponer a los procesados va a tener evidentes consecuencias políticas. Simultáneamente, los partidos viven concentrados en desarrollar sus estrategias de propaganda cara a las próximas elecciones. Parece imposible separar ambos sucesos y, sin embargo, resulta fundamental que sean capaces de hacerlo. La tentación de conseguir votos aprovechando una etapa de agitación colectiva como la actual está presente. Sería deseable que entre todos fuéramos capaces de rechazar esa detestable actitud. No se trata de imponer a todos una uniformidad de criterio que pase por encima de la diversidad de opiniones que puedan existir. Nadie puede exigir unanimidad, pero sí la aceptación de las posiciones mayoritariamente acordadas. Es la mejor forma de evitar la confrontación y el desatino.

El gobierno socialista en funciones tiene ante sí un complicado reto a la hora de gestionar lo que se nos viene encima. El resto de las formaciones políticas españolas también pasa examen. Lo mismo ocurre con las fuerzas independentistas en Cataluña. Finalmente, todos y cada uno de los ciudadanos nos enfrentamos a la gestión de un momento delicado de nuestra historia. Siempre cabe la posibilidad de errar a la hora de entender situaciones desconocidas. Lo que no resulta admisible es recaer en errores ya cometidos hace no mucho tiempo. Apliquemos esta vez la sensatez, la mesura y el respeto a la ley. Luchemos contra la confrontación, la sinrazón y el disparate. En esa curva ya nos accidentamos hace dos años.