El mar presenta sus escrituras: emergencia climática y caos urbanístico en la costa

Este año, como todos, se vuelven a suceder temporales en la costa. Esta vez asociados a las inundaciones y tormentas de este invierno. Las impactantes imágenes de la “desaparición” del delta del Ebro son muy reveladoras del estado en el que estamos.

Se repiten, por ejemplo, las de 2017, donde en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Galicia, Asturias, las islas Baleares, Cádiz, Málaga y Huelva hubo importantes temporales en la costa, con precipitaciones y vientos que llegaron hasta los 170 litros/m2 y los 130km/hora, respectivamente. Las noticias se sucedieron por todo el litoral. La costa de Cullera fue arrasada por un temporal que engulló una playa, el temporal se extendió por cinco provincias...

Este año ya han muerto 11 personas tan solo por la tormenta Gloria. Y todavía queda temporada. La coincidencia de las inundaciones con los temporales en la costa origina un gran riesgo sobre la población. En uno de los últimos informes del Observatorio de Sostenibilidad se cifraban en casi un millón las personas que viven en zonas de inundación recurrente.

Los ciudadanos, desde hace décadas, se afanan en vivir lo más cerca del mar que se puede —muchas veces ocupando un bien común—. Los promotores se lo ofrecen, mientras los registradores y notarios justifican compras inverosímiles. Todos  invocan la "seguridad jurídica" para intentar demostrar lo imposible, además, últimamente, incluso como garantía de recuperación económica... Mientras la administración, en muchas ocasiones,  mira hacia otro lado. Y el mar, el único agente predecible, sigue con sus ciclos de docenas, cientos, miles de años, y demuestra con su inexorable paciencia y constancia dos grandes regularidades: por una parte, la línea de costa se mueve y, por otra, hay ya efectos del cambio climático. Esto, que nos puede parecer una exageración, queda plenamente demostrado y constatable con las imágenes que estamos viendo estos días en la televisión. Es evidente que los derechos de los propietarios, tanto nacionales como, sobre todo, extranjeros,  sobre “sus” propiedades en la línea de costa no pueden tener garantizada su seguridad jurídica.

Los ciclos del mar implican costas que se erosionan y otras en las que se depositan los materiales. Esta línea se mueve, y mucho. Además, ningún experto duda sobre el cambio climático y lo que va suponer sobre la costa: incremento del nivel del mar, cambios en las líneas de oleajes,  aumento de intensidad y frecuencias de tormentas y temporales… En informes de la administración, como los realizados por la AEVAL en su día, ya se hablaba de estos riesgos.

Zonas que se determinaron de alto riesgo de inundaciones en el informe Población en riesgo de inundaciones y que ya se han inundado. Fuente: Observatorio de Sostenibilidad.

En la imagen del principio, tomada en la costa pacífica de Costa Rica en el año 2008, se observa cómo algunos propietarios edificaron demasiado cerca del mar, haciendo uso de títulos de propiedad —seguramente legales— que no valieron absolutamente para nada, como tampoco el Estado pudo hacer nada para salvar a estos propietarios. Hoy, y los próximos años, se activará el debate de si el Estado debe aplicar sus escasos recursos para salvar a estos “privilegiados” propietarios.

En la costa española ha habido demasiada especulación y falta de criterios científicos en la planificación que nos han llevado al estado actual. Zonas muy construidas demasiado cerca del mar, con datos tales como que durante los últimos 18 años, en los primeros 500 metros, se han destruido el equivalente a dos campos de fútbol al día, invadiendo desembocaduras de ríos, dunas, zonas húmedas, zonas inundables, etc. Mientras los planes urbanísticos ignoraban la realidad, disminuyendo los suelos protegidos año tras año. Algunos estudios han detallado este hecho, como los de Greenpeace en la serie Destrucción a toda costa e, incluso, con  análisis municipio a municipio; o en el año 2016, con el informe del Observatorio de la Sostenibilidad sobre cambios de ocupación del suelo en la costa. Pero, además, hay estudios internacionales que avalan los mismos resultados. Es decir, nada nuevo que no supieran los políticos o la gente que vive en las costas. Otra cuestión es por qué no se hizo nada.

Las imágenes de este 2020 pueden servir como “lección aprendida” para otros años y otras costas donde no haya sucedido nada este año por el momento. Y, también, para empezar a aplicar medidas sin retraso en nuestras costas, donde se ha edificado o permitido campings en ramblas o edificaciones en primerísima línea de mar sobre zonas inundables y que, con ciclos inexorables, cada cierto número de años, volverán a ser mar. En esta costa —lo sabemos todos— la codicia, por un lado, y la ignorancia de numerosos promotores, propietarios, responsables municipales, por otro, unido a la falta de reglas claras, bien vigiladas y sancionadas, han permitido numerosas edificaciones y propiedades que no solo incumplen la Ley de Costas, sino la propia ley natural, que va a ser mucho más difícil de saltarse. Luego, vendrán los lamentos.

La emergencia climática en cifras: España podría perder más de 8.000 millones de euros del PIB

Ver más

La Ley de Costas del año 2013 permitió la construcción todavía más cerca del mar y el indulto de 13 núcleos, alguno de los cuales —como Oliva— está sufriendo graves daños. ¿Quién paga ahora la factura? ¿Y con los otros núcleos indultados? ¿Reponemos todos los paseos marítimos como si no hubiera pasado nada? ¿Seguimos haciéndonos trampas en el solitario? Era cuestión de tiempo que el mar siguiera pidiendo sus escrituras.

Alguna iniciativa positiva, como el Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde en el Litoral-PATIVEL, que proponía un análisis en profundidad del litoral en la franja de 2.000 metros y una ordenación de usos y actividades para suelos de elevada importancia estratégica para la sostenibilidad del territorio, limitando actuaciones urbanísticas y preservando las ventanas al mar o zonas de protección litoral, si se extendiera y se aplicara, podría suponer una buena iniciativa.

Sin duda, la declaración y, sobre todo, la situación de emergencia climática, deberían de obligar a una evaluación de las zonas de costa para ver cuáles deben de empezar a abandonarse para conseguir un futuro más sostenible en este ecosistema tan estratégico y, a la vez, tan amenazado.