El 'panorama devastador' de las cloacas

A día de hoy, existen más indicios sobre el funcionamiento durante años de una mafia político-policial-empresarial en España que sobre la influencia de la subida del salario mínimo en la destrucción de empleo (ver aquí). Probablemente a algún lector le sorprenda esa comparación, o le resultará demagógica. Lo respeto, pero más me asombra a mí (o ya no) que ninguno de los periódicos nacionales de papel llevara a sus portadas una sola mención de lo que se escuchó este último martes en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional (ver aquí).

Declaraba allí Eugenio Pino, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía entre los años 2012 y 2016, como imputado en la macrocausa que investiga los numerosos delitos de extorsión, corrupción o espionaje ilegal que se le atribuyen al excomisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde hace dos años. Y Pino explicó con mucho detalle que en 2015 intentó destituir a Villarejo por la guerra interna que éste mantenía con otro comisario (disputa que también llegó a los tribunales) pero que no pudo ejecutar el cese porque el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le advirtió que el mismísimo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le había indicado que trasladara a Pino un reproche nítido: “Lo estás tratando mal” (a Villarejo). El efecto de aquella supuesta advertencia o intermediación es comprobable: Villarejo continuó actuando, mientras Marcelino Martín-Blas, el comisario-enemigo entonces al frente de Asuntos Internos, sufrió un cambio de destino.

Es la primera vez que en sede judicial un alto mando del equipo policial de máxima confianza del ministro Fernández Díaz señala a Mariano Rajoy como protector de Villarejo. Cabe la duda de si Pino introduce esa “maldad” como pura táctica de defensa, en beneficio propio y/o de su amigo y excompañero encarcelado. Habrá que comprobarlo a lo largo del complejo procedimiento penal que incluye múltiples piezas referidas a distintas operaciones delictivas, desde la Operación Kitchen para intentar robar los papeles de Bárcenas con la contabilidad B del PP hasta los trabajos pagados por el BBVA para torpedear un cambio en el consejo de administración del banco mediante espionaje ilegal a políticos socialistas, empresarios y periodistas (ver aquí).

Pero de momento existe ese testimonio en sede judicial que en pura lógica debería conducir como mínimo a un careo entre Pino y su exjefe Fernández Díaz, a quien adjudica el excomisario lo que sólo puede calificarse como una presión en favor de Villarejo desde la presidencia del Gobierno. ¿Es suficiente para que el juez dé nuevos pasos en el escalafón político hacia arriba? Por el momento, el último imputado en la causa es Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad y por tanto número dos del ministro del Interior en aquellas fechas. Se negó el viernes pasado a declarar ante el magistrado de la Audiencia Nacional (ver aquí).

Una cosa es la valoración de los indicios que pueden o no convertirse en pruebas de carácter judicial y otra la composición que uno puede hacerse sobre responsabilidades políticas en el funcionamiento de las llamadas cloacas del Estado. Lo innegable es que la revelación de Pino sobre Rajoy conecta con al menos dos conversaciones que todos hemos podido escuchar. En la primera (desvelada por Público en 2016), el propio Fernández Díaz le decía al responsable de la Agencia Antifraude de Cataluña: “El presidente del Gobierno lo sabe”, en referencia a la campaña para desprestigiar con acusaciones falsas a dirigentes políticos independentistas. Conviene recordar que el responsable de la llamada Policía patriótica o Policía política encargada de esa Operación Cataluña era precisamente el DAO Eugenio Pino. En otra grabación, publicada por El Confidencial y Moncloa.com el año pasado (ver aquí), puede escucharse a quien fuera jefe de Gabinete de Pino, el inspector José Ángel Fuentes Gago, asegurar a un exministro de Hugo Chávez que actuaba por “mandato” del ministro del Interior con el conocimiento de Rajoy para recabar datos que permitieran montar una acusación contra Podemos por haber recibido más de 7 millones de euros del Gobierno venezolano. Pese a la insistencia permanente de medios como Okdiario, los tribunales han rechazado una y otra vez dichas acusaciones (ver aquí).

¿Alguien imagina a un miembro del Gabinete de Trump, o de Macron o de Merkel, afirmando que el máximo responsable político del Estado estaba al corriente de prácticas ilegales cometidas con recursos públicos? ¿Qué ocurriría si se escuchara al director del FBI afirmar en un juzgado que el presidente actuó como protector de un agente encarcelado por los más graves delitos? Por menos que todo eso afronta ahora mismo Trump un proceso de impeachment. Sin ir tan lejos, por compartir como fiscal mesa y mantel con Villarejo y realizar ante otros cargos policiales comentarios absolutamente impropios, ocupó Dolores Delgado decenas de portadas y tertulias en las que se exigió su cese como ministra de Justicia y se la ha descalificado como nueva fiscal general del Estado (ver aquí).

“Ha dejado usted un panorama devastador”, comentó el juez Manuel García Castellón al concluir la declaración de Eugenio Pino el pasado martes. Lo devastador para la calidad de la democracia sería permitir la impunidad de quienes, desde la política, la Policía o las élites económicas y empresariales han sostenido, protegido o alimentado el funcionamiento de mafias dedicadas a ejercer la guerra sucia para evitar la competencia legítima en la política, en la economía o en la banca, con la ayuda inestimable de terminales mediáticas que a día de hoy siguen predicando sobre ética periodística y practicando el innoble oficio de la desinformación, lo mismo da que se trate de Venezuela que de la subida del salario mínimo y sus efectos sobre el empleo.