Que no venga Dios y lo vea, basta con que venga un juez

El pasado pesa, aunque no haya básculas para medirlo. Peso sí sabemos que puede hacer de lastre y que su influencia en el territorio de la política llega a ser letal: o te libras de él, o el globo se estrella contra el suelo. En los cara a cara entre el líder del Partido Popular y el presidente del Gobierno, Pablo Casado suele decirle a su rival que no puede darle lecciones sobre la corrupción, y no miente: se las sabe todas porque a esas clases sí que fue, estaba allí, en el corazón del poder de su partido y una de dos, o admite que lo sabía todo o que no se entera de nada. Por lo general, quienes se ven en su situación optan por la segunda estrategia, y ese es el motivo de que una ministra no supiese que tenía un Jaguar en el garaje o una infanta no se hubiera dado cuenta de que vivía en un palacete. Bueno, eso y que, por lo visto, en España los matrimonios hablan poco y no se consultan nada.

Digan lo que digan, aquí la Justicia funciona, es independiente, sigue su curso y una vez que su engranaje ha comenzado a moverse no es fácil saltársela a la torera, por eso pueden acabar condenados y en prisión desde un miembro de la familia real hasta un todopoderoso vicepresidente, director del Fondo Monetario Internacional y jefe de Bankia, por poner dos ejemplos entre otros posibles. Así que lo que en las ruedas de prensa es muy fácil, en los juzgados resulta mucho menos probable, porque ahí decir digo donde se dijo Diego no sirve, ni hablar es gratis, hay que aportar documentación, pruebas y testigos. El día que desaparezca el agujero en la balanza que es la inmunidad, un fenómeno que en nuestro país beneficia a más cargos que en ninguna otra nación de nuestro entorno, la cosa irá todavía mucho mejor. En Estados Unidos y Alemania no existen los aforados. En Reino Unido lo es exclusivamente la reina. En Portugal e Italia, lo está el presidente de la República. En Francia, el Gobierno. En España hay casi doscientas cincuenta mil personas. Habrá quien argumente que si las fuerzas de seguridad, que si los jueces, las instituciones y demás, pero de eso también hay en el resto de los países. ¿O es que vamos por una autopista en la que todos los coches, menos el nuestro, vienen en dirección contraria y llevan al volante un conductor suicida?

Cuando les dejan, y cuando no también, aunque sea más despacio, los tribunales cumplen con su obligación, que es aplicar la ley. Por supuesto, se la puede obstaculizar, meterle palos en las ruedas o hacer maniobras de distracción, como hace en estos momentos la presidenta de la Comunidad de Madrid, que le dice a la Audiencia Nacional, donde se instruye el caso Púnica, que no ha podido localizar en sus archivos oficiales los documentos que le reclama el magistrado, con los que quiere seguir avanzando en su investigación sobre la mil veces supuesta financiación irregular de su partido en la capital y en la época de Esperanza Aguirre. Pero resulta que esos papeles “no constan ni como ingresados ni como existentes”.

A la vez, se ha desvelado que el Gobierno del PP gastó quinientos mil euros, procedentes de fondos reservados, para intentar proteger al partido de las inminentes denuncias con las que les amenazaba su tesorero cuando vio que iban a cargarle a él todo el muerto, y para cubrirse las espaldas dijo que revelaría detalles muy comprometedores del funcionamiento de la famosa caja b. La cadena SER, ahora, ofrece pruebas e indicios de que el ministro del Interior en aquellos momentos, Jorge Fernández Díaz, destinó ese medio millón de dinero público, entre los años 2013 y 2015, para inducir a la policía secreta a espiar a Luis Bárcenas y, en la medida de lo posible, a que hiciese desaparecer pruebas comprometedoras para ellos. Hay que ver con los patriotas de corneta, misa y banderín.

Si decimos que el brazo de la ley es largo es porque llega, incluso al pasado, y el del PP es oscuro, sobre todo el más reciente. La decepción que ha terminado de provocarle incluso a muchos de sus seguidores más fieles es de tal calibre que ha propiciado que salga la ultraderecha de las sombras, aunque sea financiándose con capitales procedentes del terrorismo iraní, dirigiendo chiringuitos de la propia Aguirre o comerciando con planos ilegales firmados por arquitectas falsas. Creen que todo lo taparán con la bandera, pero están equivocados, las acusaciones que tengan fundamento se probarán y van a tener que pagar sus facturas, tarde o temprano. Al menos eso es de lo que estamos convencidos quienes sí que creemos en nuestra justicia. En esta ocasión y en todas las demás. Cuando afecta e infecta a la derecha y cuando lo hace a la izquierda.

Lo peor, quizá, es tener la sospecha de que los cantos de sirena del poder enloquecen a los marineros, sobre todo que quieren llegar a almirante o capitán, y que una vez que lo prueban se hacen adictos y son capaces de lo que sea con tal de no bajarse del caballo ganador. Porque de lo que estamos hablando aquí es justo de eso, de recurrir a cualquier juego sucio o golpe bajo con tal de seguir en La Moncloa. Que venga Dios y lo vea, dicen las personas creyentes. Otros nos conformamos con que venga un juez.