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Lo público es mucho más que lo gubernamental

Publicada el 24/02/2020 a las 06:00

Hace unos días, la noticia de la destitución de Fernando Garea como director de la Agencia EFE generó un revuelo tanto entre los profesionales de los medios de comunicación como en buena parte de la opinión pública. Más allá del hecho en sí y de su pésima gestión por parte de Moncloa, como describe Ramón Lobo en este artículo, merece la pena detenerse en una de las frases que el propio Garea escribió en la carta dirigida a la redacción: "Una agencia pública no es una agencia del Gobierno", y añadió: "Como dice el Estatuto de la Redacción: «EFE es propiedad de la sociedad en su conjunto»".

El debate sobre cómo se relaciona lo público con lo gubernamental ha sido uno de los más vivos en las últimas décadas en las ciencias sociales por lo que su respuesta supone de concepción de la democracia y del papel que los gobiernos, la oposición y la sociedad civil juegan en ella. En España, como es obvio, el asunto está muy marcado por la historia reciente. Lo decía ya Subirats en 1999: "el tradicional alejamiento, extrañeidad, entre estructuras institucionales, sociedad política y sociedad civil, esa peculiar dependencia social del Estado que venía acompañada de una arraigada (y sin duda justificada) desconfianza de lo público, ha dejado secuelas en nuestra forma de entender el espacio de lo público, de lo civil, que no se han resuelto en el vigente periodo democrático".

Esas secuelas habitualmente se han dejado sentir en instituciones poco proclives a la participación, y su correlato, las debilidades de una sociedad civil poco propensa a implicarse en los asuntos públicos y con dificultades para crear un tejido ciudadano fuerte y cohesionado, pero no es la única consecuencia. La herencia de la dependencia social del Estado y de desconfianza en lo público va más allá, actúa también en la otra dirección, y se plasma en la permanente tentación de los gobiernos de ocupar de forma inequívoca y en solitario todos los espacios, incluso aquellos que para existir necesitan tener garantizada su independencia y estar sometidos al escrutinio de la pluralidad.

Es difícil encontrar ejemplos en los que gobiernos españoles hayan sabido discernir hasta dónde lanzar sus tentáculos y cómo comportarse en espacios de la administración pública que escapan a la pura y dura acción gubernamental. En España, entre otros, la Agencia EFE, RTVE y por supuesto el CIS. Una agencia de noticias al servicio de un gobierno, como decía Garea en su carta, no puede cumplir con los mínimos principios éticos de independencia exigibles a los medios de comunicación, exactamente igual que ocurre con RTVE (no es casualidad, por cierto, que la BBC, conocida y halagada por su independencia del gobierno de turno, sea foco de la ira de Boris Johnson). De la misma manera, entidades como el CIS podrán hacer su trabajo con éxito en la medida en que estén a salvo de cualquier injerencia, de lo contrario, los intereses de unos u otros contaminarán la investigación y por tanto, a la propia institución. Para garantizar esa independencia hay muchos instrumentos y bastante conocidos. Desde la elección de las personas responsables de estos entes por parte del Parlamento, como el propio Garea propuso en un documento en 2018 a todos los grupos políticos y como ha venido reivindicándose históricamente, hasta que existan órganos de control y transparencia con participación no sólo de la oposición, sino también de la sociedad civil.

Otra de las consecuencias de esta concepción de la administración como pertenencia exclusiva del gobierno de turno es un fenómeno llamativo – cuando menos– que la sociedad española ha normalizado sin aspavientos: la sustitución de altos cargos y cargos intermedios cada vez que cambia el gobierno. Los nuevos gestores desconfían de cualquiera que haya trabajado para un gobierno de otro signo y, por citar un ejemplo, llegan a relevar no solo a los directores de los hospitales públicos –que ya de por sí es altamente cuestionable– sino incluso a los responsables de sus laboratorios. Según el estudio de la OCDE Government at a Glance 2017, España es, junto a Turquía y Chile, el país que más cargos cambia con la llegada de un nuevo gobierno. Estos movimientos minan la confianza en una Administración que se entiende como propiedad del ejecutivo y no del conjunto de la sociedad, ponen en tela de juicio la solvencia técnica y la capacidad de muchos de sus gestores, y, como muestran Victor Lapuente y Carl Dahltröm en su trabajo Organizando el Leviatán (Deusto), favorecen fenómenos de corrupción.

El debate sobre la relación entre lo público y lo gubernamental no es nuevo ni sencillo, pero en España va siendo hora de empezar a superarlo sacudiendo las rémoras que dejaron otros tiempos. ¿No va a aportar nada en este sentido el primer Gobierno de coalición de nuestra democracia?

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5 Comentarios
  • Coronel Dax Coronel Dax 24/02/20 23:40

    Creo muchas veces se quieren simplificar asuntos que son algo más complejos de lo que parecen.

    Coincido en que muchos cargos públicos son utilizados para pagar servicios prestados, para promocionar a los amigos y, en fin, para colocar en ellos a personas que no lo merecen. Pero hasta ahí coincido con la Sra Monge.

    El asunto de los medios de comunicación no se puede ceñir a los públicos, porque es un todo. No tendría sentido que los medios públicos fueran un dechado de virtudes, pero que tuvieran que convivir con unos medios privados donde la mentira, la falta de ética, la manipulación, fueran el pan nuestro de cada día. Todos los medios deberían informar con un mínimo de garantía de no manipulación, aunque se tenga su óptica ideológica. Y los medios deben estar equilibrados en relación con la ideología de la sociedad a la que sirven, lo mismo que debe suceder con la cúpula judicial.

    Lo sucedido con EFE y el Sr Garea lo desconozco. Eso sí, me llama la atención que, por primera vez, muchos medios y opinadores han hecho hincapié en atender a quien se destituye, cuando siempre había oído hablar sólo de quien era nombrado. El Sr Gadea creo que era alto cargo de El Confidencial, que no considero un ejemplo de periodismo “limpio” (léase honesto), precisamente. No confundamos neutralidad con “equidistancia”. La verdad no siempre está en el medio, puede estar en un extremo.

    Y respecto a otro tipo de nombramientos, como pueden ser los directores de los hospitales, o de escuelas, centros de salud, etc., estoy de acuerdo en “profesionalizarlos “, pero cuidado: Si elegimos al directos de un hospital de entre los médicos del mismo y por lo médicos del mismo se corre el riesgo que defiendan derechos corporativos, en lugar de mejorar el servicio a los ciudadanos. En ocasiones es necesario aplicar políticas de cambio que encuentran la oposición de los profesionales y quizás, en esos casos, un director externo puede ser la solución. Repito, no son las cosas tan sencillas.

    Un saludo.

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  • Sotram Sotram 24/02/20 21:28

    Es que es la pescadilla que se muerde la cola. Si esos cargos han sido nombrados por el anterior gobierno por su cercanía ideológica y dependencia,¿No sería suicida mantenerlos por parte del gobierno entrante si éste es de otra ideología? Y así uno y otro y otro... Difícil arreglo

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  • Ambon Ambon 24/02/20 08:59

    El cese y nuevo nombramiento de altos cargos y cargos intermedios de la administración nos lleva a la categoría de país bananero, entre otras cosas porque no es una cuestión de confianza, para eso están los cargos de confianza, es una cuestión de asalto del poder y agradecimiento con salarios públicos a quienes mejor hayan hecho la pelota al líder, el problema para los ciudadanos es que en muchas ocasiones, esos cargos acaban ocupados por personas que piensan mas en los beneficios personales o partidarios que en la buena gestión que deberían hacer y por otro lado termina desmotivando a muchos excelentes funcionarios que ven como se dificulta su trabajo por las ideas, muchas veces erráticas, de los elegidos

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  • itnas itnas 24/02/20 07:47

    Excelente artículo, esperemos que la coalición ponga la primera piedra.

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  • Alfonso J. Vázquez Alfonso J. Vázquez 24/02/20 06:46

    La exigencia ESTRICTA de que no se paguen los "cargos de confianza" con los PGE sino con los Presupuestos del Partido que Gobierne, sería la primera medida para que el Gobierno sea menos corrupto. Se evitaría así volver al S. XVIII con los cesantes que describía Galdós en el S. XIX. Sobre todo así se evitaria la "malversacion LEGALIZADA de los PGE", sistemática en los miles de Ayuntamientos donde son "cargos de confianza" todos los familiares que se cruzan los políticos "yo pongo a tu hermana y tu colocas a mi cuñado" o para colocar al cconcejal que no logró salir elegido en las últimas elccciones "que por algo sera". La segunda medida sería establecer una identidad entre los salarios de esots políticos y el personal de la Administracion del Estado, con sus catgorais hasta 30, que es el nivel máximo en persoas que han demostado una laa capacidad profesional, en reñiad competncia con sus colegas, nada de lo cual ocurre en los cargos políticos electos que dependen sólo del "deoo designador". Se evitaría así que sus sueldos sean ilimitados por acuerdo de los mismos que se los adjudican subiendo los del alcalde a costa de subir los de los concejales ¿quién se puede opoenr a eso? Eso se PUEDE hacer si se QUIERE Pero, claro está NO SE QUIERE.

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