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Unos Pactos más allá de La Moncloa

Cristina Monge

Pedro Sánchez lo anunció hace unos días y esta semana irá avanzando en esa dirección. El Gobierno trabajará para alcanzar unos nuevos "Pactos de la Moncloa" en los que acordar las reformas y medidas políticas y económicas que España necesita para abordar la era post-covid19.

Iniciativas parecidas se están planteando en otros países de nuestro entorno, tanto en el plano político como en el económico. De hecho, bien mirada, la reciente decisión del Eurogrupo de poner en marcha una línea de préstamos por 240.000 millones sin condiciones específicas y al margen de la receta austericida con la que se combatió la crisis de 2008 es un acuerdo de amplio alcance entre las fuerzas políticas europeas y todo un giro de guión. Ojalá que reconstituyente.

Por otro lado, la idea de un pacto amplio para gestionar todas las crisis que se nos van a amontonar –la sanitaria, la económica, la social y veremos si la política–, es respaldada, según datos de Metroscopia, por el 92% de la población.

Es decir, este proceso que quiere impulsar el Gobierno es acorde con lo que se está haciendo en otros lugares y tiene el respaldo mayoritario de la opinión pública. El mayor escollo se está viendo en la actitud de la oposición, concretamente del Partido Popular, dubitativo entre mostrarse como un partido de Estado o bailar al ritmo que Vox marca bajo la máxima de que "cuanto peor, mejor".

Sin embargo, bien mirado, éste no es el mayor de los impedimentos para el acuerdo, de hecho, quizá ni siquiera lo sea. Conviene diferenciar entre el tono y las declaraciones para la galería, por un lado, y los hechos concretos, por otro, y se comprobará cómo la vehemencia de Casado desde la tribuna de oradores ha ido seguida de los votos a favor de la declaración del Estado de Alarma, de su prórroga, y no creo que sea arriesgar demasiado aventurar que en la próxima ocasión será similar. Lejos ha quedado ese PP de Mariano Rajoy que se negaba a votar, ni a abstenerse siquiera, el decreto que presentó José Luis Rodríguez Zapatero el 27 de mayo de 2010 anunciando duros recortes para hacer frente a un incremento salvaje de la deuda. Rajoy sabía que la crisis hundiría al PSOE y eso supondría la recuperación del gobierno para el PP, por lo que votó en contra, y el decreto salió por un solo escaño, gracias a la abstención de CiU, CC y UPN. Hoy la situación es radicalmente distinta. Entonces la sociedad culpaba al Ejecutivo de la gestión de la crisis, hoy eso no está tan claro como muestra la disparidad de los sondeos.

Algo parecido está ocurriendo en las comunidades que gobierna el Partido Popular, que más allá de frivolidades como la que este domingo protagonizó Díaz Ayuso acudiendo a Barajas a hacerse una fotografía en lugar de a la reunión de presidentes autonómicos, unos y otros están gestionando, con críticas más o menos duras, pero sin romper ninguna baraja. Todo esto sin olvidar que en el ámbito empresarial no faltan quienes están empujando el acuerdo, aunque la participación de Unidas Podemos en el Gobierno exigirá transformar en complicidad lo que ahora son desconfianzas manifiestas.

Cuesta creer que en este contexto el Partido Popular vaya a negarse a acudir a los encuentros, discretos unos y públicos otros, a los que el Gobierno le convoque, salvo que sea para situarse en una extrema derecha en los límites del sistema, en cuyo caso le estará regalando a Vox un estupendo capital político al tiempo que agudizará sus propias diferencias internas. Cosa distinta es que cada cual esté extremando las presiones para entrar en la negociación en las mejores condiciones posibles, como ha de ser.

Como las estrategias hay que basarlas en la máxima de que nadie quiere conscientemente suicidarse, se debería empezar a debatir sobre las características que esos Pactos habrán de tener para alcanzar su objetivo. Aquí van unas cuantas, sin ánimo de exhaustividad alguno:

1.- En primer lugar, cualquier intento de acuerdo debe partir de la constatación de que jamás se ha vivido una crisis de esta naturaleza, radicalmente distinta a otras crisis, y que nadie conoce cómo reaccionará la economía cuando salga de esa hibernación. Si el despertar será más o menos lento, si irá por sectores o por territorios, qué papel jugará la política monetaria, cómo afectará al mundo del empleo, etc., etc. Esto implica seguimiento, observación permanente, flexibilidad y mucho debate, algo difícil en la estructura institucional actual que exigirá crear nuevos espacios y formas de abordar la discusión.

2.- En una situación de esta naturaleza el éxito no consiste en firmar un documento, sino en ser capaces de alcanzar los objetivos propuestos tras un proceso de trabajo permanente. Las incertidumbres y lo cambiante de la situación obligan a hablar no de acuerdo, sino de un proceso de cambio acordado. En una parte importante de la izquierda los Pactos de la Moncloa siguen teniendo un regusto a traición, y no olvidan fácilmente lo que Santiago Carrillo en sede parlamentaria reprochaba al Gobierno en 1978 y que puede leerse en el Boletín Oficial de las Cortes: "Hace poco menos de un año, todos los partidos políticos con representación parlamentaria firmaron unos acuerdos de carácter político, económico y social que constituían las directrices básicas que habrían de conformar la actividad política y económica del Gobierno durante el presente año y que implicaban un ambicioso e imprescindible programa de reformas institucionales que sentaran las bases de un desarrollo económico y político más saneado. Con la firma de estos acuerdos todos los partidos políticos nos comprometimos. La UCD, desde el Gobierno, a ejecutarlos en su integridad, y los restantes grupos, desde la oposición, a velar por su cumplimiento. Consecuente con esta responsabilidad, que hemos hecho patente en diferentes ocasiones, el Grupo Parlamentario Comunista considera que constituye una obligación política colectiva realizar un balance de los Pactos de la Moncloa en los momentos actuales para, pese a encontrarse próxima su expiración, exigir al Gobierno y a la UCD su cumplimiento. El Grupo Parlamentario Comunista ha denunciado en numerosas ocasiones el peligro que suponía el incumplimiento de los Pactos, la responsabilidad en que por ello incurría el Gobierno y la necesidad de un organismo de seguimiento y control que velara por la estricta aplicación de lo pactado. Pero, por muy diferentes razones, los comunistas nos hemos encontrado solos en esta lucha que, aunque debería haber sido objetivo común de todos los partidos firmantes de los acuerdos, alguno de ellos, como el PSOE, con la responsabilidad que le confiere su número de Diputados, se negaron a constituir el citado organismo de seguimiento y control" Y continúa: "Es fácilmente demostrable que este incumplimiento no se ha debido a dificultades técnicas insalvables o a premuras en los plazos de presentación de las reformas. Por el contrario, se ha debido a una voluntad del Gobierno, y en particular de algunos sectores de la UCD, de vaciar de contenido transformador los Pactos de la Moncloa. Y ello es fácilmente comprobable cuando se observa que ha sido actitud consciente y decidida de estos sectores del Gobierno el no hacer las reformas pactadas, pero sí hacer la "reforma indirecta" a través de un goteo de medidas legislativas de diverso rango, que no han sido debatidas en el Parlamento y que han ido orientando progresivamente la reforma y el funcionamiento de las instituciones que ineludiblemente constituirá un dato de partida de difícil modificación".

3.- Por otro lado, debería tratarse de acuerdos amplios que diseñen las bases económicas y políticas para hacer frente a la crisis, que es tanto como decir las bases económicas y políticas de un nuevo periodo. No pueden limitarse sólo a aspectos laborales, fiscales, o financieros, sino que deben albergar al conjunto de políticas públicas. Modelos sanitarios, de protección social y fiscales protagonizarán los debates. Pero estos no se podrán completar si no incorporan también elementos como el sistema educativo, el modelo de empleo, etc, etc. Si se quiere llegar a resultados efectivos, prácticamente nada podrá quedar al margen, lo que supone acordar un calendario de reformas gradual y realista.

4.- Todo ello no puede obviar que las medidas que se tomen estarán operando sobre una realidad que ya antes de que surgiera la pandemia tenía grandes desafíos pendientes. La revolución tecnológica, el desafío demográfico, la pérdida de confianza en las democracias, la emergencia de un proteccionismo excluyente y la crisis climática son el escenario en el que tendrán que ponerse en marcha esas medidas. Es imposible obviarlas porque están allí y lo condicionan todo. Es más, la cuadratura del círculo sería conseguir diseños de políticas que ayudaran a paliar la crisis gestionando también el resto de desafíos. La apuesta por el Green Deal como el nuevo Plan Marshall que tiene que reconstruir la economía europea va en ese sentido.

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5.- Finalmente, y no por ello menos importante, es de vital importancia identificar con precisión a quienes deben protagonizar esos acuerdos. La economía es mucho más que las empresas y lo público mucho más que la Administración. Unos acuerdos de este tipo en el momento actual exigen de la participación no sólo de los partidos políticos y los agentes sociales –empresarios y sindicatos–, sino también de una amplia miríada de organizaciones de la sociedad civil, centros de análisis y pensamiento, la comunidad educativa, los distintos niveles de la gobernanza multinivel (ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones…), y un largo etcétera.

Los Pactos que ahora se necesitan para gestionar el mundo después de la pandemia (y quizá también durante la misma) deben ir mucho más allá de la Moncloa. Lo más difícil no será tanto conseguir que los partidos se sienten a la mesa –les va la vida en ello–, sino diseñar un proceso ambicioso, complejo y de resultado incierto. Quizá lo único cierto en todo esto es que si la política fracasa los totalitarismos estarán allí para ocupar su espacio.

La buena noticia es que todo esto se recoge ya en la Agenda 2030 que España, junto con otros 190 países, firmó en 2015 ante Naciones Unidas, y cuyo modelo de gobernanza, plural y participativo, quedó ya aprobado y constituido hace más de un año. Por si fuera poco, desde la sociedad civil, iniciativas como diadespues.org están empezando a diseñar procesos para que esto sea posible.

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