Tres riesgos de la Comisión de Reconstrucción: exclusión, miopía e incapacidad

El objetivo de la recién estrenada Comisión para la Reconstrucción Social y Económica es alcanzar un acuerdo sobre el diseño de los grandes temas para afrontar la crisis económica y social generada por el covid-19. Según lo aprobado, dicha comisión, liderada por el socialista Patxi López, trabajará sobre cuatro ejes en otros tantos grupos de trabajo: el refuerzo de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante la Unión Europea.

Semejante desafío va a tener que afrontar, al menos, tres riesgos, cada cual mayor: el primero, el de la exclusión de otras miradas y criterios ajenos a la lógica partidista, como consecuencia de haber limitado notablemente la participación de la sociedad civil; el segundo, cometer el enorme error de diseñar un plan para volver a la situación anterior como si eso fuese posible y no se hubiera aprendido nada; y el tercero, el más obvio, que el propio Patxi López señalaba en la sesión de constitución, el de la falta de acuerdo. El primer riesgo es de exclusión, el segundo de miopía, y el tercero de incapacidad. Porque su fracaso sería que los acuerdos volvieran a ser vistos como pactos limitados a los partidos políticos sin conseguir el consenso social suficiente, crear el espejismo de un retorno sin más a la "normalidad pre-covid" constituiría una enorme irresponsabilidad; y terminar los trabajos sin alcanzar un acuerdo, un descrédito, otro más, de la política ante la ciudadanía.

Capitalismo de vigilancia

Ver más

El primer riesgo tiene que ver con el método elegido para diseñar la reconstrucción. Lo que en un principio se planteaba como un gran acuerdo político y social que llegaba a compararse con los Pactos de la Moncloa ha quedado reducido, fruto de las condiciones impuestas por el Partido Popular, a una comisión parlamentaria. Para sus trabajos prevé contar con un número limitado de comparecencias de expertos y la posibilidad de solicitar informes a entidades de la sociedad civil. El funcionamiento previsto, limitado al procedimiento parlamentario, goza de toda la legitimidad democrática en tanto que se produce en el Parlamento, donde está representada la soberanía nacional, pero queda muy lejos de los criterios de participación y deliberación pública a los que pretenden llegar las democracias más avanzadas. Ni siquiera se han contemplado los mecanismos de parlamento abierto, ya desarrollados en el plano teórico y experimentados en algunos países. Una auténtica regresión en materia de participación y de calidad democrática para unos acuerdos que necesitan de la implicación de todos los agentes políticos, sociales, económicos, y para los que es necesario contar con la complicidad del conjunto de la ciudadanía. Sin la presencia activa del mundo del conocimiento y la generación de ideas, de empresas de todos los tamaños y sectores, de los ecosistemas tecnológicos y de innovación, de la cultura, de los jóvenes, y de un largo etcétera de sectores sociales, será imposible abordar el desafío.

El segundo gran riesgo tiene que ver con el lugar al que se quiere llegar, debate ideológico donde los haya. Si se pretende volver a la situación previa a la pandemia querrá decir que los grandes desafíos que estaban pendientes se dejan a un lado, y lo que es más grave, que no se ha aprendido nada, haciendo caso omiso a la máxima churchilliana, "nunca desaproveches una buena crisis". Entre los desafíos previos a la pandemia, el más urgente y de mayor alcance es sin duda el climático. En toda Europa se está viviendo una tensión entre quienes quieren hacer del Pacto verde europeo el marco de la recuperación y quienes siguen considerando que esto del medio ambiente es un lujo de ricos. Ahora –dicen– toca recuperar, y luego ya veremos qué hacemos con el cambio climático. En lo concreto, esto supone licencia para seguir quemando carbón, dinero público para la industria del automóvil sin condicionalidad alguna, o rebaja de los requisitos ambientales con la excusa de "dinamizar la economía" como ha hecho la Junta de Andalucía, en su decreto de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía, llevado a los tribunales. En España, como en toda Europa, esta pugna está viva y está por ver cómo terminará; pero sería conveniente empezar por definir bien los términos. Titular esta comisión como "de reconstrucción" invita a pensar en un horizonte de volver a construir lo que se ha caído sin imprimir ningún cambio. La enorme inyección de dinero público que va a practicarse en los próximos meses debería servir, por el contrario, para renovar el modelo económico, y no para reconstruirlo. Es decir, debería ser una herramienta para poner en marcha las reformas estructurales que permitan alumbrar un sistema económico más sostenible, más seguro, que incorpore los desafíos del siglo XXI y radicalmente centrado en la transición ecológica. Según muestra este informe liderado por la Universidad de Oxford y en el que han participado, entre otros, el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, la transición ecológica no sólo atañe a la mejora ambiental, que es tanto como decir a la posibilidad de vivir en este planeta, sino que es la forma más segura y sólida de acometer la recuperación económica.

El tercer riesgo es el que planea de forma más visible sobre la comisión: un fracaso de los parlamentarios y sus respectivos partidos, que agravaría la desafección ciudadana y podría desencadenar una enorme crisis política. El no acuerdo hundiría a todos los partidos en el océano del descrédito, a excepción –quizá-, de los únicos que siguen haciendo creer que están fuera del barco, los neofascistas, que podrían resultar beneficiados. Para que unos y otros entiendan esto, es vital que hagan un buen análisis de lo acontecido la semana pasada en el Congreso con objeto de la prórroga del estado de alarma. El Gobierno, al borde del abismo, obtuvo una lección de la importancia de la gestión política, y no sólo técnica, de esta crisis. Si en un parlamento tan fragmentado como el actual la negociación entre los partidos y las conversaciones entre los líderes debe ser cotidiana, en una situación como esta ha de priorizarse y estar permanentemente al máximo nivel. El Partido Popular, por su parte, experimentó en carne propia lo que es quedarse descolocado, como han reconocido algunos de sus líderes, y con fricciones internas, como las manifestadas por Feijóo. Si no es por una abstención de última hora que no ha contentado ni a unos ni a otros, Casado se hubiera encontrado rodeado de incómodos compañeros de viaje para él, y todo por no entender su papel o pensar que puede jugar un rol que no es el suyo. Por su parte, ERC intentó reaccionar a última hora al ver cómo Ciudadanos le arrebataba el papel de apoyo crítico al Gobierno, pero ya era tarde. Sólo Inés Arrimadas, en un giro de timón que parece querer convalidar los pecados del último año de Ciudadanos, entendió las ventajas que tiene volver a la centralidad, aunque si quiere convertir este movimiento táctico en estratégico necesitará tiempo, vistas las críticas y tensiones internas que se han producido. En definitiva, tras tres días en vilo, se puede concluir que ninguno de los partidos ganó, unos perdieron más que otros, y aunque hay que esperar para ver si este movimiento supone un cambio de escenario o es puntual, al menos debería servir para que todos sean conscientes de que el fracaso que supondría terminar sin acuerdo los trabajos de la Comisión de Reconstrucción no dejaría a nadie libre de culpas, y en él arrastrarían al conjunto de la ciudadanía.