Estado de alarma frente a un estado alarmado

Tenemos que decidir qué hacemos. O atendemos al estado de alarma contra el coronavirus o nos dedicamos a alarmar a todo el estado hasta deteriorar más aún la convivencia colectiva. El coronavirus sigue presente. Sigue habiendo centenares de contagios cada día y la cifra de muertes, aunque en clara línea descendente, se acerca a 28.000. Y de repente, estamos discutiendo de la noche a la mañana sobre el alcance de una reforma laboral que ni tiene fecha de debate parlamentario, ni de aplicación. Todo derivado de los rescoldos de una encendida sesión parlamentaria que apuradamente aprobó la continuación del estado de alarma 15 días más.

El PP hace dos semanas decidió sorprendentemente abstenerse en la votación en el Congreso. Más sorpresa aún debe causar que esta semana decidiera votar en contra del estado de alarma en el enésimo caso de seguidismo político respecto a Vox. Vivimos una paradoja poco habitual. Normalmente, en España, casi cualquier cuestión divide a la sociedad en su conjunto en al menos dos bloques enfrentados de difícil conjunción. Sin embargo, en la actualidad, los grandes asuntos que nos afectan a todos cuentan con elevados niveles de consenso. En los días previos a la votación del estado de alarma, dos de cada tres españoles eran partidarios de su extensión.

Pablo Casado tenía que elegir entre mantener las medidas de máxima seguridad sanitaria o apostar por el salto al vacío que hubiera supuesto quedarnos sin protección jurídica para luchar ordenadamente contra el coronavirus. Se votaba en realidad la continuación del estado de alarma o introducirnos en un caos institucional que hubiera provocado una grave crisis en un modelo de seguridad que está dando magníficos resultados en su aplicación. El PP decidió optar por el no y volvió a dejar a Pedro Sánchez en una situación crítica teniendo que recurrir a una larga serie de negociaciones con fuerzas políticas minoritarias indispensables para sumar la necesaria mayoría. La fragmentación parlamentaria actual provocó un hervidero de negociaciones en paralelo en el que cada grupo, por pequeño que fuera, buscó anteponer sus intereses particulares a la manifiesta voluntad mayoritaria de los españoles. El colmo del absurdo fue el descubrir que se había estado discutiendo con EH Bildu la futura e indefinida derogación de una reforma laboral indefinida a cambio de votar a favor de proteger la salud de los ciudadanos vascos y resto de españoles. Nada que pueda sorprender a estas alturas.

Padecemos la imposición de un modelo vetocrático que condiciona la vida política española. Como ya explicó Francis Fukuyama, se trata del sistema que permite a grupos minoritarios aprovechar la desmesurada importancia que pueden tener en votaciones ajustadas. Al final, la frontal oposición que el PP practica contra el Gobierno facilita que formaciones de poca relevancia representativa aprovechen para ejercer una presión negociadora que cuesta mucho distinguir de lo que llamamos chantaje. Es decir, si quieres que te dé lo que necesitas te lo ofrezco, pero por un valor incalculable que evidentemente no tienes opción de rechazar.

Ahora mismo, resulta muy sencillo dibujar el interés de cada formación política. Ha habido épocas más confusas en las que se podía poner en duda si un partido sabía realmente lo que buscaba. No es el caso actual. Es evidente que el Gobierno se encuentra cerca de empezar a controlar la extensión del coronavirus. Pero aún no lo ha conseguido. Necesitará, según sus cálculos, al menos una extensión más del estado de alarma y no está nada claro que la pueda conseguir.

En la derecha, Vox busca alterar cualquier atisbo de estabilidad y forzar la caída del gobierno de coalición. El PP acaricia la idea de poder tener un adelanto electoral en unos meses, si fuerza el deterioro de la situación hasta que ahogue a Pedro Sánchez. Ciudadanos ha sido la sorpresa de la temporada al haber encontrado de repente un privilegiado espacio vacío en la zona más poblada del electorado: el territorio de la moderación, el consenso y el entendimiento constructivo, fuera de confrontaciones y cordones sanitarios.

En la izquierda, Unidas Podemos ha sido el valioso socio leal necesario para mantener el gobierno de coalición. En los últimos tiempos parece trasladar cierta preocupación por la amenaza que supone la apertura de acuerdos de Ciudadanos con el PSOE. El resto de los partidos independentistas y regionalistas, que recurrentemente han sostenido al Gobierno desde la investidura, se dedican a su especialidad: defender sus particulares intereses en competencia unos con otros. Su valor parece medirse por su capacidad de conseguir colocar al Gobierno en una situación límite que revalorice su posición.

La compleja obtención de una mayoría parlamentaria va a continuar. La gravedad de los problemas a los que tenemos que hacer frente va a agudizarse. Cualquier demanda particular de cualquier grupo va a quedar empequeñecida por la trascendencia de las decisiones de gran calado que hay que asumir. Hacer frente a la reconstrucción del país no podrá llevarse a cabo con la suma de pequeños intereses cruzados. Si no queremos asumir este principio, será muy difícil que hagamos frente al futuro. Alguna vez el PP debería reflexionar al respecto.