No se asusten, lo que se oye es ruido de cazuelas, no de sables

Un pobre diablo puede desencadenar un infierno. Hace falta trabajar mucho para llegar a ser bombero, pero basta una cerilla para ser pirómano. Los que saben que hace más ruido un árbol que cae que todo un bosque que crece, nunca dejan de dar voces para dar miedo, porque el grito siempre está más cerca del aullido que de la palabra. En resumen, que dar golpes está al alcance de cualquier mano y no hay nada más fácil que amenazar con la llegada del lobo, ponerles veneno a los discursos y crispar el ambiente. “Oír a ciertas personas es como meterte alambre de espino en las orejas”, dice en su última novela el escritor John Connolly, y aquí y ahora sabemos muy bien de qué y de quiénes nos habla.

En la España de hoy estamos sometidos a un jaleo continuo, agravado por las campañas de bulos, noticias falsas o manipuladas, que son el síntoma del desprecio que los cínicos sienten por la verdad. En los balcones de los barrios altos hubo ruido de cacerolas que algunos han querido hacer pasar por ruido de sables en los cuarteles, y hay discursos incendiarios por parte de dos de las derechas, mientras la tercera en discordia baila alrededor de la hoguera: o sea, que PP y Vox se echan gasolina uno a otro y Cs nada y seca la ropa al calor de las llamas. El problema es que esta vez han descendido otra vez a sus niveles más bajos y los mismos de siempre, o sus delfines, se dedican a ofender a las víctimas de la pandemia usándolas como arma igual que hicieron con las del terrorismo de ETA o los atentados del 11M.

Entonces y ahora, quienes niegan la realidad, por terrible y dañina que sea, parecen sentir un desprecio infinito por la gente que sufre, que se va de este mundo sola, que es abandonada a su suerte como lo fueron las y los ancianos de las residencias de la Comunidad de Madrid a los que las órdenes de sus máximos responsables condenaron a una muerte segura al prohibir su traslado a los hospitales. Ahora sabemos que el Gobierno de Castilla y León, también del PP y también con Cs como compañero de viaje en la sala de mandos, considera que “los intereses económicos y comerciales” de los geriátricos están por encima del derecho de los ciudadanos a conocer qué ocurrió con sus familiares, y que no deben proporcionar los datos que revelen lo ocurrido, para así proteger a esas empresas. ¿Lo sabría el PSOE cuando firmó con ellos, recientemente, un pacto autonómico de reconstrucción? Quizá entonces no, pero ahora sí.

Y en Madrid van saliendo a la luz muchas cosas, por mucho que los enterradores que tratan de echarles tierra encima no descansen con sus palas físicas y digitales. En la región gobierna el PP desde 1995, es ese partido el que ha atacado sin descanso la Sanidad pública, ha cerrado sanatorios y mermado sus plantillas, reducido el número de camas, echado el cierre a ambulatorios y clínicas y hecho recortes presupuestarios que dejaron todo el sistema desabastecido y al borde de la ruina. Cuando empezó a temerse que lo que ya había ocurrido en China e Italia llegase a nuestro país y que nos faltaran medios y personal para hacer frente a la emergencia, primero salió la presidenta a decir que no debíamos preocuparnos, que esto no era peligroso y que tendría menos incidencia que la gripe; y poco después, al desencadenarse la tragedia ella y su ejecutivo regional decidieron, según ha quedado acreditado documentalmente, que había que priorizar entre los contagiados, a los de mayor edad se decidió aislarlos en lugar de asistirlos, no hacerles pruebas ni trasladarlos a una UCI. Su supuesta alternativa, la denominada “operación Bicho”, que consistía en medicalizar los centros, nunca se puso en marcha, se limitó a un par de actuaciones cosméticas y tres o cuatro visitas protocolarias. Se la habían encomendado a una mujer sin ninguna experiencia en el sector, bajo cuyo mando quedó la gestión de la vida de cincuenta mil seres humanos. Ya sabemos cuál ha sido el resultado. Al final, ya a la desesperada, en el PP han optado por mentir, repitiendo que la responsabilidad no era suya sino del Gobierno central y, en concreto, del vicepresidente Iglesias. El BOE demuestra que eso es falso, que conservaron sus competencias y además éstas fueron ampliadas.

Sin embargo, pese a las evidencias, el jefe de los conservadores, Pablo Casado, insiste una y otra vez en lavarse las manos y culpar al enemigo. Dice, por ejemplo, que las cifras que se dan son falsas, que se ocultan datos y que un país tiene el derecho a conocer la identidad de sus víctimas. No lo dirá por lo que hizo su partido cuando ocupaba La Moncloa y se produjo el accidente del Yak 42, donde los restos de los damnificados no se identificaron, se mezclaron en los ataúdes y algunos de ellos han tardado dieciséis años en serles devueltos a sus familiares. En entonces ministro Trillo rezó mucho pero actuó poco y mal. Es el tipo de hipocresía que desacredita a tantos políticos y es muy propio de esa formación, que lo mismo pelea contra la eutanasia que decide con una circular enviada desde un despacho que miles de ancianos deben morir en sus residencias. Por cierto, de las organizaciones provida, a las que tanto apoyan, tampoco se ha sabido mucho en estos momentos terribles.

Esperemos de la sensatez de alguna parte del Partido Popular que al menos el patriotismo del que tanto presumen les llegue para dar su apoyo al urgente fortalecimiento de nuestra sanidad pública, donde gracias a las doctrinas neoliberales aplicadas en las últimas décadas el 36% de los médicos tiene un contrato temporal. Empecemos por ahí.