España: fibra óptica y ladillas

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española presentado este miércoles por Pedro Sánchez (ver aquí) tiene una trascendencia económica y política difícil aún de calibrar, pero basta echar un vistazo a los números, a las letras y al ataque de nervios que muestran varios contrapoderes para concluir que esta vez sí puede tratarse de la tantas veces pregonada y aplazada Segunda Transición. Han tenido que llegar una pandemia y una coalición de gobierno progresista para que España aborde cambios pendientes desde hace demasiado tiempo.

No es casual que Sánchez iniciara y concluyera su discurso comparando la situación actual con la de 1978, marcadas ambas por “la inestabilidad y la incertidumbre”, por la altísima inflación entonces y por un desempleo galopante entonces y ahora, “con la mirada puesta en Europa”, como aspirantes hace 42 años, hoy como miembros de pleno derecho. Todo para llegar a una conclusión que no hace mucho compartíamos en esta misma página: España puede… si quiere (ver aquí).

Por encima de patrioterismos cansinos y de nacionalismos excluyentes, España es su ciudadanía, sus trabajadores esenciales, su personal sanitario, su profesorado vocacional, su juventud precarizada o sus pensionistas permanentemente amenazados. Y esa España real, la que madruga, la que trasnocha y la que sufre insomnio constante afronta la absoluta necesidad de modernizarse, de convertir en verde y digital lo que hasta ahora ha sido un cóctel de humo y ladrillo insostenible aunque muy fructífero para quienes acostumbran a sacar provecho inmediato de los recursos públicos para beneficio propio.

¿Alguien tiene, en serio, algo que objetar a la utilización de la milmillonada que nos llegará de Europa para situar a España en el siglo XXI? Aunque parezca mentira, sí: hay quien prefiere seguir aprobando nuevas “leyes del suelo” para alimentar burbujas inmobiliarias en lugar de apostar por rehabilitar miles de viviendas con criterios de ahorro energético (ver aquí). La lógica, la solidaridad, la pura necesidad y hasta el patriotismo entendido como la prioridad del bien común deberían llevarnos a compartir un proyecto que apuesta por dedicar un 37% de los recursos disponibles (esperemos) a la inversión verde y un 33% a la transición digital. Se puede y se debe discutir y limar todo lo referido a la vigilancia, la supervisión y la evaluación rigurosa de la gestión concreta, proyecto a proyecto, de esos fondos. La oposición parlamentaria tiene la oportunidad y la obligación de trabajar en esa labor desde los órganos que se crean con ese fin. Lo que no tiene perdón de ningún dios laico y justo es que el principal líder de esa oposición y alternativa de gobierno se dedique, incluso antes de conocer los detalles de este plan de reconstrucción, a envenenar a los embajadores de la UE (ver aquí) acusando anticipadamente al Gobierno de “clientelismo” en el uso del dinero que aportará toda Europa. Esos palos en las ruedas del interés colectivo son la definición exacta del populismo y del antipatriotismo. Por no decir que, una vez más, algunos piensan que todos los demás actuarían como ellos si estuvieran en la misma posición. De capitalismo clientelar, enchufismos y desregulación de cualquier control de lo público tienen experiencia más que probada.

Por supuesto que el Gobierno de Sánchez intenta aprovechar en beneficio político propio la administración de unos fondos europeos cuya aprobación ha peleado al máximo y que aún deben superar los obstáculos de frugales, regímenes pseudodemocráticos del Este y la extrema derecha interna y externa. “Es la política, amigo”, que diría el milagrero Rodrigo Rato en su euforia de delincuente parcialmente absuelto. Por supuesto que es interesado adelantar la ejecución de 27.000 millones de esos fondos al Presupuesto en marcha para 2021, anzuelo probablemente eficaz para lograr el apoyo de muy variados grupos parlamentarios que necesitan números para “vender” la letra a sus respectivos electorados. ¿Y qué? Lo fundamental es constatar si el destino de ese dinero cumple los requisitos acordados en Europa y necesarios para la modernización y la recuperación de España, en términos de sostenibilidad, de igualdad y de transformación de un modelo económico anquilosado y precario.

A la hora de poner cifras al márqueting político, Sánchez y su gobierno han elegido la de la creación de 800.000 empleos en tres años (ver aquí). Inmediatamente han saltado sin mascarilla los altavoces de la derecha recordándonos (por si no tuviéramos edad) que esa misma cifra fue la que prometió Felipe González en 1982 y no cumplió después. Si le echaran una segunda pensada al asunto quizás descubrirían que ese compromiso exacto puede ser intencionado: el mensaje de “España puede. Ahora sí” también está dirigido a la vieja guardia de los propios. A quienes se resisten a considerar positivo ningún cambio que no sea el que ellos protagonizaron en su día. A los barones (literal) que cada año se reúnen en La Toja (ver aquí) para concluir que después de ellos llegó el caos, sin plantearse siquiera la posibilidad de que muchos españoles (me incluyo) consideramos que el problema de nuestra Transición no fue lo que se hizo en 1978 (más o menos lo que se pudo) sino lo que no hicimos durante las décadas siguientes. Hay zonas oscuras, lagunas y verdaderos cráteres que nunca debimos dejar en herencia a las siguientes generaciones. Hablar de “800.000 nuevos empleos en tres años” quizás no sea un mal fario sino un aviso a navegantes: si se logra sólo habrá perdido quien no cumplió.

Paso a paso, partido a partido. El objetivo inmediato de la presentación de este plan es apuntalar la aprobación de Presupuestos. Nadie contempla la llegada de un solo euro de Europa antes de abril de 2021. Lo trascendente es que previamente haya un proyecto de ingresos y gastos con suficiente apoyo parlamentario. Unos Presupuestos extraordinarios para una situación absolutamente extraordinaria, en la que conviene no perder de vista la capacidad de endeudamiento pero tampoco cegarse con el miedo a un déficit coyuntural. Hay dos diferencias fundamentales ahora respecto a la crisis que estalló en 2008: una, que las instituciones internacionales han asumido que la austeridad sería aún más autodestructiva de lo que ya fue, y dos, que esta crisis tiene fecha de caducidad, la que coincida con la aplicación de vacunas eficaces y seguras. Cuestión de meses. Desde el Fondo Monetario Internacional hasta el BCE o el Banco de España (poco sospechosos de socialcomunistas) reiteran cada día que es imprescindible mantener el gasto público para evitar el hundimiento económico total (ver aquí). Ojalá no lo olvidemos: será necesaria la llamada “colaboración público-privada”, pero si algo debe enseñarnos la pandemia es a exigir el entierro de las doctrinas neoliberales del “sálvese quien pueda”, para reforzar y hacer sostenible el Estado de bienestar y un sistema de salud pública que sólo puede afrontar futuras crisis si lo dotamos de los recursos necesarios en lugar de debilitarlo en todos sus flancos, como hicieron en la última década los reyes del austericidio.

Más allá de la imprescindible y urgente salida a la megacrisis económica que afrontamos, la puesta en marcha de este plan de recuperación y resiliencia (con todos los apellidos que se quieran añadir o restar) debe demostrar algo que ha dañado mucho la mitificada y casi eterna transición: España no es ni puede ser irreformable. Ya basta de bloqueos. Ya basta de constitucionalistas de boquilla que ignoran la más mínima interpretación progresista y hasta pragmática de la Constitución de 1978. Quienes torpedean desde mucho antes de su presentación este plan de modernización del modelo económico español son los mismos que no admiten la más mínima posibilidad de renovar los órganos constitucionales del Estado. Son los que confiaban en que el magistrado Marchena controlara “desde la puerta de detrás” la Sala Penal del Tribunal Supremo (ver aquí). Son los que sin ningún pudor apoyan que un Poder Judicial caducado desde hace dos años siga haciendo nombramientos que garanticen una mayoría conservadora (contraria a la mayoría democrática parlamentaria) en órganos judiciales que decidirán sobre macrocausas de corrupción que afectan al PP (ver aquí). Son los mismos que este miércoles no han tenido nada que aportar al plan presentado para la recuperación de España pero han aplaudido a rabiar la decisión de un juez que acusa al vicepresidente Pablo Iglesias de tres delitos (ver aquí) pese a que la sala correspondiente de la Audiencia Nacional le hubiera instado a considerarlo perjudicado en esa misma causa (ver aquí).

Como ejemplo de la fortaleza de este país hacia el futuro, ha citado Pedro Sánchez que somos la principal potencia en cobertura y usuarios de fibra óptica, más que Alemania, Francia, Italia y Reino Unido juntos. Y es absolutamente cierto (ver aquí). Pero uno ha recordado ese verso de la canción de Joaquín Sabina y Francesco de Gregori: “… tópica España, fibra óptica y ladillas” … tópica España, fibra óptica y ladillas(escuchar aquí).Somos capaces de lo mejor y de lo peor. De Unamuno y de Millán Astray. Quizás como cualquier otro país, comunidad, nación o Estado del mundo (aunque con casi cuarenta años de dictadura en la mochila). Es hora de remar hacia el futuro, el bloqueo o el pasado. La necesidad obliga. La crisis de salud pública tendrá un final en cuestión de meses. Y no será lo mismo salir con simples parches que con un proyecto de modernización, sostenibilidad e igualdad. “Bendita España, de Azañas y Machados…”. Veremos.