Ultreia

La zona catastrófica de Ayuso se llama residencias: las pruebas definitivas

Daniel Basteiro nueva.

“En lo que se refiere a las personas mayores, se está excluyendo casi en su totalidad la derivación hospitalaria a personas de grado 3 de dependencia [los grandes dependientes, que han perdido su autonomía física, mental, intelectual o sensorial] y se discrimina a personas con discapacidad directamente por su discapacidad”.

No se trata de una denuncia de la oposición. Ni de un protocolo al que poder llamar “borrador” para escurrir el bulto. Tampoco de la opinión de un experto o un artículo en la prensa. Es la evidencia palmaria, innegable y oficial del abandono de los mayores en la Comunidad de Madrid y más que probable prueba de posibles delitos de gravísimas consecuencias.

Quien escribe esas palabras el 31 de marzo de 2020 es el consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, titular de Políticas Sociales, la persona a cargo de las residencias durante la pandemia, pero no de la atención sanitaria. Y se lo escribe a su colega, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Nunca recibió respuesta y sólo uno sigue en su puesto. A principios de octubre, Reyero dimitió sin hacer demasiado ruido y ha permanecido en silencio. No se trata de un político resentido que a posteriori ataca a sus antiguos compañeros sino las comunicaciones de una gestión de equipo en el momento en el que tenía mando en plaza y podía influir en las decisiones.

Las revelaciones forman parte de una de las dos cartas que publica infoLibre, en una nueva exclusiva de Manuel Rico. Llevan membrete oficial, firma manuscrita y fecha: 31 de marzo y 11 de abril, es decir, durante en lo peor. La Comunidad de Madrid se negó a facilitarlas a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. Ahora ya sabemos por qué. Algunas conclusiones:

1. La prueba de un escándalo que se mide en vidas humanas

Las cartas de Reyero evidencian lo que los protocolos dictados por la Comunidad (desvelados por infoLibre) y las cifras de fallecidos atestiguaban ya. Reyero se queja de que en vez de subir los ingresos en hospital de personas mayores enfermas en las residencias, bajan en el momento de más necesidad. Reprocha que se prohíba el envío a hospitales de personas mayores por el mero hecho de su grado de dependencia o discapacidad. En otras palabras: se dictó y aplicó una orden para dejar a su suerte, incluso aunque fuese la muerte, a personas mayores no porque no tuvieran posibilidades de salir adelante sino por el mero hecho de tener un alto grado de dependencia o una discapacidad. Estremece con solo pensarlo.

Estas misivas cobran ahora un valor innegable y va mucho más allá de lo periodístico. Son una nueva prueba de lo ocurrido pero, además, demuestran que en el seno del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se conocía a la perfección la situación y sus implicaciones. La Comunidad no puede decir que ignoraba la posible ilegalidad de estas decisiones, ya que es el propio consejero de Políticas Sociales el que lo advirtió internamente: “Pueden ocasionarnos problemas legales en el futuro”.

En el futuro, es decir, hoy, hay casos ante la Justicia en los que estas cartas, de ser presentadas, podrían perfectamente lograr que los que dictaron los protocolos (y quienes conocían las consecuencias que entrañaban) den explicaciones y asuman las consecuencias. Sería sorprendente que la Fiscalía no abriese de oficio una investigación para esclarecer las responsabilidades cuando es una de las personas que se sentaba en el Consejo de Gobierno el que anticipa que probablemente las hay.

2. Ni fueron a los hospitales ni los hospitales, a ellos

En el peor momento de la pandemia, la Comunidad no sólo no facilitó que los mayores enfermos fueran al hospital sino que también impidió que el hospital fuese a ellos con la tan cacareada medicalización. Nunca llegó. Al contrario. Según denunció Reyero, lo que sí se produjo fue una derivación inversa (el envío a residencias de positivos por covid). Faltaban tests y sanitarios y lo que hizo Sanidad fue enviar unos listados, por si Políticas Sociales era capaz de encontrar a alguien para trabajar en la zona cero de la pandemia pudiendo hacerlo en hospitales. Y, mientras, se enviaron equipos del SAMUR a otras comunidades para vender gestión y generosidad ante los medios. Y, mientras, se trató de poner en marcha una iniciativa por la que cobraron los amigos de siempre, la Operación Bicho, y que desveló hasta qué punto la medicalización era una quimera. 

Se crearon hospitales “milagro” en pabellones de IFEMA, pero allí tampoco llegaron las personas mayores de las residencias. Entre marzo y abril fallecieron 9.470 residentes en Madrid. Entre el 22 de marzo y el 10 de abril, el 84% de los residentes que murieron lo hicieron en el propio centro en el que residían. Es el período que motiva las cartas del exconsejero.

3. Ayuso y Escudero deben dar explicaciones

“Nos quitaron las competencias”. “El responsable de las residencias es Pablo Iglesias”. “Nadie podía estar preparado para algo así”. “Hicimos todo lo que pudimos”. “Nuestros mayores reciben la mejor atención”. Habrán escuchado estas palabras en algún momento, u otras muy similares, en boca de Ayuso y Escudero. No hay ninguna que resista el más mínimo contraste periodístico. Pura propaganda. 

Las cartas que hoy publica infoLibre, junto con los protocolos, datos de fallecimientos y situación en residencias ya ofrecidos anteriormente, desmienten cada una de esas afirmaciones. Es cierto que la pandemia sorprendió a todo el mundo, pero las comunidades autónomas mantuvieron intactas las competencias en Sanidad y residencias durante toda la pandemia. Desde dentro y desde fuera se dio la voz de alarma sobre actuaciones sencillamente impresentables, como prueban estos documentos. No, la Comunidad de Madrid no hizo lo que pudo por las personas mayores sino que, en ocasiones, tomó decisiones contra ellas.

La Fiscalía investigará las cartas de Reyero y todas las denuncias presentadas sobre muertes en residencias de mayores

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Excusas, cambiar de tema y atacar al contrario. Y una buena dosis de victimismo. En esos elementos se resume la estrategia de Ayuso cuando se desvela alguna prueba de su deficiente gestión. Su escapismo da resultado en demasiadas ocasiones gracias a muchos medios de comunicación: los que no quieren poner el foco en asuntos graves como este y los que, cargados de buenas intenciones, se centran en denunciar la última ocurrencia sin darse cuenta de que es una cortina de humo a la que acaban contribuyendo. Da igual que se le pregunte por las residencias que por las medidas contra la pandemia o por la limpieza de las calles por Filomena. No dude de que Ayuso mirará para otro lado. Si usted pide algún tipo de responsabilidad por lo ocurrido, aunque ahora se sepa que el propio consejero del ramo lo denunció internamente, no dude de que podrá ser tachado de antimadrileño.

Ayuso y Escudero deben comparecer cuanto antes para aclarar lo sucedido. La oposición debe exigírselo y reflexionar sobre si puede hacer algo para apartar del poder a los responsables en caso de que no den explicaciones y rindan cuentas. Aunque sea intentarlo. Sería terrible que se asumiesen con resignación escándalos como este sin que pase nada. Nunca una generación recibió tan poco y nos dejó tanto, muriendo en algunos casos en una silenciosa y amarga soledad. Es hora de estar a la altura. 

PS: Si el periodismo sirve para conocer la verdad, en este caso puede servir también para que se haga justicia. La publicación de estos dos documentos oficiales es una prueba más del periodismo sobre asuntos de interés público, como la salud, en el que queremos volcar todo nuestro esfuerzo. Su autor, Manuel Rico, fue distinguido esta semana con un premio por una investigación en infoLibre que sólo es posible gracias a las socias y socios que hacen posible este proyecto. A todos ellos, gracias.

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