Buzón de Voz

Insostenible Poder Judicial (pero no para Lesmes)

Jesús Maraña nueva.

Entre los propósitos personales en el regreso de las vacaciones (ya prácticamente olvidadas) figuraba el de evitar cualquier rodeo a la hora de expresar lo que uno piensa. Todas y todos tenemos mucho que hacer y un tiempo cada día más limitado. Así que voy al grano: por tercer año consecutivo hemos escuchado este lunes al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (va en el mismo pack) inaugurar el nuevo Año Judicial quejándose del bloqueo en la renovación del mismo. Si hace un año calificó de “anomalía” la situación, este lunes Carlos Lesmes se ha venido arriba y la ha descrito como “insostenible para la judicatura y para la sociedad” (ver aquí). Parece evidente que los mil días de provisionalidad en el gobierno de los jueces no resulta tan “insostenible” para su máximo responsable, porque si así fuera, lo que habría anunciado Lesmes es su dimisión irrevocable, perfectamente argumentada en el daño que se está produciendo a la independencia judicial y al prestigio de las instituciones.

Lo explicó perfectamente Sol Gallego-Díaz este domingo en El País (ver aquí): “Al ocultar quién es el responsable de unos hechos que ‘debilitan la independencia judicial’, traslada el coste de semejante daño al sistema en su conjunto. Con su silencio, Carlos Lesmes se ha convertido en cooperador necesario de una estrategia de desgaste del sistema constitucional, de un asalto declarado al sistema que diseñó la Constitución de 1978”. Es exactamente así, y ya resulta tan cansino como ofensivo el truco del llamamiento equidistante al “patriotismo constitucional” para que “las fuerzas políticas alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación” (ver aquí discurso íntegro).

Pretender a estas alturas responsabilizar por igual, o incluso en la proporción de su representación parlamentaria, a las “fuerzas políticas” en general del bloqueo (o más bien “secuestro”, como escribe Benjamín Pradoen estas mismas páginas) de un Poder Judicial caducado desde 2018 es faltar a la verdad y demostrar precisamente un escaso o nulo respeto a la independencia judicial. Quien impide esa renovación e incumple el mandato constitucional (Título VI) y la Ley Orgánica 6/1985 que lo regula es el Partido PopularTítulo VILey Orgánica 6/1985, y si Lesmes quiere de verdad poner fin a un bochorno interminable que está dañando a la independencia judicial y a la calidad del sistema democrático debería decirlo sin ningún rodeo ni equidistancia.

Suele repetirse esa cantinela de la “politización de la justicia”. Y cansa mucho. Porque se alude a ella como si se tratara de un virus sin tratamiento ni vacuna, como si fuera un meteorito que les cae encima a los pobres jueces o juristas “de reconocido prestigio” y, por supuesto, a los consejeros del Poder Judicial nombrados a propuesta de los grupos parlamentarios (y de las asociaciones de jueces, que a menudo se olvida). Cada cual se politiza (o se ¿partidiza?) en la medida que se deja o le interesa dejarse politizar. Nadie (que sepamos) le ha puesto una pistola en la sien a Lesmes para mantenerse en la presidencia de un órgano de forma indefinida, mucho menos cuando sabe perfectamente que si no se renueva el CGPJ es porque el PP va buscando y encontrando diferentes excusas para torpedear incluso acuerdos de renovación ya logrados.

Cada cual es libre de argumentar lo que le plazca para justificar sus acciones. Lo que cuesta más es borrar el currículum. Carlos Lesmes ocupó altos cargos con gobiernos del PP en las dos legislaturas de José María Aznar. Curiosamente, el primero de ellos fue la Dirección General de Objeción de Conciencia, un concepto que el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define sin lugar a muchas dudas (ver aquí). Si al señor Lesmes le preocupara en serio el daño a la independencia judicial y al funcionamiento de una justicia al servicio de la sociedad, ya haría mucho tiempo que en lugar de enviar cartas a las presidencias de Congreso y Senado lo que habría enviado es su renuncia inmediata.

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No seamos ingenuos. Lesmes, quien este lunes ha reprochado al Gobierno su posición sobre los indultos a los presos del procés, es el mismo que actuó como ponente en defensa del indulto concedido por el Gobierno de Rajoy a propuesta de su ministro Gallardón (ver aquí) a un kamikaze condenado a 13 años de prisión por conducción temeraria y homicidio (ver aquí). No se salió con la suya, pero más tarde fue propuesto y elegido como presidente del CGPJ y del Supremo, cargo previsto para cinco años (con el objetivo de garantizar, o al menos aparentar, independencia respecto al poder político) y en el que está a punto de cumplir ocho.

Cada vez que a alguien se le ocurre preguntar por qué Lesmes y el resto de los miembros del Poder Judicial con mandato ampliamente caducado no dimiten con el fin de obligar a los partidos a abordar sin más dilaciones su renovación, enseguida aparecen los autoproclamados guardianes del sistema democrático calificando al resto de “antisistema”. Son los mismos que llenan portadas con la más mínima objeción desde Bruselas a cualquier reforma que afecte al Poder Judicial, pero que no hacen ningún caso a los reiterados llamamientos de la Comisión Europea a cumplir la legalidad vigente y renovar los órganos constitucionales en tiempo y forma (ver aquí).

Lo sabe Lesmes, lo sabe Casado y lo sabe hasta el último pasante del más atareado juzgado: el CGPJ, el órgano que nombra y decide la adjudicación de plazas a los jueces, se bloquea cuando el PP está en la oposición. No caben equidistancias cuando la realidad es tan peligrosamente tozuda.

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