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Dudas jurídicas sobre la absolución de la infanta Cristina
La sentencia en su totalidad demuestra la ingente labor que ha realizado el tribunal ante un proceso sumamente complejo, con numerosas personas acusadas y abundantes cuestiones a resolver. Las tres magistradas han dado respuesta a todas ellas de manera motivada. Y el esfuerzo desplegado resulta admirable, como también lo fue el tesón del juez instructor, José Castro, para llevar hasta el final una causa que parecía no tener fin. Sin embargo, desde el respeto que merece el tribunal, la lectura del pronunciamiento absolutorio de la infanta puede suscitar algunas reflexiones jurídicas.
La absolución se basa en un argumento esencial: se trata de un delito fiscal que cometió Urdangarin, al aprovecharse de su condición de administrador de la empresa Aizoon; y la infanta solo podría haber sido partícipe de esa conducta delictiva si se acreditaba que ejercía como administradora de hecho o si hubiera actuado en nombre de la sociedad, sin que esto haya ocurrido. La sala considera que los socios no tienen el deber de controlar lo que hace el administrador de una empresa. Y que la omisión solo resulta punible cuando concurre un papel de garante, lo cual no sucede en este caso.
No obstante, este razonamiento pasa por alto las valoraciones sobre la cooperación necesaria efectuadas por el juez Castro y los tres magistrados de la otra sección de la Audiencia Provincial que confirmaron sus diligencias instructoras. También fueron asumidas por la acusación popular. En esta visión judicial no se determinaba que la culpabilidad de la infanta residiera en ignorar lo que hacía su marido, en no controlarlo o en no impedir sus actuaciones. No se le reprochaba su pasividad. Al contrario, los indicios de delito se materializaban en acciones muy concretas que la propia infanta habría efectuado junto a Urdangarin.
Según la propia Agencia Tributaria, Aizoon no era una mercantil con actividad real, sino una empresa pantalla constituida por la infanta Cristina y Urdangarin, que operaba con finalidad defraudatoria y que estaba vinculada al entramado del Instituto Nóos. Los ingresos de él no fueron declarados a Hacienda a través del IRPF, sino que se utilizó a Aizoon como entidad instrumental para tributar en una cuantía muy inferior, a través de toda una serie de artificios. Entre ellos se encuentran numerosas actuaciones de la infanta que son descritas en esas resoluciones judiciales, como el pago por ella de los más diversos gastos personales desde la cuenta de dicha mercantil, como si fueran gastos empresariales; no olvidemos que desde esta cuenta societaria se abonó el servicio doméstico, viajes, fiestas, restaurantes, mobiliario, reformas en la vivienda familiar y muchos otros gastos. Otro dato significativo es el innecesario alquiler del domicilio personal de ambos a Aizoon, una empresa sin actividad verdadera, para que ese gasto ficticio influyera fraudulentamente en la tributación. Este contrato se firmó por parte de la infanta como arrendadora y como arrendataria a la vez. Además, no nos encontramos ante una empresa con decenas de socios, sino ante una sociedad creada por dos esposos, que se habrían concertado para efectuar los pagos y actos descritos, todo lo cual les dio unos beneficios económicos no controvertidos.
Estos datos objetivos están reflejados en los hechos probados de la sentencia y fundamentan la responsabilidad civil de la infanta. Y, por tanto, desde la anterior perspectiva, deberían implicar jurídicamente una conducta de cooperación necesaria de la infanta, al propiciar que se haya perpetrado el delito fiscal por parte de Urdangarin. Sin embargo, la sentencia no llega a analizar este problema en profundidad, ni a desvirtuar las apreciaciones de Castro y de los otros tres magistrados de la Audiencia Provincial, a pesar de que parecen convincentes. La tesis nuclear del fallo absolutorio es que la pasividad o la omisión de los socios en este tipo de delito no resulta punible. Pero los indicios de cooperación necesaria no se asentaban en la inacción de la infanta, sino en conductas activas como las que se han indicado.
La retirada del proceso de la acusación popular impedirá que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre todas estas materias referentes a la naturaleza, alcance y límites de la cooperación necesaria en los delitos fiscales. En todo caso, nuestro sistema judicial ha dado una respuesta jurídica a todas estas cuestiones. Y debe respetarse la decisión del tribunal competente, que es el que estaba mejor situado y se encontraba plenamente legitimado para examinar todas estas cuestiones. De todos modos, las discrepancias entre diversos órganos judiciales han quedado evidenciadas.
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Mascarat
29/03/17 19:07
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TOTOFREDO
29/03/17 11:44
Para el ciudadano de a pié, la sentencia por esperada, es lo de menos. ELLA sabe que es culpable y TODOS sabemos que es culpable, por mucho que se acoja a una sentencia claramente injusta. Aquí vuelve a ser válida la aseveración de José Luis Coll, cuando aseguraba que el no era bajito, pues tenía un Certificado Médico que decía que medía 193 cms...........
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Folgo
01/03/17 02:07
Agradezco este artículo del juez Joaquim Bosch. Demuestra valentía, habida cuenta de su condición de magistrado, o sea miembro del poder judicial y compañero de las magistradas del tribunal sentenciador. En mi opinión, la sentencia que han dictado es correcta, sí, pero muy benévola por las escasas condenas impuestas en relación con los hechos probados en la sentencia. Además, frente a la circunstancia de que bastantes de los acusados, finalmente han resultado absueltos, echo en falta varias condenas. Coincido con el magistrado en la clara explicación de lo relativo a la (inexplicable jurídicamente) absolución de la infanta. Aquí es necesario destacar que al principio de la instrucción aparecieron varias facturas de la infanta, con cargo a Aizoon, que la Agencia Tributaria determinó que eran FALSAS. Si bien, con posterioridad, un nuevo (y último) informe de la Autoridad fiscal las dio por válidas, pudiendo, de forma torticera, desimputarla por delito fiscal. Ni la sentencia, ni Bosch citan una circunstancia determinante a fin de haber decretado la participación necesaria (por imprescindible en este caso) en la comisión de los delitos de su esposo y de ella misma. Que representa su participación e inclusión en el Instituto Nóos (hecho probado) y que supone que el dinero público que Urdangarín obtuvo de distintas administraciones se le entregaba a un miembro de la Casa Real. Nadie, ni las magistradas que han suscrito la sentencia, dudan que de no ser el Instituto Nóos una entidad de dos miembros de la Casa Real, no habrían obtenido euro alguno, y por ende, defraudar al fisco el botín.
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Coriolano
28/02/17 20:20
Es muy importante tener en cuenta que el Ministerio Fiscal no acusaba, por que sus superiores le habrán dado instrucciones al respecto. Por tanto en cierta medida tenemos la justicia que nos merecemos por culpa de los políticos , hipócritas y serviles que hemos elegido.
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JAN VALTIN
28/02/17 18:41
Vaya por delante que no entiendo tanto de Derecho como de otras ciencias. Pero me parece algo injusto, que porque Manos limpias, acusación en este caso este acusada de otros cargos, no se pueda recurrir el caso de Urdangarín y la infanta a otras instancias superiores, a pesar de conocer su culpabilidad. En éste y en otros muchos casos de flagante delito, debiera ser el Estado el que se personase para hacer justicia hasta el final. Esto y otros muchos casos, demuestran que nuestra democracia es muy "sui géneris". Un saludo
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Antonio Basanta
28/02/17 18:13
Estoy seguro que usted Joaquim, si estuviera en el papel de las tres juezas absolvería tambien a la infanta y casi seguro que intentaria condenar a los que robaron el dinero del Estado (por ej. en Valencia para dárselo a Urdangarin). 1ª Porque la acusación contra la infanta únicamente provenía de la acusación popular en este caso, una organización fascista, mafiosa y extorsionadora que lo único que queria es sacar varios millones de euros de los Monarcas. Y seguro, que usted no apoyaría a esos mafiosos, como no lo han hecho las 3 juezas. 2ª Porque si Hacienda dice que ese dinero es de Urdangarin, que es el que lo ha ganado, maliciosamente, ningun juez se lo va a endosar a su esposa. Y porque tendría que justificar porque sería el primer caso de una esposa de un ladrón que aun protegiendo ese dinero se le endosase. Tendría que decir porque no fue así en el caso de Mario Conde, cuando no es que se creara una sociedad conjunta con el dinero robado sino que directamente se puso a nombre de su mujer. Lo mismo y peor en el caso de Diez Ferran, o Roldán y tendría que justificar como juez porque en el caso de la infanta se daba ese caso y antes no se había dado. Los delincuentes eran Roldan, Undargarin, Mario Conde, Diaz Ferrán, etc y porque interesase politicamente a alguien, usted no sería capaz de endosarselo a sus mujeres, supieran o no, que penalmente es lo mismo. Para saber de quien era realmente el dinero, está la fiscalía, la policia, la abogacia del Estado, Hacienda y las instituciones que se dediquen a ello. por eso Joaquim, usted acaso hubiera condenado a los politicos del PP Valenciano, que fueron los que quitaron el dinero a los españoles para darselo Urdangarin y Torres. Ellos no cogieron el dinero, se lo dieron unos politicos del PP que se han ido de rositas, esos sí.
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Bellum
28/02/17 19:47
La mujer de Roldán pasó por la cårcel, creo que por encubridora. Lo de que la acusación popular sea una asociación mafiosa ha sido la excusa perfecta para cargársela, que todos tenemos prejuicios, lo que no quita para que, como dice el juez bosch, exista una base sólida para fundamentar una acusación contra la hija del rey emérito, y coincidirá conmigo en que el magistrado que firma el artículo es un jurista de reconocido prestigio, honesto, cabal y toda una autoridad reconocible en lo que nos relata, y con toda humildad en lo que a mi respecta, mucho más exacto y acertado, que lo que usted o yo podamos aportar a la materia....A mi corto entender, quien debía haberse puesto en la acusacion de la Infanta es la fiscalía, que se supone defiende los inteteses del Estado, pero aquí concretamente hizo de defensor de Cristina de Borbón, esa misma suerte ha tenido la mujer de Diego Torres de refilón, porque creo que a ella si la acusaba el fiscal (no podían condenarla claro está, si absuelven a la otra) porque ni Isabel Pantoja ni la Sra. Zaldívar tuvieron la suerte de enfrentar una fiscalía tan benevolente, ni unos jueces tan en armonía con el ministerio público.En cuanto a la sentencia en sí, el juez Bosch plantea algo de cajón que adviertieron tanto el instructor, Juez Castro como la Audiencia de Palma...fue el matrimonio el que empleó aizón para evadir al fisco y firmar un contrato como arrendadora y arrendataria no deja mucho margen de dudas a que la Sra. Borbón sabía lo que hacía...lo lamentable es que no solo se queda ella fuera...se quedan fuera otros muchos a los que por razones de equidad no se pueden condenar....aunque parece que el fiscal si los acusó y que parece que recurrirá....en fin, así vamos...lo del juez justo y prededeterminado por la Ley me lo creería si no hubieran tenido la desvergüenza de mostrarnos unos y otros lo desiguales que somos.
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pilariso
28/02/17 15:44
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AngelesC
28/02/17 12:06
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AngelesC
28/02/17 12:01
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Bacante
28/02/17 08:57
Señor Bosch, muchas gracias por sus aclaraciones. Pero yo no respeto la decisión del tribunal ni lo considero competente.
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AML
28/02/17 19:56
Yo tenía entendido que, si un acusado se negaba a contestar a las preguntas de la acusación, se suponía que aceptaba todas sus tesis. Sin duda todo el esfuerzo de la acusada y de sus abogados, ha sido embarrar la acción de la justicia y oscurecer lo más posible el escenario. Claramente es la actuación de una persona culpable. Yo tampoco respeto la decisión y no considero competente al tribunal.
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El juez Bosch lo dice en lenguaje jurídico muy claramente. Lo cierto es que nadie se cree que la borbón no supiera nada de los delitos en que se involucraba. ¿Cuando hacienda ha admitido facturas falsas? ¿Cuando la fiscalía actúa como defensa? Una auténtica vergüenza de justicia.
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