En defensa del Estado de Derecho

El reciente nombramiento/ascenso de los magistrados de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y Enrique López para integrar la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, viene a poner de manifiesto la enorme variedad de artimañas de las que dispone el poder político para llevar el ascua a su sardina. En este caso, el pretexto ha sido la inexistencia en España de una verdadera segunda instancia que permita resolver con solvencia los recursos de casación, algo demandado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin duda un instrumento necesario que aquí servirá para que los que tienen influencias, tiempo y dinero para pleitear eludan la cárcel, mientras hoy asistimos a la quiebra de los más elementales principios del Estado de Derecho.

Esta ha sido la excusa, otras veces encontrarán otras. Pero qué casualidad que se retira el juez Eloy Velasco –cansado seguramente de recibir “mensajes” y con un mejor sueldo– de la instrucción de las causas Lezo y Púnica que, lejos de haber concluido, prometen destapar nuevas vergüenzas de corrupción de cargos del PP y de sus apéndices empresariales. Semanas después de dejar ver ante las cámaras, en lenguaje gestual revelador,  las presiones que han acompañado el desempeño del cargo, o después de que se negara a abrir  diligencias ante un segundo informe presentado por la UCO de la Guardia Civil sobre presunción de cohecho y prevaricación –aportado en el sumario de la Púnica–  de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, o después de que admitiera, bajo fianza, la salida de prisión de Francisco Granados.

Los ciudadanos, ante esta inacabable novela por entregas de la corrupción, tenemos una sensación de desolación y amargura mezclada con otra de rabia e impotencia. Aquí no se mueve nada, nadie del gobierno dimite, nadie da explicaciones, los portavoces eluden con suficiencia y hasta con chulería las preguntas de la prensa... “Hay que aguantar”, es la consigna. Porque cuando se conozca el siguiente caso de corrupción nos olvidaremos de éste, y así hasta el infinito. Vemos que apenas un 1% de los encausados pisa la cárcel y existe una sospecha fundada en los hechos de que la justicia barre para casa. Estamos hartos del “hoy no toca”, de respuestas vagas o salidas vacuas a lo que no se pregunta, de briefings de partido que mienten descaradamente,  de comparecencias en el Congreso leídas, que jamás entran en el fondo de los problemas, pura rutina de frases hechas. No podemos permitir por más tiempo esta representación del absurdo, porque no es la función de las ocho treinta que acaba a la salida del teatro, es una farsa que hiere cada día la vida de millones de españoles. Somos nosotros los que damos legitimidad a sus escaños y carteras ministeriales, y su obligación es darnos explicaciones serias y veraces. Pero no, utilizan el Estado de Derecho para confiscar los nuestros, el monopolio del poder para mantener sus privilegios.

Y lo peor es que esta rapacería, y la estrategia subsiguiente de ocultación, desvía la atención y paraliza las reformas urgentes en la expansión de la economía, una fiscalidad progresiva, la derogación de la ley laboral o una apuesta definitiva por la educación y la cultura. Como en épocas  pasadas, seguimos atorados con respecto a Europa, transitando en un capitalismo manco de profesionalidad, tejido en reuniones de amiguetes y compañeros de colegio, en relaciones fraternales con el poder institucional, huérfano de planificación socio-económica de altura, solo pendiente de la manduca apremiante. O sea, un capitalismo con todos sus vicios y ninguna de sus virtudes. La chapuza, el parcheado que inunda el mapa social español son el culpable de la brecha pertinaz de diez puntos en las cifras del desempleo. Mientras tanto, las sagas familiares mantienen su caudal fiduciario en las aguas procelosas de los contratos públicos, las concesiones  administrativas, las empresas a precio de saldo, las modificaciones en la clasificación del suelo...

¿Entonces, a qué salvavidas puede agarrarse el ciudadano? Cargos relevantes de la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo General del Poder Judicial, la Audiencia Nacional y hasta del Ministerio del Interior están siendo, por una u otra razón,  llamados a comparecer en el Congreso, o cuestionados por los medios de comunicación, incluso por los considerados afines al Gobierno. No sabemos si hay alguna instancia en la que confiar, parece que todo está controlado desde el poder y por el poder.

Defendamos la independencia de los órganos judiciales y policiales de investigación –la UCO se ha destacado particularmente–, en la calle si es necesario. La presión popular debe manifestarse en plataformas, asociaciones vecinales, movimientos ciudadanos y medios de comunicación responsables, para abanderar y proteger el Estado de Derecho. Hay que apoyar el trabajo de todos los que con honestidad resisten a las presiones, no miran para otro lado y reivindican los derechos constitucionales. La endémica falta de medios de la administración de justicia no es un problema de Presupuestos Generales del Estado, es una añagaza del poder político para librar a los suyos de la acción judicial.

Mientras tanto, el PSOE ha estado, con sus primarias, deshojando la margarita y dejando hacer al PP a su antojo. Celebradas las primarias, el mensaje ha sido claro: “Barones go home”, unos a sus poltronas territoriales, a disfrutar del poco tiempo que les queda; y la vieja guardia a sus honorables sillones en los consejos de administración, sobre cuyas estrategias tienen una visión más certera que para el análisis socio-político del país.

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Pedro Díaz Cepero es sociólogo y escritor.