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El Gobierno quiebra el principio de separación de poderes
Uno de los principios básicos que diferencian a los regímenes democráticos de aquellos que no lo son es el principio de la separación de poderes. En cumplimiento de tal principio, nuestra Constitución otorga el poder de aprobar las leyes al Parlamento, mientras que reserva su ejecución al Poder Ejecutivo y la garantía de su cumplimiento al Poder Judicial.
Todos los gobiernos procuran obtener apoyos suficientes en el Parlamento para sacar adelante sus iniciativas legislativas. Y esta tarea resulta especialmente compleja cuando el partido que respalda al Gobierno no cuenta con mayoría absoluta en la Cámara de diputados. Corresponde entonces al Gobierno hacer uso de su capacidad de diálogo y negociación, para ganar unas veces y para perder otras.
Hasta aquí el comportamiento de unos y otros se ajusta a la lógica de los principios democráticos. Pero tales principios se quiebran cuando el Gobierno hace uso espurio de los mecanismos de veto y de bloqueo para impedir de facto que el Congreso de los Diputados ejerza la prerrogativa constitucional de elaborar las leyes. Y esto es lo que el Gobierno del PP está haciendo precisamente desde el inicio de la presente Legislatura.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha vetado en este tiempo una treintena proposiciones de ley presentadas legítima y legalmente por los grupos de la oposición y los Parlamentos autonómicos. Han sido cinco leyes del PSOE, cinco de Unidos Podemos, dos de Ciudadanos, tres de Esquerra Republicana de Catalunya, dos del Partido Nacionalista Vasco, siete del Grupo Mixto y diez de diferentes Parlamentos de Comunidades Autónomas.
Las leyes vetadas al Partido Socialista, por ejemplo, versan sobre la garantía de suficiencia de la revalorización de las pensiones hasta la universalización de la asistencia sanitaria pública, pasando por la supresión de tasas judiciales, la rebaja del IVA cultural o el fomento de autoconsumo eléctrico.
El Gobierno se acoge a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución y en el artículo 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados, por cuanto “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.
Tal precepto constitucional y su desarrollo reglamentario están puestos en razón, porque corresponde al Ejecutivo velar por la aplicación de las leyes presupuestarias a lo largo de cada ejercicio. Es razonable y, además, no es nuevo.
Sin embargo, durante el presente mandato el Gobierno del PP ha introducido algunas novedades en absoluto razonables. Primero el número de proposiciones de ley vetadas es desmesurado. Segundo, el criterio que se utiliza para vetar las iniciativas de la oposición va más allá de las consideraciones sobre aumento de gasto o disminución de ingreso respecto al presupuesto del ejercicio corriente. El Gobierno está vetando iniciativas considerando sus implicaciones de gastos o de ingresos en presupuestos de ejercicios posteriores, que aún no se han presentado, ni debatido, ni aprobado.
Tercero, por vez primera el Gobierno no se aviene a aceptar el criterio de la Mesa del Congreso cuando muestra su disconformidad con la decisión del poder ejecutivo, cosa que solo ha ocurrido en dos ocasiones. De hecho, el Gobierno ha recurrido esta decisión al Tribunal Constitucional. Y cuarto, los grupos del Partido Popular y Ciudadanos, que forman mayoría en la Mesa del Congreso, han renunciado a rechazar los vetos abusivos y, por tanto, han renunciado a defender la prerrogativa constitucional del poder legislativo.
Por otra parte, cuando el veto no resulta un mecanismo factible o conveniente para el Gobierno, sus apoyos en la Mesa del Congreso acuden a otra herramienta igualmente irregular y fraudulenta: el bloqueo de las leyes de la oposición por la vía de la ampliación permanente de los plazos establecidos para la elaboración de enmiendas.
El artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados faculta a su Mesa para establecer sucesivos plazos de una o dos semanas para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas a las iniciativas legislativas registradas. A menudo, los grupos requieren de varias prórrogas para reunir documentación, requerir opiniones y adoptar decisiones.
El criterio mantenido en otras legislaturas facilitaba las dos primeras ampliaciones de plazo con la solicitud de un solo grupo, pero limitaba las siguientes ampliaciones con la solicitud de los grupos que representaran la mayoría del Congreso.
Tal criterio se ha roto en esta Legislatura, de tal modo que los dos grupos que tienen mayoría en la Mesa pero no en la Cámara, PP y Ciudadanos, se alían sistemáticamente para ampliar los plazos de enmiendas de la leyes que el Gobierno considera inconvenientes. Un ejemplo grave es el de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por los sindicatos para establecer una prestación de ingresos mínimos.
La Mesa del Congreso ha ampliado hasta 15 veces el plazo para enmiendas, en las últimas ocasiones solo con los votos de PP y Ciudadanos, contra el criterio de los demás grupos y de los propios autores de la iniciativa. Los sindicatos han amenazado incluso con acudir al Tribunal Constitucional en amparo.
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso precisamente para evitar estos abusos. Se plantea una limitación de dos prórrogas de plazo para la presentación de las enmiendas cuando lo solicite algún Grupo. Y establece que para acordar prórrogas posteriores sea necesario el acuerdo de los Grupos que representen a la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.
No estamos tratando cuestiones meramente reglamentarias. En democracia las formas son determinantes. Los abusos del Gobierno con sus vetos y sus bloqueos están limitando gravemente la capacidad legislativa que la Constitución otorga a los representantes del pueblo español en las Cortes Generales. Esta actitud quiebra de facto el principio democrático de la separación de poderes.
El Gobierno debe rectificar, renunciando al obstruccionismo espurio que ha practicado en estos primeros meses de legislatura. Y los diputados que hemos elegido para dirigir las tareas del Congreso desde su Mesa han de actuar conforme a la ley y al interés general, y no al dictado de los intereses políticos del Gobierno.
Rafael Simancas es diputado del PSOE y secretario general del Grupo Parlamentario Socialista
- Noticias Nos estamos jugando la democracia
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pobla
24/07/17 21:40
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ArktosUrsus
24/07/17 20:08
Señor Simancas, qué pena que estas iniciativas no se les ocurrieran cuando tenían mayoría absoluta. Ustedes han coadyuvado conscientemente al régimen que sufrimos en la actualidad. No quiero volver a la polémica sobre la Transición, pero el régimen resultante no es democrático, si nos atenemos a la definición que usted, acertadamente, hace en el artículo. No lo es porque la Constitución consagró el sometimiento de todos los poderes del estado al resultado de las elecciones legislativas. De hecho, el ejecutivo no lo eligen los ciudadanos (contra lo que muchos creen) sino el partido que cuente con mayoría suficiente en el Congreso. Los órganos rectores del Judicial se eligen de igual modo: los diputados eligen, con las mayorías oportunas, los órganos de gobierno de los jueces. Así las cosas, es sólo el poder legislativo (o mejor dicho, el partido mayoritario en el poder legislativo) el que tutela y gobierna los otros dos poderes. La pregunta es obvia. En un sistema en el que los partidos tienen tanto poder que imponen la disciplina de voto (contra lo previsto en la Constitución sobre la libertad del parlamentario) y que con los votos suficientes copa el Legislativo, ¿cabe hablar de independencia de poderes? Rotundamente no. Otra cosa sería si el Ejecutivo fuera también elegido en elecciones distintas y diferenciadas (como en tantos países de nuestro entorno) por la ciudadanía, y los órganos rectores del Judicial fueran elegidos bien por los ciudadanos o bien, al menos, por los integrantes de dicho poder. Cuando además una pata básica de éste (el Ministerio Fiscal) depende orgánicamente del Ejecutivo no es difícil entender que la independencia y separación de poderes es nominal pero no real. Duele que ustedes no se hayan dado cuanta nunca hasta ahora. Y duele más la sospecha de un "apaño" de la partitocracia para establecer un régimen basado en el poder de los partidos. Que ahora ustedes ladren a la luna no muestra sino su incapacidad absoluta para gobernar por no saber interpretar la "letra pequeña". Ustedes nunca han gobernado: han mandado. Y muy mal a juzgar por cómo les "come la tostada" el PP cada vez que ganan el Legislativo. Ahora a llorar a los Paúles
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Sancho
24/07/17 19:25
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individualiberal
24/07/17 04:48
Una nueva moción de censura no podría ser para otra cosa que para la disolución del parlamento y la convocatoria inmediata de elecciones legislativas. Podemos y Psoe no están aún lo suficientemente maduros para ello, tiempo al tiempo. Que logren trabajar juntos en CLM y no se aprueben los PGE de 2018 serían dos pasos en la buena dirección.
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TOTOFREDO
23/07/17 22:02
Este artículo, como panfleto publicitario de la actividad parlamentaria del P$O€ sobra, sería mejor que explicara el porque se abstuvieron, a sabiendas de como se comportan los partidos de gobierno, incluido ellos cuando les ha tocado. Como ha podido pasar tal cosa, "con la feroz oposición que prometieron desde el P$O€", no me digáis que nos ha vuelto a engañar Antonio Hernando ???......
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Norbert
23/07/17 18:32
Simancas si eres de los que efectivamente has permitido junto a la gestora a que Rajoy sea hoy presidente. Una persona de tu experiencia debía conocer que esto iba a suceder. El PP sabe manejarse en estas circunstancias y el PSOE debe salir de su falso discurso si quiere obtener algún resultado desde la izquierda.
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Isabelle0651
23/07/17 18:23
Votar en las urnas dentro de tres años y volver a engañar a los ciudadanos que esperan con inusitada ilusión a que caiga del cielo, por arte de birlibirloque, el pacto real y verdadero del Pe-so-e con esa izquierda que hace tanto tiempo abandonó en pos del comodísimo bipartidismo. O moción de censura urgente porque ésto no hay dios que lo aguante tres años más. ¡Viva la República de Portugal!
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quisierasaber
23/07/17 14:00
Vamos a ver Sr. Simancas, muchos artículos de la constitución y mucho rollo, pero no creo que sean tan ingenuos que no supiesen que esto iba a pasar. ud. sabe muy bien que el gobierno tiene ciertas prerrogativas y lo que está haciendo entra dentro de sus facultades y uds. lo sabían. Asi que el PSOE se abstuvo, Rajoy presidente y estas son las consecuencias. No se queje de algo que Uds. son responsables
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AMP
23/07/17 10:57
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korrosivo
23/07/17 09:51
La única manera de acabar con las arbitrariedades del gobierno es derrotar al PP en las urnas y, para eso, el votante de izquierdas debe convencerse de que 1/dividir el voto es igual a votar a Rajoy, y 2/ votar a quien no puede ganar las elecciones es no sólo votar a Rajoy, sino una soberana pérdida de tiempo. ¿Seguimos así o continuamos como estamos? Hay una tercera opción: pensar en el día siguiente antes de meter la papeleta en la urna.
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agus
24/07/17 10:51
Vamos que hay que votar al psoe segun usted, aunque no sea de izquierdas, aunque sean muy parecidos, pero muy parecidos el PP, aunque el tanden ppsoe sea lo peor que nos ha pasado en bastantes años. Pues lo siento conmigo no cuente, ya no me engañan mas, lo hicieron una vez con OTAN NO y punto
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