Plaza Pública
La urgente necesidad de reformar el Canal de Isabel II
El pasado mes de julio se celebró la junta anual de accionistas del Canal de Isabel II, la primera desde el estallido de la operación Lezo y la primera desde que fuimos conscientes de la gravedad de los casos de corrupción de sus anteriores gestores.
El mensaje de todos los intervinientes era claro: Ya ha pasado. Todo va bien. Hemos echado a los corruptos. Nosotros somos honrados y eficientes. Por tanto, todo está solucionado y los beneficios de las cuentas anuales son la mejor prueba de ello. No hay nada más que cambiar. Ya hemos reforzado las auditorías y se pondrá en venta toda la división internacional del Canal, origen de la operación Lezo. La junta, con presencia de la gran mayoría de ayuntamientos madrileños accionistas del Canal, suponía un pequeño trago y el único peaje era escuchar en ella a varios alcaldes y concejales recordando la gravedad de lo acontecido.
La manzana podrida
La corrupción descubierta en el Canal es uno más de los ya incontables casos de utilización de lo público en beneficio de unos pocos, casos que han afectado y afectan a las administraciones y empresas públicas a todas las escalas. El número, la gravedad, el largo periodo de tiempo a lo largo del cual se han producido y el alto nivel de los implicados permiten concluir, como apunta el profesor Villoria, que “la corrupción en España no es la suma de casos aislados, manzanas podridas de una cesta sana”, sino que por el contrario ha pasado a ser un problema sistémico.
Parece obvio que un tema de tanta gravedad, que es percibido entre los principales problemas de España por los ciudadanos, no puede ser resuelto con un simple cambio de gestores. Tampoco en el Canal. No cabe pensar en que el problema ha sido el de una oveja negra y que, una vez alejada del rebaño, todo volverá a funcionar como debe. La corrupción hay que prevenirla, anticiparse a ella. Las administraciones deben contar con los procedimientos y recursos para evitar que se produzca.
Lo ocurrido en el Canal de Isabel II es de tal gravedad que da cuenta de la ausencia o de la ineficacia de los controles internos y externos, y muestra un claro problema de gobernanza: de toma de decisiones y de control de las mismas. Ecologistas en Acción y la Plataforma contra la Privatización del Canal avisaron, mucho antes de la intervención judicial, del planificado proceso de eliminación premeditada de todos los controles con la excusa de la privatización. No es razonable que no se refuercen los mecanismos de control una vez constatada la realidad de lo que estas organizaciones sociales venían avisando.
El Canal: un modelo ideal para una gestión sostenible de los recursos hídricos
El Canal es un instrumento único en España para lograr una gestión sostenible y eficiente de los recursos hídricos. Lo normal en nuestro país es que cada ayuntamiento o como mucho cada comarca cuente con su propia empresa, casi siempre gestionada por concesión, para la gestión de los recursos hídricos. Existe, por tanto, una enorme heterogeneidad de situaciones, precios, calidad, servicios…. Pero es habitual detectar una grave carencia de inversiones en la renovación de las infraestructuras, un déficit claro de depuración y otros muchos problemas identificados desde hace años cada vez que se afronta cualquier diagnóstico, público o privado, sobre el agua urbana en España.
El Canal es uno de los pocos ejemplos en los que un único organismo o empresa gestiona, en una comunidad autónoma de 7 millones de habitantes, todo el ciclo del agua. Maneja la captación del recurso en los embalses, los procesos de potabilización, el transporte y distribución (abducción) a hogares y empresas y, posteriormente, también su recuperación mediante una amplia red de depuradoras. Además, se ha hecho cargo de la red de alcantarillado de un buen número de municipios. Es la plasmación del viejo ideal de la política hidráulica de Costa y los regeneracionistas del S.XIX, pero también del actual concepto de gestión integral del agua promovida por la ONU y la OCDE en sus respectivos programas sectoriales.
Es un instrumento de enorme potencia para aplicar políticas sociales, ambientales y, en definitiva, sostenibles en relación con uno de los vectores clave de la calidad de vida: los recursos hídricos. Trocear el Canal y que los municipios recuperen sus competencias sería un error imperdonable.
La necesidad de un Canal de Isabel II diferente
Es necesario cambiar el Canal, para prevenir la corrupción, reforzar la calidad de su servicio público y convertirlo en un instrumento eficaz de gestión sostenible del agua. Para ello, se debería comenzar por:
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- Mantener su carácter público. Asegurar el cambio de la ley que permite actualmente privatizar el Canal. En un sector monopolístico por definición como en de los recursos hídricos nunca tuvo sentido apostar por la privatización, mucho menos tras estos últimos años.
- Situar la transparencia y la rendición de cuentas como prioridad. Una empresa pública como el Canal tiene que ser referencia en transparencia de sus decisiones, cuentas, contratos, inversiones, planes. Solo un ejemplo: ¿Cómo es posible que los acuerdos del Consejo de Administración no sean todavía públicos?
- Participación. Basta con revisar la composición del Consejo de Administración para requerir un cambio urgente: El presidente del Canal es el consejero de Presidencia; la consejera de Economía, la vicepresidenta; el secretario es ex viceconsejero de Economía; otros dos consejeros del gobierno forman parte del máximo órgano de gestión de la empresa… Después de la que ha caído, ¿cómo se puede mantener este modelo? Resulta clave abrir el consejo a la participación de organizaciones ecologistas, usuarios, abrirlo a todos los grupos políticos con representación en la asamblea. En definitiva, cambiar el modelo de gestión de partido por una gestión abierta y participada.
- Incorporación de los ayuntamientos a la toma de decisiones. Una de las pocas herencias del proceso de privatización ha sido la incorporación de los ayuntamientos al accionariado del Canal. Sin embargo, su incidencia real en la toma de decisiones es inexistente. Es necesario crear un mecanismo real de participación de las entidades locales.
- Convertir el Canal en un instrumento de cambio de la política de recursos hídricos. El Canal tiene el tamaño, la solvencia financiera y la historia necesaria para convertirse en un referente de una política de aguas diferente, que apueste claramente por el ahorro y la reducción de las captaciones, con sequía y sin sequía, por la reutilización de las aguas depuradas, por una política tarifaria que incorpore en mayor medida los criterios sociales, por una mayor ambición en calidad del agua que se vierte a los ríos madrileños y sobre todo por ser un instrumento de inversión en la conservación y recuperación de los ecosistemas del agua en la Comunidad de Madrid, necesitados de una ambiciosa política ambiental nunca antes aplicada.
_____________________*Santiago Fernández Muñoz
es profesor titular de Geografía en la Universidad Carlos III de Madrid y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid)
