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Un Podemos transformador

Fernando Luengo

Llegar al Gobierno será un hito fundamental en el proceso de transformación de la economía y la sociedad española, que contará, conviene ser plenamente conscientes de ello, con la radical oposición de las élites políticas y las oligarquías, que no permanecerán expectantes y pasivas cuando se apliquen políticas al servicio de la mayoría social, pues inevitablemente supondrán una merma de sus privilegios (ya tenemos experiencia de todo ello en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas del cambio).

Tomemos buena nota de lo acontecido durante estos últimos años para calibrar el alcance de esas resistencias: la imposición de una política económica para satisfacer las exigencias de los grandes acreedores y deudores, de las empresas transnacionales y de las economías más poderosas, la socialización de los costes de la crisis y el empobrecimiento de amplios segmentos de la población, la ocupación y envilecimiento de las instituciones, la usurpación de la soberanía de los estados nacionales y el ataque sin contemplaciones al Gobierno griego, elegido democráticamente con un amplio apoyo popular.

Esto es un avance de lo que nos espera cuando Podemos alcance responsabilidades de gobierno. Por ello, es necesaria una acción política que, al mismo tiempo, responda y contrarreste la estrategia del poder. Una acción política en clave mediática, pues la mayor parte de los medios de comunicación se han entregado a una intensa y continuada campaña de acoso y derribo contra nosotros. Pero también, y sobre todo, una acción política orientada al empoderamiento de los círculos y los movimientos sociales, construyendo espacios de reflexión, diálogo, participación y movilización. Actuando en ambos frentes, complementarios, estaremos creando las condiciones para ganar las elecciones, por supuesto, pero también estaremos generando masa crítica para el cambio necesario.

En este contexto transformador, debemos ser plenamente conscientes de que los estados han sido colonizados por los grupos económicos. Un proceso de largo aliento, perfectamente visible antes del estallido de la economía basada en la deuda (repárese, por ejemplo, en la privilegiada posición del capital en materia de fiscalidad), pero que en los años de crisis ha alcanzado proporciones desconocidas. Las políticas aplicadas desde la troika y los gobiernos comunitarios han respondido de manera obscena a los designios de las oligarquías. A pesar de la retórica de la austeridad y pese a los recortes introducidos sobre los capítulos social y productivo, en los años de crisis, el gasto de las administraciones públicas ha seguido una marcada tendencia alcista. Además del impacto presupuestario del desempleo, hay que destacar —sobre todo porque el discurso del poder lo oculta o lo ignora—, el crecimiento del gasto debido a la captura del Estado, un asalto en toda regla, por los grupos económicos, que se ha materializado en los rescates con fondos públicos a los bancos y a los grandes deudores y acreedores y en el formidable saqueo de las finanzas públicas orquestada por los poderosos.

Hemos podido comprobar y padecer, como nunca antes, que las connivencias entre las élites políticas y económicas —puertas giratorias o espacios compartidos— es plena. La imagen icónica sobre la que pretendían sustentarse el proyecto comunitario y los estados de bienestar —el Estado como mediador y las instituciones como puente de los intereses enfrentados de las diferentes clases sociales— se ha desvanecido.

¿Reivindicar más Estado, menos Estado? No es esa la cuestión, cuando la recomposición oligárquica de las relaciones de poder implica al mismo tiempo más y menos Estado (más gasto público para sanear los balances bancarios, menos gasto público para sostener las políticas de igualdad). Con todo, revestido de una nueva legitimidad, tenemos que reivindicar con claridad el papel del Estado, que es lo mismo que decir el papel de lo público, como un decisivo actor del cambio que proponemos. La intervención del Estado es crucial para superar la crisis y, más en general, en el proceso de transformación y renovación de la economía española, una intervención que contiene y al mismo tiempo desborda los tradicionales enfoques de demanda keynesianos, basados en el componente contra cíclico del gasto público.

No puede ser de otra manera ante la envergadura de los desafíos sociales y ecológicos que hay que enfrentar. Corregir la fractura social que ha alcanzado cotas históricas y comprometerse con políticas de igualdad en materia de salud, educación e ingreso (por citar algunos ejemplos muy destacados), mejorar la posición de los débiles y excluidos, y movilizar recursos en esas direcciones requiere, inevitablemente, del concurso del sector público. Igualmente, para detener la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación de los ecosistemas, y para activar políticas encaminadas a la sostenibilidad de los procesos económicos parece necesario que imperen criterios públicos y políticos.

En un escenario todavía dominado por los altos niveles de deuda tanto en familias como empresas, el Estado debe convertirse en el principal impulsor de la demanda agregada, en la doble vertiente del consumo y la inversión. Y, por supuesto, el rediseño institucional, en el marco de un proceso constituyente, que habrá que abordar para que sea viable otra política económica, deberá tener en cuenta los intereses generales de la ciudadanía, que se expresan a través de los espacios públicos. En un nuevo escenario político donde primen por encima de todo los intereses de la gente, habría que plantearse la estricta regulación e incluso la nacionalización de algunos sectores estratégicos de fuerte impacto social como parte de un plan de rescate ciudadano.

Considero, en fin, que la intervención del Estado es central para invertir la lógica del “todo privado”, bajo el pretexto de que la asignación de recursos desde lo público es, por definición, más ineficiente. Reivindico la legitimidad de lo colectivo y lo social, y la necesidad de la intervención del Estado para que funcione bien una economía.

La nueva legitimidad del Estado y de las instituciones que lo componen reside en que se habiliten, en los diferentes niveles donde opera la administración pública, mecanismos de transparencia, control y rendición de cuentas. Pero esto no es suficiente. En paralelo, resulta imprescindible que se abran y consoliden espacios donde la ciudadanía pueda expresarse y organizarse y defender sus intereses. Se trata, en este sentido, de ir mucho más allá de las consultas electorales periódicas, que las élites utilizan para legitimar políticas contra la mayoría social, aplicando a menudo programas que nada tienen que ver con los sometidos a votación en las elecciones.

Una ciudadanía politizada, activa y comprometida. Esta es la llave maestra que nos permitirá vencer las resistencias de las oligarquías y abrir las puertas a un nuevo escenario económico y político. Pero, además, en ese proceso participativo, que Podemos debe impulsar desde ahora mismo, es clave que la ciudadanía se construya y se reconozca como actor político. Es necesario que el pueblo esté vivo y activo, empoderado y organizado, tenga voz propia y vele directamente por sus intereses, ejerza en definitiva la soberanía y la democracia de forma participativa y cotidiana, no sólo confiando su opción electoral periódicamente en unos comicios. Eso es construir pueblo en términos de proyecto político.

En ese mismo proceso se visibilizan los intereses diversos que existen en ese magma social que denominamos genéricamente “los de abajo”, diversidad que, en modo alguno hay que ignorar; intereses vinculados a la posición de los diferentes grupos en el engranaje económico y que lógicamente se expresarán a la hora de aplicar un programa de transformación profunda de la economía y la sociedad.

La crisis económica y política, y las propias transformaciones, fracturas y límites del capitalismo, hacen que emerja un amplio grupo de “damnificados” cuyos intereses coinciden hasta cierto punto y que, en determinadas condiciones, podrían confluir en la misma agenda política. La problemática compartida tiene que ver sobre todo con la corrupción, el engaño y la estafa de una clase política profundamente endogámica y conservadora; también concita un amplio consenso el rechazo ante el enriquecimiento desmedido e injustificado de una minoría que no se lo merece, pues siendo los principales causantes de la crisis se han aprovechado de la misma para reforzar posiciones y privilegios, y la percepción de una persistente degradación de las condiciones de vida de una parte de las clases medias, en las que un amplio sector de la población se reconoce o al que quisiera acceder. Y, desde luego, en el proceso de pérdida de rentas y derechos de las clases trabajadoras, que ven como sectores enteros de las mismas se ven abocadas a un drástico empobrecimiento pese a tener empleo, a la precarización o a la pura marginación por no acceder a puesto de trabajo alguno. Asimismo, este amplio grupo social podría tener intereses comunes, aunque no sean conscientes de los mismos, derivados del agravamiento de la problemática medioambiental.

Tan sólo se trata de algunos ejemplos, a los que se podrían añadir otros significativos, que apuntan en la dirección de una amplia transversalidad, sin que por ello debamos caer en el simplista lema de “somos el 99%”, que ni se corresponde con la realidad de la estructuración social, ni con las vivencias de los diferentes sectores sociales, ni con los diversos intereses de clase coexistentes.

Aunque tengo reservas ante la utilización de los términos gente/casta o arriba/abajo, visibilizan de manera contundente, y muy mediática, una nueva fractura que perjudica a la mayoría social, y que, en caso de articularse políticamente, contiene un enorme potencial transformador. Cada vez es más evidente que la casta política y la oligarquía a la que sirve forman parte del mismo “arriba” al que combatir desde los intereses de la mayoría social que configura el “abajo”. ______________

Fernando Luengo es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del círculo de Podemos Chamberí.

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