Educación fiscal contra pobreza y desigualdad

Hoy, el salario ya no cubre las necesidades básicas de gran parte de la ciudadanía. Por vez primera, desde hace mucho tiempo, se habla de “trabajadores pobres”. Además del alto paro y precariedad, que provocan que casi un tercio de población tenga dificultades para llegar a fin de mes, cerca de la mitad de trabajadores han visto reducidos sus salarios un 25% en los últimos 10 años por la reforma laboral del Partido Popular de 2012.

Si añadimos los recortes en Educación, Sanidad, atención a dependientes y Servicios Sociales, podemos afirmar sin atisbo de duda que la pobreza y la desigualdad han aumentado en España con la crisis, convirtiéndolo en uno de los Estados de la UE donde más ha aumentado la “brecha social”. Así lo constatan diferentes estudios nacionales (Oxfam Intermón, Cáritas…) y también internacionales (Eurostat, EAPN…).

En todo caso, la mayoría de población dispone apenas de los ingresos necesarios para una subsistencia elemental: alimentos, vestido, vivienda… pero no mucho más. En el Estado del Bienestar el suministro de los servicios básicos por los gobiernos (Educación, Sanidad…) permite a las familias completar su renta para afrontar una vida decente que el salario no da. La Constitución de 1978 obliga al Estado a facilitarlos por mandato democrático por ser derechos básicos de las personas.

Desde que la última reforma educativa del PP (LOMCE/Wert, 2013) eliminara la asignatura de Educación para la Ciudadanía, los jóvenes no tienen ninguna herramienta formativa que les dé cuenta de uno de los medios más importantes del funcionamiento de nuestra sociedad: la educación fiscal o tributaria. En efecto, la fiscalidad (Ingresos) es el correlato necesario para analizar el Gasto que, anualmente, cobran importancia con la discusión y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), claves para mantener y aumentar el Estado del Bienestar, patrimonio de las democracias europeas desde hace más de un siglo..

Este fenómeno traspasa también a los adultos. Más bien hay una desinformación interesada (Campañas “sin IVA”; competencia política en la bajada de impuestos…), distorsionando una de las bases fundamentales de nuestra convivencia: la solidaridad entre las personas y los territorios (cohesión social y territorial).

La Educación Fiscal o Tributaria no pretende reducirse a la enseñanza de unas prácticas que capaciten para abordar los requerimientos del sistema fiscal. Tampoco ha de limitarse a ser una exposición académica del sentido y la finalidad de los impuestos en una sociedad democrática. El objetivo primordial es transmitir valores y actitudes favorables a la responsabilidad fiscal y contrarios a las conductas defraudadoras.

Por ello, su objetivo no es tanto facilitar contenidos académicos cuanto contenidos y valores de ciudadanía que se traduce en asumir las obligaciones tributarias, primero porque lo manda la ley y después porque es un deber cívico, poniendo de relieve los efectos del incumplimiento de estas obligaciones en las personas y en la sociedad.

En la opinión pública española hay una percepción generalizada acerca del grado de cumplimiento fiscal. Esta actitud ha evolucionado positivamente a lo largo de los años de vigencia del actual sistema fiscal, en contraposición con los detentadores de las rentas más altas. En este déficit de conciencia fiscal coinciden todos los sectores sociales que, además, lo conciben como un reflejo parcial de un fenómeno más amplio: la crisis generalizada de valores en nuestra sociedad. Se demanda más ética ciudadana.

El 28% de la población española vive en riesgo de pobreza o exclusión social

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En este contexto, urge situar en el debate social, y sobre todo educativo, la importancia de la Educación fiscal o tributaria fundamental en la defensa de nuestro “modelo social”, más allá de programas de “emprendimiento” que desde diferentes instituciones financieras (BdE, CNMV…) tratan de impulsar en las instituciones educativas.

Se presenta como urgente entonces recuperar iniciativas encomiables como las de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en colaboración con  el Instituto de Estudios Fiscales, de Educación Cívico-Tributaria (en todas las lenguas constitucionales) que desarrolló en la década pasada en un portal de Internet para proporcionar a los educadores que deseen implicarse en esta actividad materiales y recursos. Un recurso, por otra parte, preferido por los jóvenes por su inmediatez, aplicación de nuevas tecnologías, capacidad interactiva y facilidad de puesta al día.

Y, por supuesto, ante el necesario Pacto de Estado por la Educación, modificar los currículos de Secundaria y Bachillerato, dando cabida a la formación fiscal en una renovada y obligatoria materia de Educación para la Ciudadanía. Nos va en ello asegurar una sociedad más justa, pacífica y cohesionada para generaciones presentes y futuras. ___________José Manzanares Núñez pertenece a la Plataforma por la Justicia Fiscal