Crisis de Estado, o del derecho a decidir(lo) todo

El 1-O consuma una crisis de Estado sin precedentes en la historia moderna de nuestro país. La gestión de Rajoy en las últimas semanas respecto a Catalunya no es más que el acto final de una larga ofensiva antisistema que ha socavado por completo los cimientos de nuestra democracia y convierte en papel mojado la Constitución de 1978: derechos y libertades, instituciones y modelo territorial.

El PP ha dejado en suspenso muchos de los derechos y libertades consagrados en el texto constitucional. La apuesta decidida de Rajoy por un modelo económico ultraliberal, antisocial y miope ha vaciado los bolsillos de la ciudadanía y de la hacienda pública para llenar los de las grandes empresas y fondos de inversión. La tasa de paro en España (17,6%) se sitúa hasta 10 puntos por encima de la media en la UE (7,8%) y arrojamos la segunda tasa de temporalidad más alta, sólo por detrás de Polonia. El salario más habitual se sitúa por debajo de los 1.000 euros/mes. En el país de la amnistía fiscal (la bandera en la solapa, la cartera en Suiza) de Montoro declarada inconstitucional por los tribunales, los grandes grupos empresariales tributan beneficios a un tipo efectivo medio del 6%, autónomos o pymes lo hacen al 15% y los trabajadores asalariados al 22%.

Como consecuencia de todo esto, el artículo 35 de la Constitución que regula el derecho al trabajo suena ya a broma de mal gusto. Con unas arcas públicas esquilmadas con traducción en forma de recortes, cabe reflexionar si los artículos 27 y 43, referidos respectivamente al derecho a la educación y a la salud, quedan conculcados cuando al inicio del curso escolar hay padres que se ven forzados a matricular a sus hijos en colegios concertados o privados ante la saturación de la red de centros públicos, colegios públicos en los que encontramos barracones en lugar de aulas, listas de espera quirúrgicas que demoran cada vez más intervenciones de las que dependen la salud y vida de decenas de miles de personas, pacientes hacinados en los pasillos de unos hospitales públicos que, año tras año, pierden financiación en favor de los conciertos económicos con la sanidad privada. El artículo 50 que regula el derecho a la suficiencia económica en la tercera edad está amenazado por un PP que ha vaciado la hucha de las pensiones. Todo esto en un marco en que la financiación y garantía material de que estos y otros muchos derechos se hagan efectivos están sujetos a un reformado artículo 135 que antepone el pago de la deuda a los bancos alemanes al sostenimiento del Estado de Bienestar.

En el capítulo de libertades, la Ley Mordaza de Rajoy atenaza, cuando no conculca, buena parte de las libertades públicas recogidas en los artículos 17, 20, 21 y 22.  Sumemos a esto la actuación del Gobierno en las últimas semanas en Catalunya: registro de medios de comunicación, secuestro de planchas y cartelería en imprentas o porrazos a abuelas y abuelos que sólo querían depositar un sobre en una urna. Atendiendo a derechos y libertades, en España, vivimos una crisis de Estado.

Respecto a las instituciones el PP ha dinamitado casi por completo el Título IV de la Constitución, referente a las atribuciones y ordenamiento de las relaciones de Gobierno y Administración. Rajoy ha utilizado las instituciones en beneficio propio, la agenda judicial da buena cuenta de la manera que tiene el PP de entender su relación con las administraciones públicas: la corrupción como forma de gobierno. Contratos públicos a dedo y capitalismo de amiguetes, cajas y sobres B, financiación ilegal, “Luis sé fuerte”, único partido en Europa imputado por la Justicia por crimen organizado. Las cloacas del Estado son probablemente el sonrojante broche final en la escalda de perversión y putrefacción de las instituciones, una maquinaria político-judicial engrasada y pilotada por Rajoy con el único objetivo de perseguir y desgastar al adversario político.

Las imágenes de distintos cuerpos policiales enfrentados entre sí o de la Policía Nacional cargando contra el cuerpo de bomberos este domingo en Catalunya, ilustran a la perfección la crisis de Estado que atraviesa el país, con reflejo en sus instituciones y Administración Pública.

Por último, el modelo territorial. Al margen del desarrollo desacompasado y asimétrico del modelo autonómico, el 1-O es el reflejo del fracaso del Gobierno respecto al encaje territorial. El PP ha apostado de manera irresponsable por la confrontación abierta con Catalunya, atendiendo a una perversa lógica según la cual y habida cuenta de su papel residual en el sistema de partidos catalán, el negacionismo de la plurinacionalidad y los ataques al autogobierno catalán se traducen de forma directa en un aumento de votos fuera de Catalunya. Así ocurrió en 2006 cuando el Estatut, tras ser refrendado por la ciudadanía catalana y aprobado por Parlament y Congreso de los Diputados, fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por parte del PP. De aquéllos polvos, estos lodos. Así ha ocurrido en las últimas semanas, cuando Rajoy ha antepuesto sus intereses de partido al diálogo y al proyecto común. Sentido de Estado, cero. El simple hecho de que hablemos estos días sobre la posible aplicación del artículo 155 y la suspensión de la autonomía catalana dan fe de la crisis de Estado que sacude nuestro país: un modelo territorial quebrado.

España dum dum

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Así las cosas, el PP ha hecho añicos la Constitución de 1978, sin respeto a la reglas del juego, nuestra democracia está amenazada. Es momento de valentía y diálogo. Rajoy es la antítesis de la valentía y del diálogo, por eso los demócratas tenemos la obligación de echarle. No esperamos nada de Rivera y su hooliganismo chic, pero sí de Pedro Sánchez, del candidato en las primarias del PSOE que decía representar a la izquierda frente a las élites políticas y económicas que le depusieron de su cargo en Ferraz meses antes, a golpe de gestora, para facilitar la investidura a Rajoy. Desde Podemos emplazamos a la unidad de todas las fuerzas políticas democráticas frente a la crisis de Estado y la deriva autoritaria que sufre nuestro país. Los números dan para echar al PP y a C’s, ya no vale ponerse de perfil.

Y después, restablecido el marco democrático, más valentía y diálogo. Dar la voz a la ciudadanía. Quizá descubramos no sólo que ocho de cada diez catalanes quiere votar en un referéndum vinculante y con garantías, sino que también hay una notable proporción de la ciudadanía española que apuesta por un sistema fiscal progresivo en que paguen más lo que más tienen; que defienden un blindaje constitucional de los derechos a la sanidad y la educación públicas o a una pensión de jubilación digna; que quieren un país implacable frente a la corrupción y el fin de las puertas giratorias; que se decanta por un modelo económico más allá del turismo y el cemento; que reconoce la plurinacionalidad como algo enriquecedor e inclusivo; que considera que vive en una democracia madura preparada para pasar de una vez por todas de pantalla: derecho a decidirlo todo, proceso constituyente, refundar España. _________

Víctor Rey es secretario de Análisis y Programa de Podemos Comunidad de Madrid