RTVE: la reforma que se hace esperar

Si aceptamos que una parte inherente de la política consiste en prometer lo que se va a hacer, y de explicar a continuación por qué no se ha hecho, los grupos parlamentarios van a tener especialmente difícil de explicar la falta de acuerdo sobre la comprometida reforma de RTVE, que va a llegar al final de año envuelta en tantas contradicciones que ni los propios letrados del Congreso pueden aclarar qué pasaría si no se cumple el plazo estipulado para la elaboración del reglamento que expira, precisamente, el 31 de diciembre de 2017.

¿De verdad es imposible que los grupos partidarios de impulsar la reforma se pongan de acuerdo en la elaboración de un reglamento y en la constitución de una comisión que permita elegir por concurso a un consejo paritario de 10 miembros y al presidente (o presidenta) de RTVE? Perdón por el vulgarismo, pero no cuela. Si bien es cierto que algunos grupos han mostrado a lo largo del año su voluntad inequívoca de recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos, el hecho fehaciente es que ya sea la aritmética parlamentaria, las diferentes propuestas para desgubernamentalizar el medio, los pactos inconfesables para no ceder el control ejercido durante décadas, o una suma de todo ello, lo que ha conducido la reforma a un punto muerto en el que ciertos grupos políticos parecen haber encontrado una zona de confort para no arriesgar con la fórmula del concurso público.

Con todas las dificultades y salvedades que quieran hacerse en su aplicación, la elaboración del reglamento que regule el concurso público es la prueba de fuego que los grupos políticos deben acordar para trasladar un mensaje de credibilidad a la sociedad civil y demostrar de una vez por todas que su voluntad de regeneración trasciende a cualquier tentación de control o a reparto de cuotas sobre RTVE. Es elogiable que al menos uno de estos grupos haya hecho pública su propuesta para que cualquier persona pueda “presentar su solicitud como precandidato” para ser evaluado por un comité de expertos cuyos miembros serían elegidos a su vez por sorteo. Este procedimiento, que sin duda sería laborioso, –la democracia tiene estas molestias– podría significar un avance notable en la elección de un Consejo de Administración y una Presidencia independiente para RTVE.

Pero los grupos parlamentarios del Congreso no han alcanzado un acuerdo, incumpliendo así la propia ley que ellos mismos aprobaron: “Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos”. Lo cual aumenta la incertidumbre y abre la puerta a todo tipo de interpretaciones sobre el futuro modelo de gestión. Hay un resquicio, sí, puesto que los letrados del Congreso ya han dicho que el 31 de diciembre no es un plazo preclusivo. Podría haber algún tipo de acuerdo en enero. Pero para ello haría falta voluntad política. 

Lo que ha sucedido es un contrasentido frente al que los grupos no podrían plantear más excusas que su propia incompetencia, la dejación o puede que el boicot (en alguno de los casos), para evitar que la comprometida reforma entre en vigor con garantías de independencia, o lo que es peor, que el texto avanzado a duras penas a lo largo del año sea rehén de su propia inconsistencia y entre en escena la peor de las interpretaciones: una continuidad de la actual presidencia hasta el mes de junio de 2018.

No es esa la opción en la que han confiado muchos sectores sociales y profesionales. Que nuestros parlamentarios tengan una nueva ley sobre la mesa con la fórmula de un concurso público al alcance de la mano no es producto de una casualidad ni es una oportunidad que puede ser despreciada para generar más incertidumbre o dilatar ad eternum la reforma aprobada el pasado mes de septiembre, máxime cuando el Tribunal Constitucional ha declarado parcialmente ilegal el decreto ley que pervirtió el modelo de gestión en 2012.

RTVE: el futuro del servicio público en juego

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Mientras el tiempo se esfuma entre disquisiciones jurídicas y embrollos legislativos, RTVE encara el año 2018 con enormes desafíos: recuperar la credibilidad, renovar el mandato marco y negociar un nuevo contrato programa, su estabilidad financiera, modernización, conversión en un servicio público multimedia y lograr la participación social, de modo que RTVE sea considerado verdadero patrimonio de toda la sociedad.

Un acuerdo sobre la reforma de RTVE, aunque sea in extremis, sería la mejor manera de ganar credibilidad ante estos crecientes desafíos que dan la medida de la calidad democrática de un país. Lo realmente importante es que el procedimiento sea transparente, que garantice que se seleccione a candidatos de probada competencia profesional y trayectoria de servicio público, de modo que los consensos parlamentarios requeridos por la ley no degeneren una vez más en cuotas de poder en la composición del Consejo. La voluntad política puede hacer que todo sea muy complejo o sorprendentemente sencillo, tan sencillo como primar el interés general, el compromiso adquirido y el consenso a los intereses de partido. _____________________Pedro Soler, Enrique Bustamante, Rafael Díaz y Roberto Méndes

son miembros del grupo de estudios Teledetodos.