Plaza Pública
La economía colaborativa tiene la solución para el pleno empleo
La desaparición de los derechos laborales, ésta parece ser la solución que Deliveroo propone para incrementar el empleo en la Unión Europea de acuerdo con el escrito que presentó ante la Comisión Europea la semana pasada. La amenaza velada del documento: si la empresa se ve obligada a reconocer derechos laborales a los repartidores, se perderán miles de empleos. Con esta predicción, Deliveroo, una vez más, levanta el velo de la economía colaborativa para mostrar su genuina naturaleza. La disyuntiva es clara: ¿Queréis empleo? Dejadme explotar a los trabajadores y no me obliguéis a cotizar a la Seguridad Social por ellos.
Este escrito no aparece por casualidad ahora. Es la última medida desesperada para tratar de salvar un modelo de negocio que se ha descubierto, desde varios frentes, muy peligroso. Por una parte, en los últimos meses han aparecido múltiples estudios que denuncian la precariedad de los trabajadores que prestan servicios a través de plataformas virtuales (no solamente Deliveroo). Los susodichos análisis confirman que estos trabajadores se encuentran desprotegidos ante situaciones de enfermedad o accidentes, les obligan a trabajar más horas, cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional, que trabajan de forma irregular y en horarios impredecibles e, incluso, se ha demostrado que son trabajadores sujetos a mayor probabilidad de sufrir acoso sexual, dado que la empresa se desentiende de ellos y no les protege. Estos informes, obviamente, han puesto en entredicho la legitimidad con la que estas empresas actúan. Y, por supuesto, no es el único frente abierto que la empresa debe atender.
La pretendida legalidad en la cual se amparaban también ha quedado tambaleándose tras la última acometida de la Inspección de Trabajo. En este sentido, el pasado mes de diciembre la Inspección concluyó que Deliveroo incurre en un comportamiento ilegal consistente en no conceder derechos laborales a sus trabajadores. La empresa alega que se limita a poner en contacto a repartidores con restaurantes sin ejercer control sobre ellos y, por ello, los califica como autónomos. Sin embargo, Trabajo mantiene que la situación presentada se encuentra muy alejada de la realidad. Una realidad donde Deliveroo se sirve de los últimos medios tecnológicos a su alcance para controlar a los ridersriders y asegurarse de que cumplen con sus instrucciones y mejoran sus tiempos de reparto al máximo. De hecho, todo apunta a que Deliveroo, a través de la utilización de la tecnología, ejerce una presión y un control sobre los repartidores con una intensidad muy superior a la de cualquier empresa tradicional (como ya se había dicho para el caso de los conductores de Uber).
De esta manera, deslegitimada su actividad, dada la precariedad que provoca, y apuntada la ilegalidad de su actuación respecto a los repartidores, parece obvio que su única esperanza radica en recurrir a la presión a los poderes públicos para que estos confeccionen la legislación siguiendo un patrón que les permita seguir actuando como lo han hecho hasta el momento. El trato que ofrecen es sencillo: solicitan que se legalice la precariedad y, a cambio, se comprometen a crear el empleo que los poderes públicos tanto codician.
Sin embargo, es conveniente plantearse la conveniencia del pacto ofrecido por varios motivos. El principal es la cuestión de la utilidad del pleno empleo, si los trabajos precarios generados no permiten llegar a fin de mes. Precisamente, en la salida de la crisis, los países han empezado a tomar conciencia de la necesidad de incrementar la calidad y no únicamente la cantidad del trabajo. Pero, además, en este caso concreto, la amenaza de la pérdida de empleo es paradójica por otra razón. Deliveroo no contrata a ningún repartidor ni cotiza a la Seguridad Social por ellos —no aporta a la caja de las pensiones—, de esta forma, su desaparición no puede provocar pérdidas de empleo ni de ingresos.
En cualquier caso, el verdadero peligro no viene por la pérdida de lo que nunca se tuvo, sino por el posible contagio de un modelo ilegal e ilegítimo de trabajo hacia otras empresas que cumplen con la legalidad y no precarizan, pero que actualmente no pueden competir con aquéllas que ofrecen servicios mucho más baratos a costa de los derechos de los trabajadores. De ahí la necesaria intervención pública.
En definitiva, Deliveroo está apuntando con una pistola de fogueo, tratando de amedrentar a los poderes públicos con un simple farol. Pero, obviamente, esto no pasará, ¿verdad? _____________Adrián Todolí Signes es profesor doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia.
