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Plaza Pública

¿Qué hay de nuevo con la desigualdad?

Fernando Luengo Publicada 25/01/2018 a las 06:00 Actualizada 23/01/2018 a las 20:23    
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Cada año, el EuroMemo Group –European Economists for an Alternative Economic Policy– entrega un informe donde se ponen sobre la mesa los desafíos que enfrenta Europa y, a la luz de los mismos, valoran las políticas seguidas por Bruselas y los gobiernos europeos. Acaba de ver la luz el último de estos informes titulado Can the EU still be saved? The implications of a multi-speed Europe.

En el apartado dedicado a la desigualdad y la crisis social, los autores toman nota del cambio de posición de las instituciones internacionales representantes del Consenso de Washington –Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- al respecto de la desigualdad. Estas instituciones, a las que cabe añadir la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, de impronta marcadamente conservadora, consideran ahora que la desigualdad lastra el funcionamiento de las economías, las hace más ineficientes, reduciendo de esta manera su potencial de crecimiento.

Estas mismas instituciones consideraban, hasta hace bien poco, que, más allá de consideraciones morales, la inequidad era el lubricante necesario para un adecuado funcionamiento del engranaje económico. Con esta perspectiva, se sostenía que la desigualdad de ingreso era un estímulo para la acumulación de “capital humano”. Quienes invertían en su formación, al contribuir a la mejora de la productividad global de la economía, podían esperar ser recompensados por el mercado. También se afirmaba que la inequidad premiaba la inversión, pues los grupos que disponían de mayor renta tenían asimismo más disposición al ahorro, el cual alimentaba la actividad inversora.

Ahora, sin renunciar a ese relato (que se mantiene en lo fundamental), esas instituciones internacionales descubren, tardíamente, el pasivo de una desigualdad excesiva. Una buena noticia, como señalan los redactores del euromemorandum, pues ha contribuido a introducir en los debates políticos y económicos un tema que, hasta el momento, había ocupado un espacio marginal.

Pero hay que decir que, al mismo tiempo, estas mismas instituciones –cuyos dirigentes, si reparamos en las suculentas retribuciones que perciben, son un buen ejemplo de la desigualdad existente– han abanderado y exigido, y lo siguen haciendo, la aplicación de políticas que han perjudicado a las mayorías sociales, beneficiando a las elites. Ejemplos de estas políticas son la desregulación de las relaciones laborales, los rescates de los grandes bancos, el aumento de la presión fiscal sobre las clases medias y los trabajadores y los recortes en el gasto público social y productivo. ¿Sorpresa? No, es un clásico entre nuestros gobernantes: decir una cosa y hacer lo contrario.

No hay, pues, tanta novedad en el “novedoso” enfoque de las instituciones. Ni siquiera la gran novedad está en el aumento, sin precedentes, de la desigualdad; proceso que, por lo demás, ya era evidente al menos desde la década de los ochenta del pasado siglo, cuando el neoliberalismo, su lógica económica y los intereses que defiende, pasó a determinar el rumbo de las políticas públicas.

Sin quitar un ápice de importancia al imparable aumento de la desigualdad durante los años de crisis –crecimiento de la pobreza y generalización de la precariedad, deterioro de las clases medias y enriquecimiento de las elites–, me parece todavía más relevante, por el enorme calado que tiene, la quiebra de las instituciones, que explica, enquista y dota de perfiles nuevos este proceso.

Esta quiebra se refleja, de manera muy especial, en la deriva y captura por los grupos económicos privados de las políticas públicas que constituían la clave de bóveda de las estrategias redistributivas. No sólo han conocido severos recortes, sino que, con el pretexto de su insostenibilidad y de su saneamiento, han sido objeto de un imparable proceso de mercantilización y privatización.

Con un lenguaje manifiestamente tramposo e interesado, se ha impuesto un relato que sitúa el (supuesto) desorden de las finanzas públicas en el centro del desencadenante y pervivencia de la crisis; y se han abierto camino las falacias de que el estado debe actuar como una familia o de que los ajustes presupuestarios alumbrarán la recuperación. Estos planteamientos contribuyen a deslegitimar y cuestionar lo público, al que se cuelga el sambenito de la ineficiencia, en tanto que a lo privado se le reconoce una intrínseca racionalidad.

Se ha designado al estado como culpable y al mercado como solución. Poco importa que la evidencia empírica desmienta tan burdo diagnóstico y apunte de manera abrumadora a la industria financiera privada, a la asunción de riesgos excesivos, a la búsqueda de ganancias especulativas y al déficit de regulación de estos mercados. Tampoco importa demasiado que las políticas austeritarias hayan encerrado a las economías en un bucle que ha prolongado y agravado la crisis.

Lo que sí importa, y mucho, a las elites es que esta fractura institucional abre las puertas a su enriquecimiento. Es muy lucrativo mantener y alimentar el diagnóstico de la culpabilidad de las políticas y las instituciones públicas. Cuestionada su legitimidad y privadas de recursos, el reparto de la renta y la riqueza queda en manos de los mercados, de las corporaciones y de los lobbies que los gobiernan.

De modo que, cuando ha transcurrido una década desde el estallido de la crisis financiera, nos encontramos con economías más desiguales, heridas por una fractura institucional de largo recorrido que alumbra un capitalismo donde la desposesión es una de sus principales señas de identidad.
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Fernando Luengo es miembro de la Secretaría de Europa de Podemos
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