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Plaza Pública

Democracia para salir del 'impasse'

José Errejón Publicada 22/02/2018 a las 06:00 Actualizada 21/02/2018 a las 21:25    
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1. La ventana abierta en 2011 puede estar a punto de cerrarse. No haber sacado del gobierno al partido de la corrupción y haber carecido de solución para Cataluña sumado a los efectos legitimadores para el gobierno del PP de la recuperación económica puede pasar factura a las izquierdas que aparecen ante el electorado como carentes de sentido de la responsabilidad y capacidad para gobernar. Frente a un PP infectado por la corrupción, pero “responsable” en el ejercicio del gobierno, las izquierdas aparecen como indignas de confianza.

2.- Esta hipótesis puede ser confirmada vista la erosión por la ofensiva neoliberal de aquellas instituciones que han servido de proyección y refugio contra los efectos del mercado dañinos para el medio ambiente, los derechos sociales y la democracia. Los efectos de la crisis comenzada en 2008 y las políticas aplicadas para combatirlas han debilitado aún más estas instituciones refugios por lo que las nuevas ofensivas impulsadas por la derecha y el capital financiero tienen menos probabilidades de ser contenidas y, eventualmente, frenadas. Después del auge de las movilizaciones sociales post 2011, estas han desaparecido y los conflictos por la distribución de las cargas públicas del poder y de la riqueza solo pueden ser dirimidos en la arena institucional. 

3.- El proyecto de salida de la crisis de las derechas pasa, está pasando ya, por la reducción muy significativa de las potestades de la democracia representativa y de los derechos efectivos de la ciudadanía. Se ha visto con los recortes en materia de salud, educación o dependencia y se está viendo y se va a ver más con la quiebra inducida del sistema público de pensiones. No hay garantía alguna contra este proceso de regresión pero sí hay una certeza: sólo será posible frenarlo si las derechas políticas son desalojadas del mayor número posible de instituciones y los gobiernos que las suceden abordan programas de mejora en las condiciones de vida de las clases populares y de redemocratización de las instituciones públicas.

4.- Un programa de estas características solo es pensable en la perspectiva de un gobierno que tenga el apoyo del conjunto de las fuerzas de izquierda en el Estado español articuladas en un acuerdo amplio en torno al objetivo histórico de un proceso materialmente constituyente orientado a asentar un marco de convivencia basado en el respeto a la diversidad, la solidaridad y la democracia como forma de gobernar la convivencia colectiva. Que ese proceso desemboque en una nueva Constitución o que conduzca a la reforma de la vigente no me parece sustantivo.

La materialización de ese proceso constituyente puede concretarse en la conquista de poderes locales y autonómicos y la conservación de aquellos en los que se gobierna centrándose en el antes citado doble objetivo de mejorar las condiciones de vida de los de abajo y de redemocratizar las instituciones. Pero puede y debe reflejarse también en el fortalecimiento de todas aquellas instituciones emergidas con el impulso del 15M que quedaron en segundo plano con la institucionalización asociada a Podemos y las candidaturas de unidad popular (PAH, Mareas, Luchas contra la pobreza, sindicatos de inquilinos, neorurales y ecoaldeas, etc.).

Las instituciones del Estado conquistadas pueden ayudar al mantenimiento y fortalecimiento de estas instituciones societarias pero deben abstenerse de intervenir en su gestión y orientación. Su contribución al proceso constituyente democrático sólo será posible si de forma efectiva se concreta en un movimiento de libres iniciativas que contrarresten la devastación de lo social producida por la hegemonía neoliberal y las políticas austeritarias.

5.- Las fuerzas políticas de izquierda de ámbito estatal no están, desde luego, en su mejor momento para protagonizar un proceso de entendimiento. Tras el fiasco de la fallida investidura de Pedro Sánchez en la primavera de 2016 que hizo posible la permanencia del PP en el gobierno y que fuera este el que abordara la crisis de Cataluña que se venía gestando desde la STC de 31/2010 y la reelección de Sánchez como Secretario General del PSOE en la primavera de 2017 y su consideración de Podemos como “socio preferente”, hizo concebir esperanzas de una segunda oportunidad de sacar al PP del gobierno del Estado. La prematura moción de censura de Iglesias reavivó la desconfianza del PSOE (siempre alentadas por su felipismo subyacente) hacia las intenciones del primero, al que se veía como continuador de las ensoñaciones sobre el sorpasso de Julio Anguita. Y, en este marco reavivado de desconfianza, la aceleración del procès –a su vez fruto de un cálculo erróneo sobre la debilidad del Gobierno y del régimen– ha cogido a los dos partidos de izquierda sin posibilidad de ofrecer una salida que diera satisfacción a la aspiración democrática de la inmensa mayoría de la sociedad catalana al tiempo que evitaba el resurgimiento de un nacionalismo españolista basado en los prejuicios y el resentimiento contra el “egoísmo de Cataluña1.

La respuesta del gobierno del PP al 1-O ha ensanchado aún más las diferencias entre el PSOE y Podemos. El primero a pesar de su enfática declaración sobre la plurinacionalidad en su 39º Congreso no ha sido capaz de encontrar una vía distinta de la puramente represiva con la aplicación del 155 en cuyo diseño ha colaborado. El segundo con su pretensión de equidistancia entre la DUI y el 155 ha terminado por carecer de posición propia perdiendo votos en favor de los bloques independentistas y “constitucionalistas”.

Es así que una disyuntiva falsa en términos de soberanía –de la nación española versus secesión y emergencia de la soberanía catalana– ha conseguido ocultar los reales términos del conflicto político en nuestro país, que es el que enfrenta los designios oligárquicos y desdemocratizadores de los partidos del régimen (con la relevante presencia de Felipe González y PRISA) con las aspiraciones a la dignidad, la igualdad y la justicia de las mayorías sociales.

Pero los términos de este conflicto distan de ser reconocidos por una gran parte de la sociedad española, que ha asistido a la generalización de una confusión en la que ha podido convertirse en hegemónico el discurso neocentralista en el que las aspiraciones al autogobierno del 47% de la sociedad catalana podían ser descalificadas como la expresión del egoísmo y la insolidaridad de una región rica deseosa de soltar el lastre de las regiones menos desarrolladas del Estado español. Así, un vago solidarismo (inexistente por cierto en los momentos en los que miles de familias eran expulsadas de sus viviendas mientras los bancos eran rescatados con el dinero de los contribuyentes) se mezclaba con el españolismo más reaccionario para impulsar una movilización social que, con la ayuda de todos los medios estatales de comunicación, buscaba fabricar legitimidad social para la represión del 155 y de legitimar cualquier intento de reflexión y debate en clave democrática sobre el alcance de las aspiraciones soberanistas catalanas y las posibles fórmulas de encaje en una Constitución renovada.

6.- Los resultados de las elecciones convocadas al amparo del 155 han revalidado la mayoría parlamentaria del independentismo, aunque las dificultades procesales que conlleva imposibilitan que quien es el candidato legítimo a la investidura como president de la Generalitat pueda siquiera intentarlo. Al punto que en el horizonte más próximo vuelve a estar la prolongación del 155 –es decir, un Estado de excepción constitucional– y/o la convocatoria de unas nuevas elecciones. Y todo ello gestionado, por lo que al gobierno del Estado se refiere, por un partido incurso en múltiples procesos judiciales que lo descalifican para conducir los asuntos públicos en una situación tan compleja.

Cualquiera de los escenarios posibles en el corto plazo es desfavorable para la izquierda. La continuación del pulso entre los independentistas invocando la legitimidad del 1-O y el 21D y el gobierno del Estado oculta los grandes debates que debieran ocupar la política española, especialmente aquellos que afectan a los derechos sociales y a las condiciones de vida de las clases populares (desempleo, pensiones, pobreza, desigualdad etc.) y que son los que permiten visualizar de forma más evidente el enfrentamiento entre el proyecto oligárquico y desdemocratizador de la derecha y el de la defensa de la democracia que debiera postular la izquierda.

Es verdad que un cierre en falso de la crisis en Cataluña (el indicador más relevante de la aguda crisis del régimen del 78) no haría sino aplazar, una vez más en una historia de siglos, su resolución y añadir otra frustración histórica con sus secuelas de desafección, apatía y cinismo en la sociedad catalana. Pero las condiciones objetivas y la relación de fuerzas entre los contendientes no permiten augurar muchas posibilidades para una salida democrática que satisfaga las aspiraciones soberanistas.

La modificación del equilibrio de fuerzas entre los contendientes exige un cambio en el enunciado del propio conflicto. En breve: las aspiraciones nacionales del 47% de la sociedad catalana solo pueden ser satisfechas en el marco y en la perspectiva de la reforma democrática del Estado. Lo que la Constitución del 78 ha permitido avanzar en este sentido no parece suficiente para el éxito de la empresa. Y tampoco ayuda, obvio es decirlo, la permanencia en el gobierno del Estado de un partido cuya interpretación del derecho autonómico se orienta más hacia una rancia desconcentración administrativa que hacia una estructura federal del Estado.

Las direcciones independentistas deben entender que sin este cambio de enunciado la prosecución de sus objetivos está condenada a chocar contra la legalidad y las instituciones del Estado (especialmente del poder judicial), con una legitimación recrecida por el movimiento nacionalista español. Deben entender también que la suerte de sus objetivos está asociada a la mejora de las posiciones de las fuerzas políticas y sociales que en España se oponen a la deriva desdemocratizadora del gobierno del PP. Y actuar en consecuencia sorteando los obstáculos judiciales, promoviendo una investidura que permita constituir a la mayor brevedad un gobierno e impulsar un programa de fuerte contenido social desde el que se pueda ampliar la mayoría parlamentaria aislando al PP y a Cs. La república catalana para pasar del dominio simbólico en el que la ubican algunos independentistas a un proyecto político con respaldo social mayoritario debe ganar las voluntades de esa porción de las clases populares cuyos votos han sido contabilizados “a favor del 155”.

7.- Las izquierdas españolas, por su parte, también tienen tarea. El último gobierno del PSOE terminó su mandato en medio de lo peor de la crisis comenzada en 2008 y después de haber cedido a las presiones del BCE para operar un brusco cambio en el rumbo político y adaptarlo a los imperativos de austeridad dictados por Bruselas. Desde entonces las políticas aplicadas en nuestro país han sido fieles a esa orientación sin que hasta el momento hayan sido objeto de evaluación alguna.

Pero esta evaluación es algo más que una exigencia de pulcritud en la gestión. La sociedad española tiene derecho a conocer cuáles han sido los efectos de la aplicación de estas políticas, en qué medida han contribuido al bienestar, a la cohesión social y a la solidaridad, si han representado una mejora en las condiciones de vida de la mayoría o han beneficiado más a unos grupos sociales que a otros. Ha transcurrido tiempo suficiente para que la evaluación pueda ser llevada a cabo con garantías u objetividad y en pos de aportar el mejor conocimiento a la ciudadanía a la que compete el juicio último sobre tales políticas.

La representación de la ciudadanía debería abordar sin dilación esta tarea y hacerlo en un marco de seguridad que alentara la reflexión y el debate más fructífero. La senda a seguir en los próximos años tras casi tres de parálisis de la labor de gobierno debe ser emprendida con las mayores garantías posibles de eficacia, sostenibilidad y profundización de la democracia en la acción de gobierno. La pretensión de convalidar estas políticas sin que la ciudadanía pueda juzgar estos efectos supondría una estafa para la democracia avanzando un paso más en su banalización.

Es más que evidente que ni el PP ni Cs van a fomentar esta evaluación política, más bien es de esperar que la obstaculicen cuanto puedan por lo que pudieran representar de crítica, no sólo a lo realizado, sino a sus proyectos de futuro. Es responsabilidad del PSOE y Podemos impulsar esta evaluación y hacerlo, además, en todos los niveles de gobierno que le sea posible, desde el Estado hasta el más pequeño de los ayuntamientos. Hay que examinar qué es lo que se ha hecho en estos ocho años, cómo se ha hecho, cuánto ha costado y qué alternativas había a lo realizado.

Si esa tarea se aborda con rigor, facilitará el indispensable entendimiento entre ambas formaciones, a la vez que un examen autocrítico de sus respectivas posiciones. En el PSOE porque sin un examen autocrítico de las implicaciones de la reforma del artículo 135 y su posterior desarrollo no le será posible afrontar con mínimas garantías de éxito la actualización del proyecto socialdemócrata. Para Podemos se trata de un ejercicio indispensable una vez terminada la fase en la que la generosidad del electorado disculpaba la levedad de su proyecto político.

8.- El futuro de nuestra convivencia en sociedad presenta indudables rasgos de incertidumbre que no debiéramos permitir se convirtieran en miedo, el peor enemigo de la democracia. La envergadura de los retos que se nos plantean –la cada vez más perceptible crisis ecológica, la crisis de los sistemas de protección social, la crisis fiscal del Estado y el encaje mismo de la diversidad nacional dentro del Estado– exige toda una estrategia de empoderamiento social y ciudadano que nos capacite individual y colectivamente para hacernos responsables y protagonistas de nuestro futuro común. La democracia, así, no solo es una exigencia ética: es la condición de sostenibilidad de la convivencia civilizada y en libertad.

Una tendencia radicalmente antidemocrática está creciendo en diversas regiones del mundo sobre la base de reducir las incertidumbres y aplacar los miedos a cambio de una renuncia absoluta de las sociedades a gobernar sus destinos. Es una tendencia que está ganando gobiernos y partidos conservadores pero que también alienta la emergencia de formaciones parafascistas. Tal vez en la lucha por la democracia, como a mediados del siglo XX, podamos encontrar senderos de mayor justicia y cohesión social.
___________________

1. Visto en perspectiva parece increíble que las direcciones de PSOE y Podemos no advirtieran la relevancia que adquiría que la resolución de la crisis catalana se produjera con un gobierno que no fuera del partido que había concebido el golpe constitucional contra el Estatut de Cataluña.
___________________

José Errejón es administrador civil del Estado.
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7 Comentarios
  • @tierry_precioso @tierry_precioso 24/02/18 18:11

    Por suerte la unión de la izquierda va a estar casi obligada en las próximas elecciones autonómicas y locales. Lo que pasa es que antes pueden pasar muchas cosas incluso de las mejores.
    José Errejon intenta transmitir una impronta "ecuménica" a la izquierda y me parece que es para agradecerlo. No sé de donde saca la paciencia para tamaña empresa.

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  • TOTOFREDO TOTOFREDO 23/02/18 10:37

    Al inicio del movimiento del 15M se trató de centrar el debate, eliminando la disyuntiva entre derechas e izquierdas, centrándolo "entre los que tienen y los no tienen", o dicho de otra manera, "entre los que defienden a los tienen todo y los que defienden a los que tienen más bien poco, casi nada o nada..".

    Conseguir que un gobierno de la nación, en éste caso, sea de los que "defiende a los que tienen más bien poco, casi nada o nada..", depende sobre todo de la voluntad de ésos partidos que llevan en sus siglas identificativos que les ubican allí.

    Para haber sacado del gobierno al PP, NUNCA C's debería haber apoyado la investidura (lo repitieron hasta la saciedad, haciendo hincapié en M.Rajoy.....) si hubiera habido otro candidato por parte del PP hasta me podría callar, el P$O€ NO debería haber pasado del NO es NO a la abstención, y debería haber explicado a la sociedad en general y a sus votantes en particular, porqué un partido "que se dice de gobierno" es sometido a presiones por parte de grandes empresas (Telefónica y otros) del IBEX.....

    Recurrir al mismo argumentario "de la falta de la unión en la izquierda", es escurrir el bulto y mezclar todo en "ése río revuelto del que siempre sacan ganancia los pescadores profesionales".... PP-P$O€ y ahora C's (éste viene con nuevas artes pelágicas).....así que ojito..!!!!

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  • @tierry_precioso @tierry_precioso 22/02/18 12:45

    Buenos dîas. Lo digo sin malicia: estoy seguro que José Sanroma Aldea entiende con mâs rapidez que yo esta columna. Ocurre que ademâs tengo el tiempo contado antes de ir a trabajar.
    La libertad y la democracia no son solamente instrumentales, de verdad creo que son lo mâs importante. Y no estoy nada seguro del apego de una buena parte de la izquierda a la democracia, me parece que les gusta esta libertad compartida cuando pueden sacar tajada pero que de encontrarse en situación dominante podrían apoyar una política muy autoritaria. Eso viene de lejos, si nos sinceramos creo que debemos reconocer que en los años treinta la izquierda republicana fue muy deficiente en cuanto a respeto a la libertad y a la democracia. No escribo este comentario para que os enfadéis.

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  • Domingo Sanz Domingo Sanz 22/02/18 10:02

    Iñigo, la situación política de este país es insostenible y muy peligrosa. El papel de Podemos puede ser similar al de los demás partidos, tal cual tu exposicion, o rompedor, pero plenamente pacifico y legal. En Librepensadores hay una carta a Pablo Iglesias publicada en día 18 que también se ha debatido en alguna Plaza Podemos.

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  • Copito Copito 22/02/18 09:27

    Me ha parecido un artículo interesantísimo. Pienso lo mismo, mientras persistan en el Gobierno estos partidos de derecha tan radicales, ni el país ni Cataluña vamos a llegar a buen puerto, porque mientras se recorte el estado del bienestar, los derechos y la libertad, el rencor y el malestar seguirán buscando cualquier resquicio para expresar su indignación. La izquierda se tiene que poner las pilas y juntar fuerzas. No es fácil pero es necesario.

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  • geuk geuk 22/02/18 09:09

    CON UNA IZQUIERDA ESPAÑOLA QUE NO ESTÁ DANDO LA TALLA EN SU PAÍS Y SE VAN A OTROS PAÍSES.A QUÉ?LIMPIA TU CASA Y LUEGO YA VEREMOS....

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  • platanito platanito 22/02/18 08:26

    Voy a intentar aclararme con su nota del final. Veo al partido que ha concebido (y añado yo "dado" con el 155) el golpe al Estatut con el nombre PP. ¿La crisis catalana está resuelta o aún no? Para mí la crisis estará resuelta (a medias) con la formación del nuevo Gobern. Ergo es relevante que Rajoy dirija hoy la Generalitat.... Pues yo no lo veo tan claro porque mientras no se escuche a ese 47% de ciudadanos catalanes que hoy están echando espumarajos de rabia, no se resolverá nada de nada. Y pienso que esa solución está en manos de Esquerra, UP y PSOE.

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