Plaza Pública
De qué hablamos cuando hablamos de narcotráfico
En fechas recientes hemos recibido noticias que han vuelto a poner sobre la mesa la amenaza que representa el narcotráfico, no sólo para la salud pública, sino también para la seguridad de los ciudadanos y para el Estado de Derecho representado por sus instituciones. Por un momento hemos cambiado el foco que últimamente retrataba al narcotráfico como un problema limitado a la legalización de las drogas, que frivolizaba con la legalización como un bálsamo de Fierabrás, solución para casi todos los males que asociamos al crimen organizado.
La información sobre localidades como La Línea de la Concepción, que habla de embarcaciones que surcan el Mediterráneo y alijan drogas ante la mirada estupefacta, cuando no divertida, de algunos bañistas en las playas, se ha completado con acciones que persiguen intimidar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e incluso procurar la impunidad de los delincuentes, rescatando con la misma facilidad los instrumentos del delito (planeadoras dotadas de motores de alta potencia) o a sus propios camaradas en la empresa criminal.
Algunos medios incluso se han atrevido a etiquetar como mexicanización del narcotráfico las acciones criminales en estas localidades. Para dar mayor brillo a estas informaciones, un narcotraficante histórico en España ha vuelto a prisión, aparentemente relacionado con un alijo de casi cuatro toneladas de cocaína, en una aprehensión propia de otros tiempos.
Si queremos contextualizar esta fotografía en el ámbito de la Unión Europea, no hace falta trasladarnos al remoto Triangulo Norte de Centroamérica. Se completa, en un país tan emblemático en esta materia por razones obvias como Holanda, con la denuncia formulada por agentes de la policía alertando de que se ha convertido en un narcoestado, calificativo que viene a equipararle al bono basura en materia de seguridad, tradicionalmente relacionado con otras latitudes, caracterizadas por tres notas diferenciadoras: impunidad, penetración de las organizaciones criminales en las instituciones y ausencia del Estado en determinadas áreas en las que son las propias organizaciones criminales las que proveen seguridad y servicios a los ciudadanos.
Ante esta situación es legítimo preguntarnos: ¿se trata de un repunte del narcotráfico? ¿de un incremento de la droga que se introduce en España? ¿Es el caso que hemos minimizado el tráfico de drogas y sus consecuencias en nuestro país, por el mero hecho de que ya no vemos en las calles los efectos mortales de la adicción? ¿Han contribuido los medios de comunicación, más allá del sensacionalismo, a transmitir el mensaje de que la droga no es tan perjudicial, metiendo en el mismo saco unas y otras drogas —y vuelvo al concepto de frivolización con las drogas, sacralizando la legalización y a sus voceros, sin reparar en la realidad de los narcopisos, del cannabis sintético, de las nuevas sustancias psicoactivas y los efectos de las drogas sintéticas—?
No quiero ni me atrevería a resolver en unas líneas un problema tan complejo como éste. No obstante, creo que resulta imprescindible efectuar algunas consideraciones:
- Equilibrio entre salud y seguridad pública. Hace tiempo que Naciones Unidas se ha dado cuenta, a golpe de la criminalización del ser humano y sus enfermedades y de fracasos como la militarización de la seguridad pública, que el problema de las drogas, lejos de ser un fenómeno exclusivo de la seguridad y por tanto de políticas de represión, exige al mismo tiempo un enfoque de salud y tratamiento médico, de recuperación del individuo.
- ¿Hay un incremento en el tráfico de cocaína en UE? Si atendemos a los más recientes informes de Europol (SOCTA 2017) y UNODC (World Drug Report 2017), del primero resulta sin lugar a duda que el narcotráfico es el mercado por excelencia de las organizaciones criminales, tanto porque más del 35% de ellas tienen por objeto esta área de criminalidad como por los beneficios que representa (más de 24 billones de €/año). Del segundo se desprende que el mercado de cocaína está aumentando en Europa (por ejemplo, del análisis de aguas residuales resulta un incremento en el consumo del 30%), en coherencia con el incremento de las aprehensiones de esta sustancia (hasta un 35% más).
- Patrones de introducción de drogas. Es verdad que puede parecer que el patrón actual nos remite a las épocas de grandes transportes a través de buques nodriza, asociados fundamentalmente a históricos narcotraficantes y a su infraestructura, que no hemos sido capaces de desmantelar porque no hemos atacado con eficacia sus fuentes de financiación (blanqueo de capitales). Sin embargo, no debemos perder de vista al menos estos aspectos: i) el mercado de venta de drogas a través de la darkweb; ii) el I+D del narcotráfico que se revela en las formas de ocultación de la sustancia estupefaciente ni tampoco; iii) la vía de agua que representan los puertos que reciben contenedores, en particular, Algeciras y Valencia, con entramados de corrupción que permiten rescatar la mercancía en unos minutos.
- Visibilización del narcotráfico. ¿Hablamos de una mayor actividad del narcotráfico o de un debilitamiento de nuestros mecanismos para combatirlo, tanto en las áreas de prevención como de reducción de la oferta? ¿Será que las organizaciones criminales, manteniendo un perfil bajo hasta ahora, se han dado cuenta de que es posible —yes they can—, que pueden aspirar a tomar territorios y, por tanto, que, ante la falta de recursos de quienes deben perseguirlos, pueden demostrar su poder? ¿Es posible que hayamos subestimado su capacidad limitando el discurso sobre las drogas a la legalización (ver el discurso único en el programa La Ventana de la Cadena Ser del día 6 de febreo de 2017). Como decía Keyser Soze en Sospechosos habituales, ¿no será que el mayor truco del diablo ha sido hacer creer al mundo que no existe, que el tormento de las organizaciones criminales y el narcotráfico, con su índice de homicidios propio de estados en guerra, nos ha hecho creer que es exclusivo de lugares remotos y no está presente en nuestros barrios ni en nuestras ciudades?
- Resulta descorazonador y frustrante en muchos casos detenernos en una mirada sobre el perfil de los detenidos en las operaciones del narcotráfico. Jóvenes, desempleados, reincidentes, narcos de por vida que carecen de expectativa personal y profesional, cuya única expectativa es el próximo alijo. Quienes pilotan las embarcaciones, descargan los fardos, los ocultan en almacenes, alertan si aparece la policía, conducen los vehículos con caletas, distribuyen la sustancia para el narcomenudeo, son delincuentes que no acumulan las grandes fortunas ni siquiera los beneficios que reporta la droga: son perfectamente fungibles para la organización criminal, por la total ausencia de expectativas de futuro de muchos jóvenes y quizás de toda una generación en muchas localidades.
- Creo sin lugar a dudas que es necesario replantearnos con responsabilidad la política sobre las drogas, dotando de medios y recursos a quienes somos responsables de dar efectividad a los programas de reducción de la oferta y demanda, con una perspectiva complementaria de salud y seguridad pública. Esa responsabilidad no es exclusiva de las asociaciones de ayuda a los drogodependientes, ni de las unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ni de la Fiscalía Especial Antidroga.
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- Se trata de una responsabilidad compartida, shared responsability, esa declaración que en su día hacía referencia a la responsabilidad no sólo de los estados de producción de la droga, sino también de tránsito y de destino y que traigo aquí a colación porque en España pasa por que la sociedad civil, los medios de comunicación y nuestros legisladores —que parecieran en el mejor de los casos ignorantes acerca de la necesidad de investigar estos delitos de forma eficaz— y gobernantes perciban de una vez la realidad y la dimensión de este fenómeno y decidan darle una respuesta adulta, que vaya más allá de una mera e inútil declaración de intenciones, antes de que sea demasiado tarde.
________________Ignacio de Lucas es fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga (Audiencia Nacional).
Ignacio de Lucas
