Plaza Pública

¿Está cambiando el viento?

José Errejón

Tal parecería. Desde hace unas pocas semanas el “problema Cataluña”, si no ha desaparecido de la agenda mediática —la prensa del régimen no está dispuesta a soltar un bocado tan rentable para los designios de su perpetuación—, sí se ha visto desplazado por la emergencia de una movilización social en la que se discute la fórmula de reparto de los efectos de la recuperación económica de la que el Gobierno del PP alardea desde hace más de dos años.

Es difícil exagerar la transcendencia del cambio. Por limitados que sean sus efectos por el momento, la magnífica movilización de los pensionistas está consiguiendo desplazar del centro de la atención pública el debate que con tan buenos resultados los aparatos del régimen habían conseguido instalar acerca de las amenazas a la “unidad de España”. La presencia de estos miles de mujeres y hombres mayores de 65 años en las calles de múltiples ciudades y pueblos de nuestro país está imponiendo a la totalidad de la clase política afrontar de forma inmediata el problema derivado del empobrecimiento de esa parte importante de nuestro pueblo como consecuencia de las sucesivas reformas implantadas en aplicación de las directrices emanadas de la troika desde 2010.

No han sido los trabajadores a quienes la reforma laboral del PP ha debilitado en su poder negociador, consiguiendo así deprimir las rentas del trabajo y favoreciendo el incremento de las del capital. Ni ese ingente caudal de trabajadores pobres generados por la precariedad hegemónica en las relaciones laborales. Ni esa parte de la población que ha visto seriamente mermado su acceso a los servicios públicos esenciales como la sanidad, la dependencia o la educación, por efecto de los recortes del PP. Todos ellos podían haber reclamado una atención urgente por los agravios que han sufrido; que hayan sido los pensionistas tiene una lectura política que no puede dejar de ser comentada.

Hace ya varios lustros que instituciones sistémicas como el Banco Mundial y thinks tanks como Fedea, en España, vienen pronosticando la quiebra del sistema público de pensiones y la necesidad de complementarlo primero y sustituirlo después por planes privados que promueven las entidades financieras. Se trata de una ofensiva dirigida por el capital financiero contra una de esas instituciones, quizá la principal, que representa las conquistas del mundo del trabajo después de décadas de luchas. La reestructuración en que se halla inmerso el capitalismo desde hace décadas en busca de la rentabilidad para sus inversiones ha asentado la financiarización de la economía global y, con ella, el espectacular aumento del endeudamiento de familias, empresas y Estados.

Se ha visto en España como en los presupuestos de las familias trabajadoras descendía el peso de los salarios y aumentaba el de los ingresos por endeudamiento, en forma paralela a cómo las sucesivas reformas laborales iban reduciendo la capacidad contractual de los trabajadores, y con ella el peso de las rentas salariales sobre la renta nacional. Se mantenía así el consumo y la demanda y los ingresos públicos por cuenta del IRPF y del IVA, hasta que la subida de los tipos de interés que siguió al pinchazo de la burbuja hizo que se viniera abajo el entramado inmobiliario y financiero. Pero mientras se había puesto en marcha un proceso cuyas consecuencias observamos hoy en déficit de la Seguridad Social (18.800 millones de euros en 2017): el descenso paulatino de los ingresos de la tesorería de la Seguridad Social como consecuencia de la devaluación salarial de facto y de la pérdida de calidad de los empleos que repercutiría asimismo en un descenso relativo de las cotizaciones por cuenta de esos empleos.

Es la consecuencia del “modelo español de crecimiento” que data, al menos, de los años 90 del pasado siglo: el paso del fordismo al posfordismo en España ha generado un proceso de descapitalización de la Seguridad Social que amenaza seriamente su porvenir.

El mantenimiento del sistema

Los pensionistas no se han levantado solo contra la burla que supone el incremento del 0,25% en sus pensiones, por más que ello les suponga una seria pérdida de poder adquisitivo, incluso con una tasa de inflación del 1,1%. Han advertido que está en juego algo mucho más importante, el propio mantenimiento del sistema.

Hay que recordar que el sistema público de pensiones es, junto a otros como la negociación colectiva, un pilar esencial del pacto social sobre el que se ha asentado el régimen del 78. Así que las amenazas que penden sobre él constituyen un factor de desafección para todo esa parte de la sociedad cuya adhesión al régimen estaba basada en la garantía de sus derechos; para una buena parte de los pensionistas la renovación de su compromiso con el régimen depende de la garantía en la continuidad del mismo.

Ello no significa, ni mucho menos, que este sector de la población esté dispuesto a cuestionar y a enfrentarse contra los actuales gobernantes/gestores del régimen del 78. Pero ha sido capaz de poner en evidencia la forma en la que estos gobernantes con sus políticas vulneran el pacto social que soporte al régimen. Y con ello vuelven a poner de actualidad la agenda política inaugurada el 15M del 2011 y frustrada en 2016. La política española puede así volver a ocuparse de los problemas de la mayoría si algunos actores asumen sus responsabilidades y se deciden a convertir las reivindicaciones de los pensionistas en pautas de acción política.

El caso es que ha cambiado el centro de la atención política. Se nota en la confusión y el nerviosismo de los políticos del PP y en el silencio culpable de Cs; de pronto la holgura política con la que se manejaban después del 155 se ha convertido en zozobra. Es posible que las derechas puedan salir de esta encrucijada y que mantengan, con una u otra fórmula, el gobierno del Estado. Pero lo tendrán que hacer teniendo en cuenta la movilización de una parte tan importante de la sociedad.

De forma inmediata Rajoy tiene que enfrentarse a la disyuntiva de presentar los presupuestos para 2018 o adelantar las elecciones[i]. Tanto en uno como en otro caso, las pensiones estarán en el centro del debate político. Tanto en un caso como en el otro el cumplimiento de los objetivos del déficit y deuda deberá tener en cuenta las exigencias de revalorización de los pensionistas.

Pero no son las pensiones el único quebradero de cabeza de Rajoy. Quizás no haya recibido la atención que merece la noticia de que Montoro haya tenido que aceptar que el superávit de los ayuntamientos (la única administración pública a la que se le exige déficit cero) pueda aplicarse a financiar gastos, especialmente sociales, que de otra manera quedarían sin cubrir[1]. Que los municipios españoles se hayan puesto de acuerdo para sacudirse la asfixia financiera que ejerce el PP sobre ellos indica que este sector tan importante del poder territorial no parece dispuesto a seguir aceptando la fatalidad de las políticas de consolidación fiscal y que se puede abrir una perspectiva de disputa de su hegemonía de los últimos años.

Son tan solo dos ejemplos, dos posibilidades en absoluto concluyentes, de esta posibilidad de disputarle la hegemonía política a la derecha. Que esta posibilidad se convierta en la realidad de una disputa efectiva dependerá de que los actores políticos que representan los deseos y la voluntad de cambio asuman sus responsabilidades y superen la estrechez y la cortedad que ha caracterizado hasta aquí su práctica política.

Los síntomas no parecen esperanzadores. La impresión que producen las direcciones políticas del PSOE y de Podemos parecen indicar notables deficiencias tanto en la comprensión del momento político como en la disposición de propuestas para convertirlo en fructífero. No procede aquí discutir las causas de estas deficiencias. La historia política presente no va a esperar a que se superen, esta coyuntura de crisis del régimen evolucionará en uno u otro sentido dependiendo de qué bando sea capaz de desequilibrar en su favor la actual relación de fuerzas.

Es más que probable que la acción de los dos partidos de izquierda precise ser completada por los distintos actores sociales que, con diversas modalidades e intensidades, han retado al Gobierno del PP en los últimos tiempos. Desde la PAH en su justa y tesonera lucha por defender el derecho a la vivienda de los asaltos del capital financiero a los pensionistas en su defensa del núcleo del Estado del bienestar, pasando por la cotidiana y cada vez más difícil defensa de los derechos laborales en las empresas y con la envolvente de la radical afirmación del derecho a la igualdad que tiene en la lucha de las mujeres su expresión más elevada.

El concurso de todos estos sectores y muchos más es necesario para poner fin a estos siete años de gobierno antisocial y antidemocrático. Es preciso difundir y generalizar la conciencia de la necesidad en la forma más amplia posible y estimular las iniciativas sociales y ciudadanas más diversas.

En el campo de los sectores sociales más beneficiados por estos años de Gobierno del PP ya que se prepara la solución de recambio al desgastado Rajoy. La operación Cs ha podido salir adelante gracias al inequívoco apoyo de los poderes mediático y financiero, pero también gracias a la desdeñosa actitud de los partidos de la izquierda. Mientras el PSOE lo consideraba solo como un socio provisional para alcanzar el Gobierno en la primavera del 2016, Podemos pretendía descalificarlo como una mera operación de marketing político, desconociendo el impacto de su mensaje “regeneracionista” entre capas muy amplias de la población deseosas de acabar con la vergüenza de la corrupción y el nepotismo. La indudable habilidad con la que está jugando como socio que asegura la gobernabilidad del país, al tiempo que “implacable” crítico de la corrupción del PP podría estar haciéndole ganar el apoyo de amplias capas que anteriormente apoyaban al PSOE.

Esa función regeneracionista debe ser disputada por la izquierda pero no solo desenmascarando su falsedad sino, sobre todo, mediante una acción sostenida de carácter propositivo que muestre, de forma clara, que existen alternativas a las nefastas políticas aplicadas por el PP desde noviembre y a la intensificación de las mismas adornadas de “modernidad” que postula Cs.

No hay tiempo que perder, hay que ponerse a la tarea. Antes de que el viento vuelva a cambiar.

Democracia para salir del 'impasse'

PD: Cuando termino de redactar este texto sobrevienen dos hechos de signo distinto a los que no puede dejar de hacer referencia. El primero es la espectacular movilización del 8 de marzo que ha obligado a los dos partidos de la derecha a una pirueta política para no quedarse al margen de los que constituye una inequívoca muestra de lo enraizado que está en la sociedad española el apego a los derechos democráticos y en particular el de la igualdad. El segundo, la publicación de un sondeo de Metroscopia –hecho antes del 8 de marzo- en el que se confirma el ascenso y la intención de voto a Cs. Más allá de la fiabilidad técnica de la encuesta sus resultados podrían están confirmando la hipótesis contenida en el texto acerca de la importancia de la regeneración de la vida política para el electorado. Habrá que seguir la pista a esta tendencia.   [1]La norma vigente exige aplicar estos superávits a las llamadas inversiones financieramente sostenibles, cuya particularidad es que no pueden ampliarse a más de un ejercicio presupuestario, lo que limita mucho su utilidad.

[i] Podría acudir a la prórroga de los presupuestos de 2017 pero entonces se vería obligado a implementar por decreto-ley las medidas que precisan norma de rango legal lo que, dada su situación minoritaria en la Cámara, convertiría en un calvario la tramitación de tales medidas.

___________________José Errejón es administrador civil del Estado.

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