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Plaza Pública

La penalización de la democracia

Montserrat Muñoz | Gaspar Llamazares
Publicada el 16/04/2018 a las 06:00 Actualizada el 15/04/2018 a las 16:33
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Decía el clásico estratega C.V. Clausewitch que la guerra no es otra cosa que la continuación de la política por otros medios. ¿Qué fue primero? A nuestro juicio, la política ha significado un avance en la evolución humana, donde la palabra sustituye a las armas en la solución de los conflictos. Entendida la política como espacio de discusión, deliberación y acuerdo.

Porque el deber de la política es afrontar los problemas, establecer alternativas y acordar las normas del juego que no son otras que las del marco legal existente o futuro. De esta forma, la política ha permitido resolver problemas sociales muy complejos.

Hoy, sin embargo, parece que la justicia y su deriva penal han tomado el relevo al vacío y a la inacción deliberada, en un momento de crisis profunda de la política económica neoliberal y de muchos principios democráticos que parecían inalterables hasta hace poco tiempo.

Al margen de nuestra experiencia cercana con el terrorismo de ETA y ahora con el independentismo catalán, la deriva penal y justiciera surge, en España y en el contexto internacional, como involución autoritaria frente a la crisis del estado social y del consenso político. Así, hoy en el conflicto catalán se pretende suplir el vacío político dejado por el Gobierno de Rajoy y por su contraparte independentista, de Puigdemont, con la acción judicial. Ambos (PP y PDeCAT) comparten sus orígenes conservadores y, con sus apelaciones al independentismo unilateral y el nacionalismo reactivo, el recurso al reclamo populista ante la crisis de malestar y desconfianza que vivimos.

Destaca en estos momentos de la crisis catalana la lógica de la justicia, que tiende a seguir la línea recta e inexorable de la ley impermeable al principio de oportunidad, cuando la política está abierta al matiz, a la consideración del contexto y a la búsqueda del pacto para la solución de conflictos. El poder político es representativo, pluralista y sujeto a control; el judicial es meritocrático, debe ser independiente de otros poderes y tiende a ser conservador. Sin embargo, es clamorosa hoy en el problema catalán la ausencia de la política y la preeminencia de la lógica constitucional primero y ahora la judicial y penal.

El PP ha demostrado su absoluta incapacidad para encarar desde la política una crisis del modelo territorial del Estado y optó por trasladar a los jueces (primero al Tribunal Constitucional y después al Tribunal Supremo y a la Audiencia nacional) un problema que, a nuestro juicio, no tiene solución en el ámbito penal. No es solo que se haya puesto en conocimiento de los Tribunales la supuesta comisión de delitos, es que el Gobierno del PP ha permanecido paralizado y expectante a lo que ocurre en los tribunales sin tomar ninguna iniciativa para abrir un nuevo espacio y tiempo en el debate territorial del Estado. Ha reducido el tema catalán a un problema delincuencial, obviando el problema social en Cataluña y la demanda de una parte de la población (no mayoritaria) de revisar el modelo territorial.

Por otro lado, el espacio independentista ha actuado exactamente igual. Antes de abordar una salida a la situación actual de aplicación del artículo 155 y, por tanto, tener limitada su capacidad de autogobierno, eligiendo a un presidente y un gobierno que encabece esta nueva etapa, sigue enmarañado en una serie de decisiones determinadas por la respuesta judicial y no por el debate político.

Parece que este escenario en el que la Justicia ha asumido el papel de directora de “el conflicto” les resulta cómodo a ambas partes. Unos para dejar en manos de la legalidad y su aplicación judicial la situación; otros utilizando la situación judicial como un elemento de presión-reacción que finalmente paraliza a todos.

Aunque no es la primera vez que esto ocurre en la crisis territorial. El precedente más cercano es la sustitución del desacuerdo político en torno al Estatut por el recurso del PP al TC y la posterior sentencia interpretativa que revisó y alteró el acuerdo político, pactado entre los parlamentos catalán y español y ratificado en referéndum por una mayoría de los catalanes. Entonces el TC se convirtió, en manos del PP y de sectores jacobinos del PSOE, en una suerte de tercera cámara que enmendó la plana con argumentos de dogmática constitucional, las razones políticas pactadas y refrendadas por los catalanes.

Pero por mucho que el objetivo sea noble o deseable, la Justicia no debería usarse como una especie de “arma de combate”, a riesgo de reducir las imprescindibles garantías de la ciudadanía, incluidas las de aquellos que piensan como o simpatizan con los autores del delito. El fin, por muy noble que sea, no justifica todos los medios.

Nos preocupa extraordinariamente que esta situación de preeminencia judicial ante el conflicto catalán pone en evidencia algo que pasa desapercibido en la mayor parte de los análisis: la dialéctica entre estos poderes del Estado, particularmente el de la judicatura y el gobierno, en defensa del Estado en momentos críticos, y mucho más sus consecuencias para la cultura política y la democracia española actual y en el futuro.

Quienes hemos mostrado nuestro desacuerdo con la deriva independentista, con sus decisiones, con su huida hacia delante, hoy vemos con asombro y preocupación la sobreactuación del juez Llarena con la construcción de un nuevo tipo delictivo como la preparación de la rebelión y su consiguiente extensión a las movilizaciones de los Comités de Defensa de la República. Ante esta situación no podemos evitar –es verdad que salvando las distancias– una sensación de dejá vu.

No se trata en absoluto de cuestionar el papel de la Justicia cuando los conflictos traspasan el límite de la violencia o de la legalidad. Al contrario, defendemos su papel fundamental, basado en la ley, la proporcionalidad y las garantías, pero nos preocupan la sobreactuación y la razón de Estado impuestas o antepuestas a la razón democrática.

Es lamentable que la situación actual de Cataluña, su presente y su futuro se haya convertido en una crónica de Tribunales, en la que están completamente ausentes la política y los representantes de los ciudadanos votados en las urnas.

La conclusión podría ser la lógica defensa de un Estado democrático fuerte donde la razón de Estado garantiza la coordinación y la sinergia de sus poderes en momentos de riesgo sistémico. Sería un peligro a conjurar, sin embargo, si esto se prolongase en el tiempo, en términos del vacío del derecho, o se extendiese afectando, con su mirada securitaria, otros ámbitos de los derechos y las libertades democráticas como los de huelga, movilización o a la libertad de expresión.

Podemos hacer otra lectura aún más preocupante: la de unas democracias desequilibradas donde la Justicia suple las flaquezas de la ausencia de la política y debilidad de sus gobiernos. Algo que podríamos caracterizar como la deriva autoritaria y penal de las democracias ante la crisis neoliberal. En estas democracias, cada vez menos compasivas, las redes de derechos sociales y participación política se están viendo desmanteladas y sustituidas por el sucedáneo de la seguridad frente a todo tipo de desorden, sea este público, social, político o territorial.

Se dice, como tópico, que el Código Penal es el reflejo en negativo de la Constitución. Negativo porque sustituye derechos por faltas, delitos y sus respectivas penas.

Nosotros defendemos un modelo democrático en el que el poder judicial aplica las leyes existentes de las que se dota un país a través de la política expresada por su poder legislativo, con un poder ejecutivo capaz de afrontar los problemas, ofrecer alternativas, dar respuesta a la sociedad. Es decir, GOBERNAR.

La cultura democrática española no debería ser, ni siquiera en los momentos de crisis, y mucho menos de forma estructural, la de la justicia penal como única ni principal solución a los conflictos sociales o políticos. Sería, por contra, la forma de enquistarlos. El nudo gordiano tampoco se suelta cortándolo al estilo del clásico, sino viendo las formas de aflojar las tensiones y resolver los conflictos. En definitiva, con la política, más lenta y tortuosa, pero menos cruenta y, sobre todo, reversible.
______________

Montserrat Muñoz y Gaspar Llamazares son promotores de Actúa y coportavoces de IzAb.
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5 Comentarios
  • Alvaro13 Alvaro13 17/04/18 01:17

    PP, VOX y Cs (los ultranacionalistas españoles) siempre han perseguido situaciones como la actual. Que no haya debate político sobre naciones, nacionalidades y estado plurinacional, simplemente porque tendrían debates y razonamientos perdidos. Utilizando la vara de castigar de los tribunales (AN, TS, ...) no puede discutirse cuestiones generales en los tribunales.

    El problema grave es que los no ultranacionalistas han asumido las prácticas y actuaciones ultranacionalistas de forma suicida para nuestra democracia. Los ultranacionalistas nos han llevado al terreno que querían. Rajoy ha conseguido hacer triunfar sus objetivos. El resto del espacio político le ha seguido el juego.

    Solo si los no ultranacionalistas (¿quién ha dicho que la ectrema derecha no gobierna en Europa ya, en concreto en España?) afrontan recuperar el terreno de lo racional y razonable y traen de nuevo la política a la escena, dejando a los tribunales en la que debe ser su esfera, reducida y exclusiva, podremos volver a redpirar un aire más colectivo, democrático y justo. Y de veras que cada vez lo necesitamos con más urgencia.

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  • Alvaro13 Alvaro13 17/04/18 00:58

    Contemplando los desajustes me resulta evidente que para el nacionalismo españolista (con PP, VOX y C's como movilizadores) el recurso, utilizando a la fiscalía, al uso de los tribunales (nada menos que AN y TS) para anular el juego político es el peor de los destrozos causados a nuestra sociedad y a la velita titilante de nuestra democracia.

    Lo terrible es que mientras ese ultranacionalismo vea que no hay alternativa coherente y firme, se sigue creciendo pretendiendo ocupar todo el espacio visceral anulando el espacio racional para la acción política.

    El ultranacionalismo PPVXCS gobierna y utiliza, mientras que el nacionalismo catalán apenas va más allá de expresar una voluntad en la calle del orden de la mitad de la población. Un juego muy peligroso bajo una perspectiva democrática.

    Creo que el surgimiento de nuevos estados en el espacio europeo es absurdo e irracional, en especial cuando al final solo hay una diferencia de lengua. El problema no es un gobierno catalán independentista. El problema es entre ultranacionalismo y racionalidad de un estado plurinacional. Cuando PSOE asumió las tesis ultranacionalistas (con los cavernosos González, Guerra o de ciertos baronas/es) imcluido el desarrollo mariano del 155, sin rechistar, España perdió la opción política.

    La cuestión ahora es qué o quién levantará de nuevo la bandera de la democracia y la multinacionalidad. Es fácil dejar en prisión a "los cabecillas" lo difícil es sacarlos de prisión en una reivindicación de democracia y muntinacionalidad. Y no hay líderes en la baraja ni en el horizonte con valored y programas suficientes para hacerlo.

    Los acontecimientos han desbordado de tal manera a jarrones y momios/as socialistas que en realidad llevan a las viejas siglas al precipicio. Los emergentes de los movimientos del 15M se atragantaron con las posibilidades que tenían entre manos y ahora es un lío mayúsculo que organicen con otros un programa común y fiable.

    Creo que más allá del independentismo catalán, el problema grave para España es la carencia de la visión consistente, programática y razonada de una España plurinacional (federada o no) y común. No hay actores actuales o previsibles capaces.

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  • ArktosUrsus ArktosUrsus 16/04/18 11:17

    Buen artículo aunque omite que el Derecho fue una creación de los poderosos para evitarse cruentas rencillas. Y como tal es un arma del poder. Nos vende la falsa imagen de que el Derecho es la encarnación de la justicia, cuando realmente es una de las formas de afrontarla. Si el Derecho fuera realmente ecuánime e imparcial y la justicia realmente ciega, el señor Urdangarín (por poner un ejemplo) estaría en una prisión española. El Derecho ni siquiera tiene que ver con la ley en el sentido de que interpreta esta última y en manos de jueces poco "honestos" (en el sentido de que la aplicación de las cuatro virtudes cardinales no las hacen desde la recta interpretación del bien común sino desde la valoración de su propio beneficio o el beneficio de los suyos) puede ser un arma formidable (por temible) para acogotar los movimientos de transformación social. De hecho las dictaduras también tienen sus leyes y su corpus de Derecho, que utilizan así mismo al antojo del juez, en el sentido más corporativo de la palabra. Podríamos hablar acerca de la formación del juez, y de si el "cursus honorum" que siguen actualmente se ajusta a una carrera de honores de verdad. Y no es sólo un problema de España. Hay muchos países de nuestro entorno en los que los jueces son nombrados directamente por el ejecutivo, especialmente los jueces cuyas sentencias tienen una especial trascendencia. Nos han vendido un mundo falaz, en el que creemos porque de otro modo la convivencia sería difícil, pero eso es lo que debería llevarnos a seguir luchando por otro mundo, por otras utopías. A veces con desánimo, muchas con renuncias y algunas con indignación y acción. Y fortaleciendo la acción para que se fuera convirtiendo en mayoritaria.

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  • manuelromeromesa manuelromeromesa 15/04/18 23:43

    Se ruega usar el castellano en lugar del "deja vu" poner regreso al pasado, que lo entiende todo el mundo.

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    • ArktosUrsus ArktosUrsus 16/04/18 11:03

      No es lo mismo. El efecto "dejà vu" es un efecto científicamente descrito de una paramnesia del reconocimiento. Significa que crees haber vivido algo sin que realmente se haya vivido, un recuerdo de algo nunca sucedido. Desgraciadamente se usa mucho en el sentido de regreso al pasado. El pasado se vivió, no se imagina o reconstruye como el efecto "dejà vu".

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