La España Precaria y el país que viene

Antes, el paro era aquel lugar adonde nunca querías llegar,una vergüenza que intentabas evitar que saliera a la luz pública.Ahora se ha convertido en tu Ítaca, el mejor de los respiros,la salvación temporal. Dices que no tienes trabajo pero que,al menos, tienes paro. Y muchos te contestan «qué suerte»,y lo dicen absolutamente en serio.Aunque a tu objetivo le separe un solo paso del abismo.Recuerda a aquellos que creían que la tierra era plan y que,al final del horizonte, había una catarata que se derramaba en ninguna parte.El paro es un barco que se dirige hacia allí, contigo dentro.

Javier López Menacho, Yo, precario

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Las élites han encontrado una salida a la situación de crisis económica que comenzó en 2008: la normalización de la precariedad en distintos ámbitos de nuestras vidas. Incapacitadas para imaginar otro país, y sin perder de vista la necesidad de apuntalar a los actores principales del régimen político de 1978, sus políticas nos empujan hacia una sociedad cada vez más desigual y pobre. En definitiva, hacia su proyecto de país: el de la España Precaria.

Los poderes financieros, para ser cada vez más rentables en un entorno global y en unos mercados fragmentados, apostaron por la deuda estatal para mantener un alto nivel de consumo entre la población. Tras el fracaso de su estrategia, que acabó en la crisis global de 2007 y 2008, y ante la necesidad de mantener y aumentar la rentabilidad, han puesto ahora su punto de mira en los salarios y en las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Solo hay que ver las recomendaciones que periódicamente hacen el FMI o el BCE para darse cuenta de ello.

Durante las últimas décadas, España ha intentado mantenerse a la vanguardia de la agenda financiera global. Por ello, en los últimos años, y como vía para que las grandes empresas salieran de la crisis, el empleo que se ha creado en nuestro país ha sido de poca calidad, con salarios bajos y con un elevado índice de temporalidad. El resultado de lo anterior es un país donde las clases altas son cada vez más ricas y donde la pobreza se ha extendido entre las personas desempleadas… y entre las personas con empleos precarios.

Debido al repunte de la inflación y a la congelación de las nóminas de los trabajadores, la pérdida del poder adquisitivo de estos es notable. El Gobierno de Eme Punto Rajoy sigue fomentando esta política laboral, mientras las políticas de rescate social brillan por su ausencia. Las consecuencias de este tipo de políticas están siendo devastadoras en España. Vivimos en un país en el que existen trece millones de personas en riesgo de pobreza, una situación que también padecen la mitad de las familias monoparentales (de las cuales ocho de cada diez son monomarentales); un país donde la pobreza severa afecta ya a un 11,2% de la población (y a un 16,7% de menores); y un país en el que dos millones y medio de niños y niñas viven bajo el umbral de la pobreza.

Además, este país que defiende una minoría privilegiada, y en muchos casos corrupta, tiene efectos especialmente nocivos para las mujeres y para los y las pensionistas. Desde 2013 el paro es cada vez mayor entre las mujeres que entre los hombres, y han aumentado en un 14,2% las mujeres que trabajan a jornada parcial porque dedican parte de sus vidas al cuidado de familiares. Por otra parte, ellas cobran un 29,1% menos que los hombres y casi seis de cada diez de sus empleos son temporales. En cuanto a las personas pensionistas de nuestro país, el Gobierno de Rajoy no concibe como una de sus prioridades dar una respuesta a la pérdida de su poder adquisitivo.

Precariedad laboral, pero también precariedad (y recortes) en derechos y servicios sociales; precariedad en libertades (ley mordaza, condenas o sanciones a músicos y tuiteros, censura de obras o secuestro de libros); precariedad —o directamente incumplimiento— a la hora de aplicar pactos o leyes, como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género o la Ley de Memoria Histórica… Es difícil garantizar el bienestar de la gente en estas condiciones. Las consecuencias en nuestro día a día son evidentes, pues todo lo anterior afecta también a los cuidados de nuestros mayores y de la infancia, al tiempo que dedicamos al ocio y a nuestro desarrollo personal, a nuestros proyectos de vida y expectativas o a nuestras relaciones con familiares y amistades. Pero el bienestar de la ciudadanía no depende solo de las condiciones materiales, sino que nuestra calidad de vida está ligada también al acceso a la cultura y a la información, así como al conocimiento de nuestro pasado; y, respecto a esto último, a diferencia de lo que ha ocurrido en la mayoría de países que han padecido dictaduras, en nuestro país ningún Gobierno desde 1977 ha fomentado el conocimiento social de lo que fue (e implicó) el franquismo ni ha reconocido públicamente al antifranquismo. Al contrario: desde el Estado «democrático» se ha optado por el silencio, relegando al olvido la resistencia moral de quienes sí defendieron la democracia frente a los golpistas y de quienes lucharon contra una de las peores dictaduras europeas del siglo XX. El nuestro es un Estado de derecho endeble en materia de derechos y libertades y que ni siquiera ha reconocido aún el sedimento ético que lo hizo posible.

Siendo generosos, podemos calificar la respuesta de los viejos partidos como decepcionante. El PP sigue recorriendo la senda marcada por los mercados financieros y las élites económicas, carece de ideas para resolver los principales problemas del país y en el Parlamento se dedica a obstaculizar cualquier alternativa. Por su parte, el PSOE de Pedro Sánchez se encuentra paralizado, sin capacidad para adoptar decisiones importantes e incapaz de liderar una alternativa a Rajoy. En cuanto a Ciudadanos, parece que ha optado por redoblar la apuesta liberal, una vía perjudicial para las mayorías sociales (por ejemplo, promueve el despido libre sin causa, lo que ampliaría enormemente el margen de las empresas a la hora de despedir a sus empleados y rebajaría el despido a veinte días para todos los asalariados).

En este contexto, las grandes movilizaciones que han tenido lugar durante las últimas semanas, protagonizadas por precarios y pensionistas, así como la histórica manifestación feminista y la huelga del 8M, son sin duda un toque de atención al Gobierno; pero son, sobre todo, la brújula que nos muestra el camino por el que tenemos que seguir transitando: no solo no hay que dejar a nadie atrás, sino que ya es hora de que la dignidad, la libertad, la igualdad y la fraternidad sean el horizonte para mejorar la vida de la gente. Estas ideas están en la base de la alternativa política que estamos construyendo: un país con futuro, sin olvidar que mirando al pasado se llega más lejos y se transita de manera más firme.

Nosotros sí conocemos nuestra historia y nos sentimos orgullosas y orgullosos de nuestro patrimonio democrático: desde esa España comunera que antepuso la dignidad del campesinado frente a los privilegios del señor, pasando por Manuela Malasaña y los héroes de 1808 que dijeron a los franceses que la patria no se toca, quienes trajeron la democracia un 14 de abril, resistieron a un golpe de Estado, pelearon por la libertad en una guerra cruel contra el fascismo y todas aquellas personas que conformaron el antifranquismo, hasta quienes gritaron «Nunca máis», «No a la guerra» y ocuparon plazas y calles en 2011. Conocemos nuestra historia, reconocemos públicamente a los compatriotas que han protagonizado las luchas de dignidad colectiva y recogemos el testigo para dejar atrás esa España Precaria que nos quieren imponer los de arriba y continuar construyendo una España democrática, plural, feminista, inclusiva, fraterna y con memoria. ______________

Ana Domínguez es consejera estatal de Podemos

y candidata a las primarias de la Comunidad de Madrid.

Quique Madrid es sociólogo.