A la segunda va la vencida

Algunos pretenden discutir una evidencia que la gente de izquierda normal da por descontada: una buena parte de lo sucedido entre 2016 y 2018, especialmente aquello que tiene que ver con los problemas más graves que tiene planteados la sociedad española –en primer lugar y sin duda, lo que conocemos como el “problema catalán– no habría ocurrido o lo habría hecho con menor coste para los sectores populares y para la democracia, si Rajoy hubiera salido de la Moncloa en la primavera del 2016.

Nos habríamos evitado las dimensiones alcanzadas por la crisis de Cataluña, que precipita la crisis del régimen del 78 y, en especial, la de su constitución territorial, sin haber tenido tiempo para articular soluciones de recambio viables.

Nos habríamos evitado estos dos años de inactividad en los que el gobierno del PP, después de perder la mayoría absoluta, ha actuado de frontón contra el que se estrellaban las iniciativas parlamentarias orientadas a cambiar el rumbo de la política económica y las derivas regresivas en materia de derechos civiles y políticos y de políticas sociales.

Habríamos tenido ocasión de poner a punto algunas de estas iniciativas, por el momento amontonadas en un cajón del palacio de la carrera de San Jerónimo a la espera de una composición en el Parlamento más favorable que las hiciera posibles.

Y, a lo mejor, habríamos evitado una buena dosis de desilusión claramente perceptible entre aquellos sectores sociales que saludaron los resultados del 20D del 2015 como una posibilidad de poner fin a la pesadilla de los cuatro años anteriores.

Es vano especular con el escenario que pudo haber sido y no fue. Pero, incluso en su versión más desfavorable –que se hubiera formado un gobierno PSOE/Cs con el apoyo parlamentario de Podemos–, es difícil de aceptar que su práctica gubernamental hubiera sido la misma que la del PP. Entre otras cosas, porque hubiera tenido un fuerte grupo parlamentario de Podemos vigilando actuaciones y haciendo valer su apoyo, especialmente en las iniciativas y decisiones más importantes.

Pero, ciertamente, eso ya es historia. La responsabilidad de que esa ocasión se perdiera debe haber pesado en el ánimo de los actores políticos e influido en favor de la satisfactoria salida del PP de la Moncloa.

El panorama político que tenemos por delante no es excesivamente fácil ni propicio para acometer transformaciones de calado. Tengo la sensación de que es ese un sentimiento muy compartido entre el electorado de izquierda, con frecuencia más consciente de la realidad que algunos dirigentes políticos. Los datos de la realidad, no los deseos, parecen confirmar ese presentimiento. Estamos ante lo que parece ser el comienzo de un cambio de sentido en la dirección de la recuperación económica global por efecto de un conjunto de factores (elevación de los precios del petróleo, normalización de la política monetaria que ha funcionado hasta ahora como uno de los motores de la recuperación económica en la UE, efectos de la al parecer inevitable guerra comercial entre los grandes bloques, etc.) sobre cuyo análisis no podemos detenernos pero que parece fuera de duda que contribuyen a configurar un contexto poco favorable para políticas expansivas que tiren de la inversión pública y el empleo.

La composición del gobierno de Pedro Sánchez y el perfil de los titulares de alguna de sus carteras parecen confirmar esa actitud de cautela. Para nadie es un secreto que la misión o el objetivo fundamental del gobierno es contribuir a recuperar al menos parcialmente el capital de confianza perdido por el PSOE con ocasión de la crisis económica del 2008 y su desenlace ilustrado con la reforma pactada con el PP del art 135 de la Constitución.

Pero tal recuperación se encuentra con un hándicap de partida, el que se deriva de un valor muy extendido según el cual los gobiernos de izquierdea tendían a ser manirrotos con los recursos públicos lo que conllevaba posteriores gobiernos de derecha que enderezaran los entuertos de los anteriores. Que la izquierda está llena de buenas intenciones para con los de abajo pero que son malos administradores de los dineros públicos.

Estos duros años de crisis han mejorado, a la fuerza, la cultura económica del electorado, la gente entiende bastante bien que una política expansiva de gasto público puede suponer un incremento de la deuda pública ya de por sí muy elevada y que eso a la larga puede terminar pagándose en recortes en los derechos y las prestaciones de las capas populares.

Y también sabe cómo entre los efectos de la Reforma laboral del PP está el envalentonamiento del empresariado español- no solo del grande sino también del mediano y pequeño- para con las condiciones de empleo y sueldo de sus trabajadores, de modo que cambios excesivamente rápidos en esta regulación podrían acarrear reacciones  para las que ni el Gobierno ni las fuerzas democráticas se hallan suficientemente preparadas. Y menos aún los sindicatos que vienen de una etapa en la que su verdadero objetivo no era otro que sobrevivir para estar en condiciones de acompañar una  nueva fase de crecimiento en la que poder recupera parte al menos de su capacidad contractual.

La crisis del 2008 no solo ha dejado efectos en términos de caída del PIB, del empleo y las inversiones, de  aumento de la desigualdad y la pobreza. Con todos estos fenómenos se ha desarrollado en el seno de la sociedad española un espíritu de pasividad y resignación, solo alterado en la primavera de este año con la  movilizaciones de mujeres y de pensionistas. Estos sectores y todos aquellos afectados por las injustas políticas del gobierno del PP están  pendientes de la acción del nuevo Gobierno pero no están dispuestos a embarcarse en una cadena de conflictos de objetivos genéricos y resultados inciertos sin tener garantías de consecución de algunos, por limitados que fueren.

Este es un tiempo en el que Podemos y el PSOE, PSOE y Podemos pueden y deben hacer acopio de voluntad y capacidad negociadora, mostrando al electorado una clara disposición a acometer las soluciones largo tiempo aplazadas por el PP a través del diálogo y la negociación, huyendo de planteamientos unilaterales. Negociar, negociar,” las palabras antes que las banderas”, he leído en una más que afortunada expresión que no me resisto a reproducir.

Hay que poner sobre la mesa los temas más urgentes para aquellos sectores sociales que más han sufrido la crisis y explicar con honestidad las dificultades para solucionarlos si no se dispone de un apoyo social mayoritario. Creo que esta es la clave del éxito político en este tiempo que viene, ser capaz  de comprometer a estos sectores en la defensa de un proyecto de avance hoy representado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Movilizar, sí, a estos sectores sociales pero movilizarlos por objetivos bien precisos, en defensa de los avances que se vayan consiguiendo o se quieran conseguir, construyendo un sólido bloque social para las próximas elecciones generales con el que consolidar los avances y con el que abordar reformas en profundidad.

Contra lo que algunas posiciones sostienen, la presencia de los sectores populares no se privilegia exclusivamente en la calle y, en ocasiones, ni siquiera prioritariamente. Si como estas posiciones sostiene, es la hora de fraguar una sólida alianza entre la clases medias y los sectores populares, no hay que dar el menor pretexto para que los medios de la derecha agiten el fantasma del miedo de las primeras por una tensión social de la que en estos momentos solo obtendría rentas los sectores más reaccionarios de las derechas y la oligarquía.

No podemos dejar pasar esta oportunidad efectiva para gobernar en beneficio de la mayoría los difíciles tiempos que se avecinan. No es necesario formar parte del gabinete para participar en el gobierno efectivo del país. Las veinte propuestas formuladas por el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos constituyen una contribución, por ahora solo declarativa, a la labor de Gobierno de Pedro Sánchez.

A continuación y de forma casi inmediata habrá que aprobar el techo de gasto para 2019 como paso previo a abordar los Presupuestos Generales del Estado para ese ejercicio. El Gobierno está plenamente legitimado para abordar esa tarea y además está obligado con la ciudadanía a marcar un rumbo distinto para la política económica cuando las condiciones contextuales parecen apuntar un significativo cambio de ciclo.

153 diputados no son la mayoría absoluta de la Cámara pero constituyen, sin lugar a dudas, una base suficiente para emprender negociaciones que permitan aprobar unos presupuestos en línea con un nuevo rumbo para la política económica sobre el que los grupos parlamentarios socialista y de Unidos Podemos pueden tener más coincidencias que desacuerdos

Además esos presupuestos podrían avanzar nuevas líneas de los que deberá ser un marco distinto para la financiación de las administraciones territoriales (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) en nuestro país, responsables en buena medida de las obligaciones principales del Estado del Bienestar y que han sufrido en sobremanera la asfixia financiera derivada de las políticas del PP.

Es esta una tarea política de la mayor importancia que no debiera ser gestionada solo al interior del Congreso y del Senado. Hay que hacer partícipe de su relevancia a los sectores sociales interesados en que salgan adelante y explicar con toda claridad las restricciones que impiden la solución definitiva de alguno de estos problemas (pensionistas, arrendatarios amenazados por posibles desahucios, trabajadores precarios, etc. etc.).

Esa tarea es también una forma de gobernar y resulta indispensable cuando se afronta un período de transición entre un gobierno orientado a los intereses de los poderosos y otro que pretende abrir una perspectiva de mejora para la mayoría social de este país.

Gobernar con la gente, hacerla partícipe de los objetivos de gobierno y de las dificultades para su consecución, recabar sus opiniones.

Otra forma de gobernar, la democracia.

¡Esta vez sí, a la segunda va la vencida!