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Plaza Pública

¿Con qué Cataluña dialogar?

Juan-Ramón Capella
Publicada el 03/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 02/07/2018 a las 20:49
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No es muy representativo, que digamos, el actual Gobierno de la Generalitat. Sabemos que la mayoría parlamentaria en que se basa es minoritaria en votantes.  Bien —se dirá—, eso pasa también en otros muchos sistemas políticos.

Es verdad. Pero no pasa como en Cataluña. Pues la particularidad de Cataluña se da en la asignación por provincias de los escaños parlamentarios. Girona, Tarragona y Lleida tienen asignados en total 50 escaños, a razón de uno cada 40.000 personas. Dicho de otro modo: menos de 2 millones de personas tienen asignados 50 escaños.

La provincia de Barcelona, habitada por más de cinco millones y medio de personas —lo que duplica de muy largo la suma de población de las demás provincias— solo tiene asignados 15 escaños más, 85, a razón de uno por cada 50.000 personas hasta ese tope.

Sin  el tope, si los escaños barceloneses se cotizaran a 50.000 habitantes, como ahora, deberían ser al menos 110. Cotizados a 40.000 personas, 138 por lo menos.

Y resulta que el Parlament actual tiene solo 135 escaños. Es el Parlament de la Cataluña en miniatura del independentismo. Hay una mordaza electoral. Favorece a la Cataluña más tradicional y perjudica a la más avanzada.

Esa atrabiliaria distribución de escaños procede del primer Estatut catalán, que así lo establecía en su disposición transitoria tercera, cuidadosamente conservada en el Estatut actual. Eso es lo que impide políticamente  hablar, negociar: pues es la viga maestra de una ficción, del relato ficticio de lo que los catalanes somos hoy.

Creo que los problemas actuales no podrán ser encauzados y resueltos mientras perdure esa absurda normativa electoral; podrían serlo, en cambio, cuando tras un cambio de normativa, y elecciones mediante, surgiera un parlamento significativamente proporcional, del que emanaran interlocutores además de profetas.

Entonces sería posible reconocer la existencia en  Cataluña de una nación cultural —existente en ella; no ser ella—, y en función de eso atribuir a la comunidad peculiaridades propias en una federación española, incluida una denominación significativa y atractiva para todos los catalanes.

Pero no hay perspectiva de que eso se produzca. No creo que el Gobierno catalán secesionista se atreva a promover una modificación electoral proporcional. En lo que de él dependa hay que irse acostumbrando a más de lo mismo.

¿Hay algún medio legal de anular los comodines electorales que conserva en su mano el independentismo catalán?

Obviamente, sí. Bastaría con que el Congreso de los Diputados aprobara una ley orgánica limitando a dos años la vigencia de las disposiciones transitorias de cualesquiera de las normas de derecho público del ordenamiento jurídico, invalidando su reproducción por cualquier medio y exigiendo el cumplimiento estricto del requisito constitucional de la proporcionalidad electoral.

Es hacedero y nada complicado. Sobran mayorías para eso.
________________

Juan-Ramón Capella, catedrático emérito de Filosofía del Derecho, publicó como editor, en 2003, 'Las sombras del sistema constitucional español'.
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7 Comentarios
  • Juanjo Seoane Juanjo Seoane 03/07/18 19:32

    Catalunya no tiene Ley Electoral propia. Dicho esto lo demás sobra

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    Ocultar 2 Respuestas

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    • Infobron Infobron 03/07/18 23:40

      ¿Lo demás sobra? Qué va a sobrar, hombre, que va a sobrar.

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      • Grobledam Grobledam 04/07/18 14:05

        ¿Sobrar?, sobran los comentarios ante las evidencias elocuentes del presente artículo.
        gracias por su trabajo Profesor Capella.

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  • Pelias Pelias 03/07/18 09:18

    Lo que quiere decir, y se viene diciendo desde hace mucho, que vivimos en un modelo democrático a la baja debido a la falta de representatividad equitativa de los distintos territorios. Quienes nos tienen  condenados a esta democracia poco representativa son el PsoE y el PP, acompañados de los partidos nacionalistas, es decir, los que nos han gobernado siempre, desde la caída de la dictadura, con mayorías absolutas o con pactos. Ahora nos gobierna el PsoE ¿por qué no promueve con su socio Podemos y con C's un cambio de la ley electoral que haga equitativa la representatividad de todos los ciudadanos del país? Serviría también para desenmascarar las actitudes falsarias de tanto separatista victimista e irredento que se creen venidos de otro planeta, con sangre amarilla y con más derechos a decidir que los españolitos normales.  

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  • ArktosUrsus ArktosUrsus 03/07/18 08:51

    En efecto, ese es uno de los problemas que se derivan de la ya antigua ley electoral y de la propia Constitución que fija un número de diputados entre 300 y 400 pero asigna una representación mínima inicial a cada provincia, actualmente dos diputados por provincia mas uno por Ceuta y otro por Melilla, en total 102 comprometidos en entrada tengan las provincias el número de habitantes que tengan. Y así el diputado en Soria (por ejemplo) que menos "cuesta" son 12.688 mientras que el que menos cuesta en Madrid son 87.723 y en Barcelona 75.854. Es urgente modificar el sistema. Pero como favorece a los grandes partidos (igual que en Cataluña) las posibilidades de cambio son mínimas tirando a inexistentes. Lo que viene a demostrar otra cosa: a los partidos les importa la ciudadanía un ardite.

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  • Antonio@58 Antonio@58 02/07/18 23:42

    Pues como en España, la minoría tradicional de las pequeñas provincias, se impone a la mayoría de las capitales más pobladas y progresistas. Ya es cansino que lo de la Ley Electoral vigente se use solo para criticar las elecciones catalanas.

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    • Infobron Infobron 03/07/18 23:48

      Esa crítica es muy anterior a la actual situación en Cataluña. Simpatizantes de partidos minoritarios como IU y la ya inexistente UPyD hace muchos años que se vienen quejando del sistema electoral. Por otra parte, los diputados de las provincias más pequeñas y (supuestamente) menos progresistas los ponen en las sedes centrales, que están en las capitales más grandes y (supuestamente) más progresistas. La influencia política de las provincias menos pobladas (todo el cinturón que rodea a Madrid) es prácticamente nula, a pesar de la sobrerrepresentación, porque sus diputados no son de la provincia sino del partido. La prueba es que desde hace 80 años no reciben inversiones estatales significativas.

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