La guerra de los lazos

La crisis de Cataluña no lleva camino de arreglarse, como algunos deseábamos, con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. De un modo diferente al de su antecesor, Sánchez parece equivocarse al evaluar la profundidad y alcance del problema. Es sensato por su parte reconocer que este (1) no se va a resolver en unos meses ni, probablemente, en unos años. Pero sería de esperar, en coherencia con esa sensatez, que por su complejidad y por el enquistamiento del que da señales, se pusiera de inmediato  manos a la obra en el diseño de una propuesta política orientada a definir los términos del encaje de Cataluña en un Estado necesariamente refundado para hacerlo posible.

En la nota a pie de página ya se ha aludido, ahora se formula de manera más explícita: cualquier solución integradora del “problema catalán” pasa por una refundación del Estado en España. Las formas de estado heredadas del Estado borbónico impuesto a comienzos del siglo XVIII, incluida la mejorada de 1978, no sirven para albergar la diversidad histórica y cultural de los pueblos sometidos a su jurisdicción.

La Constitución del 78 y en particular su Título VIII han sido un eficaz régimen transitorio entre la “constitución” de la dictadura franquista y el Estado democrático consagrante de las diversidades nacionales.

Pero ese virtuoso sendero ha sido clausurado en 2010 asentando en una parte significativa de la sociedad catalana una radical desconfianza hacia el Estado que se ha intensificado con las desafortunadas medidas represivas aplicadas por el gobierno del PP, incluida la suspensión de la autonomía con el 155º y las desafortunadas declaraciones del jefe del Estado.

Si no se parte de esa constatación, no se podrá entender el empeño de esa parte superior al 45% de la sociedad catalana (2) en reclamar la libertad de los políticos nacionalistas presos mediante los lazos amarillos que las escuadras de Cs arrancan con la cobertura de algunas televisiones de ámbito estatal.

Es verdad que Puigdemont/Torra a veces parecen empeñados en dificultar la labor del Gobierno de Madrid. Pero esto no debería ser pretexto para no avanzar propuestas en la dirección antes señalada, de forma que el conjunto de la sociedad española fuera conociendo e incorporando en su imaginario el contenido de alguna para poderlas contrastar al menos con el sistemático bombardeo de la mayoría de los medios estatales en favor de la política del 155º. Siendo conscientes de que el tiempo no ha pasado en balde y que soluciones que hubieran podido destensar el conflicto en la primavera del 2016, como la que ahora propone Sánchez de un  referéndum para el autogobierno (reiniciar el procedimiento de reforma estatutaria), es posible que hoy resulten inaplicables en el clima de polarización alcanzado.

La Constitución del 78 admitía –y admite– un desarrollo que diera satisfacción a las aspiraciones nacionales. Estas cuatro décadas que ahora cumplimos no han sido aprovechadas, desgraciadamente, para progresar en esta tarea. Le toca ahora a la actual clase política recuperar, sin precipitaciones, una parte del tiempo perdido.

Los que arrancan lazos amarillos y postulan un 155º más duro no tienen soluciones para las sociedades de nuestro tiempo, ni la catalana ni la española en su conjunto. Reeditar con un ligero barniz constitucionalista las “soluciones” de 1714 y 1939 solo puede conducir a la desafección y la desesperanza ciudadana, primero de los catalanes y luego del conjunto de la sociedad española. Quienes creen en la pasividad y apatía de las poblaciones como condición de funcionamiento eficaz de las democracias abocan a las mismas a su banalización y, en un paso posterior, a su liquidación efectiva.

El derecho a decidir es la esencia de la democracia, lo que la distingue de otras fórmulas de convivencia social, incluyendo los Estados oligárquicos con pluralismo de partidos.

La solidaridad entre los ciudadanos, su igualdad de derechos en cualquier punto del territorio, tan invocados por el PP y Cs, no pueden ser impuestas por la fuerza, tienen que ser libremente asumidas. La solidaridad es hija de la igualdad, del reconocimiento recíproco de los derechos, que es el fundamento del Estado democrático.

La construcción del Estado democrático reviste, en nuestro caso, dificultades ignoradas en otros países de nuestro entorno. De nada sirve ignorarlas pretextando que la democracia quedó lista y terminada con la promulgación de la Constitución (para la que Alianza Popular pidió la abstención en el referéndum constitucional).

La democracia se construye todos los días con el protagonismo de la ciudadanía, que es su fuente última de legitimidad, con el diálogo y el respeto a las posiciones de los demás. Y la Constitución, consagrante del acuerdo ciudadano, debe adecuarse a las dinámicas sociales cambiantes. La del 78 ha rendido notables servicios a la convivencia, es hora ya de vigorizarla adecuándola a las sociedades de  nuestro tiempo.

El PP pretende sancionar por ley a cargos públicos por portar lazos amarillos o esteladas

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    (1) Mucho más importante de lo que parece es cómo se denomina el problema. El enfoque que inspira  estos comentarios parte de considerarlo como el problema del Estado en España.

(2) Aunque solo fuera esa parte la que exige el derecho a decidir, ¿se puede desconocer como pretenden Rivera y Casado, esta aspiración alegando un mayoría aritmética constituida por los que no tiene posición o la tienen contraria al derecho a decidir (minoría) y el indiscutido “cumplimiento de la ley”(por cierto, en las dictaduras también existen leyes cuyo cumplimiento se exige, también son “Estados de Derecho”)?.

________________José Errejón Villacieros es administrador civil del Estado.