En defensa del federalismo

Necesitamos una respuesta federal para España. Una transición del sistema autonómico a un modelo federal de la estructura territorial del poder que se incorpore en la reforma pendiente de la Constitución. Ello ayudaría a la transformación del país en favor de una mayor cohesión de la ciudadanía así como de la estabilidad política y a una gobernanza más ética, solidaria y eficiente.

El inmovilismo del PP y C’s y la intransigencia de los grupos independentistas hacen que hoy no se den las condiciones óptimas para iniciar un complejo y largo proceso de diálogo y negociación sobre la reforma de la Constitución en el marco de la globalización. Y no dudo que el federalismo, sus principios y sus técnicas de aplicación, servirían para construir una nueva idea de España en una deseable Europa Federal, reforzar el Estado Social de Derecho y ensanchar la democracia.

Pero no por ello la reforma constitucional deja de ser una prioridad de la acción política que debiera abordarse en la próxima legislatura. Ojalá que lo sea a impulso de un gobierno socialdemócrata que busca una solución política para España en el marco de un Pacto Federal sobre la distribución constitucional del poder que sustituya al pacto de la transición.

Una solución que viene reclamando la izquierda para resolver las disfunciones y los problemas de eficiencia, lealtad y litigios que han provocado una crisis institucional del sistema autonómico. La mayor expresión es el conflicto existente en Cataluña como consecuencia del procés de secesión unilateral y de la ausencia de iniciativas políticas por parte del PP.

Ahora, la situación pide que demos pasos para clarificar, en un trabajo de información y debate con participación ciudadana, los perfiles de la propuesta en lo que se refiere a los principios y valores federales, que son los grandes desconocidos. De entrada, los principios de lealtad y coerción federal preservan otro principio: el de unidad, propio de un Estado Federal, unitario y compuesto, organizado de forma descentralizada mediante el autogobierno de sus federaciones.

El principio de cooperación es algo distintivo de un modelo federal que apuesta por potenciar los órganos horizontales de colaboración entre territorios así como las conferencias bilaterales y multilaterales de cooperación intergubernamental y administrativa para prevenir conflictos. Supondría revitalizar la conferencia de presidentes, las conferencias sectoriales y aprovechar las potencialidades que ofrecería su vinculación a un Senado Federal.

Un modelo federal de poder y soberanía compartidas se apoya en instrumentos de consulta y coordinación entre el Estado y las entidades federadas para la deliberación y la toma de decisiones. Tampoco olvida que, en asuntos del ámbito de la UE, los territorios federados han de participar en los procesos de elaboración de las decisiones por el Estado, en las propuestas políticas o en ejecución de las mismas.

El federalismo hace bandera del principio de solidaridad interterritorial que trata de garantizar la cohesión social mediante cláusulas de igualación de las condiciones básicas de vida y del ejercicio de los derechos sociales en todo el Estado. El sistema de financiación deberá estar incluido en la Constitución conforme a los principios de autonomía financiera, suficiencia, corresponsabilidad fiscal, solidaridad y equidad interterritorial para garantizar un nivel equivalente de los servicios públicos.

El principio de reconocimiento de la diversidad y las singularidades de los territorios se corresponde con una España plurinacional. Esta realidad hace explicable y necesario un modelo federal asimétrico que respondería a la existencia de hechos diferenciales legítimos entre las actuales Comunidades Autónomas y que ya se recogen en la Constitución.

Un reparto racional, preciso y eficaz de competencias entre la federación y los territorios federados ha de ir de la mano del principio de subsidiariedad, teniendo en cuenta a las entidades locales. Se trata de reducir la conflictividad, las duplicidades, evitar las guerras de transferencias y las invasiones competenciales conforme a un sistema organizativo más eficaz y sin ambigüedades que acote en la Constitución las facultades concretas del Estado y el papel del Tribunal Constitucional.

Este nuevo modelo de país conlleva la conversión del Senado, siguiendo el Informe del Consejo de Estado, en una cámara de representación de los territorios para desarrollar la función legislativa en materias que afectan a la distribución del poder, actuar como una instancia que genere mecanismos de integración y propiciar la relación entre las entidades federadas.

Por último, ante las posiciones extremas de confrontación por parte de quienes plantean la ruptura del Estado o su recentralización –en este caso con la excusa de proteger la unidad de España– la respuesta federalista favorece el autogobierno de los territorios y una gobernanza solidaria del Estado en defensa del interés general. También ayudaría en la negociación sobre la dimensión del autogobierno de Cataluña en España, apoyado en una Constitución Federal, que conllevaría la celebración de un referéndum democrático.