La educación: ¿chivo expiatorio, receta mágica o política estratégica?

Temas tras tema, artículo tras artículo, tertulia tras tertulia, siempre presente la educación como problema, alternativa, solución mágica o culpable de todos los males. Es recurrente entre el periodismo, en los debates, en la política, se hable o se escriba del tema que sea, la educación cumple una función. No siempre relevante, no siempre con acierto, pero ahí está. Desgraciadamente, casi siempre, utilizada sin un auténtico conocimiento del tema. Últimamente, desde perfiles profesionales de otras ramas como la economía, las tecnologías o el derecho, reiteradamente desde la sociología (no necesariamente de la sociología de la educación), por supuesto desde la política, se sentencian influencias o alternativas para la educación. Se rebela como uno de esos campos sobre el que todo el mundo tiene algo que decir, sabe lo que hay hacer o critica los errores.

Por una parte, existe una cierta lógica por su papel en el desarrollo humano, para que una gran mayoría piense que debe opinar al respecto. Pero se transforma en reproducción de prejuicios, preconceptos y generalidades en la medida en que se parte de una experiencia personal o familiar concreta que se eleva a categoría universal. Sería deseable que la formación de la ciudadanía permitiera opinar de forma menos subjetiva. Este verano, una abuela (sin estudios ni experiencia política) discutió conmigo en base a su propia experiencia con su nieto de 3 años, como fuente de veracidad absoluta contra cualquier argumento que pudiera esgrimir. En los últimos tiempos, a partir de la tormenta perfecta creada por los avatares que generan las nuevas tecnologías, desde los más variados análisis se llega a conclusiones sobre los cambios necesarios en la educación.

Es habitual que ante cualquier déficit social o cultural se indique que hay que incluir el tema en la enseñanza, a veces sin considerar que para algunas cuestiones (la educación emocional, el respeto a normas de convivencia, etc.) el peso de la familia es mucho mayor, y para otras (como los valores) la influencia de los medios de comunicación como la televisión o internet es mayor que lo que se puede hacer desde la escuela, sobre todo en la adolescencia.[i] Incluso no se diferencia la edad del alumnado, cuando es un factor predominante en ciertas conductas. ¿Hay problemas de accidentes de tráfico? Educación vial en la escuela. ¿Hay que concienciar sobre la protección del medio ambiente? Agregar contenidos en la enseñanza. ¿Persiste la violencia machista? Responsabilicemos a los centros. ¿Se debe fomentar el cuidado de los animales? Más dedicación en la enseñanza. ¿Existen embarazos de adolescentes? Educación sexual en el sistema educativo. Claro, todo sin reducir los contenidos curriculares de lengua, matemática, historia, geografía, ciencias, etc. Y por supuesto, no debe desaparecer ni la educación física ni la artística, hay que reforzar la enseñanza de idiomas y aumentar de forma considerable la presencia de la informática y las tecnologías digitales.

Ahora la preocupación por el futuro del empleo o el desempleo, los cambios en el trabajo producto de la digitalización o la inteligencia artificial acaban siempre con la misma recomendación: reformar la enseñanza.[ii] Unas propuestas incluyen contenidos concretos sobre informática, programación, nuevas tecnologías desde la infancia. A veces sin medir las capacidades propias de la evolución de la inteligencia[iii] o la personalidad en las diferentes etapas, ni las opciones de aprendizaje, ni las metodologías de enseñanza. Otras, sin entender las dimensiones temporales, los ciclos, las secuencias, o la imprescindible formación del profesorado. En algunos casos empiezan a coincidir con nuestras “viejas” alternativas de aprendizajes cooperativos, metodologías innovadoras de experimentación, investigación, abandono del verbalismo y la memorización, enseñanza activas y participativas para el desarrollo del pensamiento y la creatividad.

Todo ello puede atenderse en un sistema educativo en la medida en que se abandone la concepción tradicional enciclopédica. Porque no se trata de transmitir información y más contenidos conceptuales tradicionales, sino de modificar todo el sentido, los fines y los principios educativos. Por supuesto que hay que incluir todo los temas mencionados, pero con dos advertencias: no son asignaturas ni contenidos tradicionales y no será eficaz sin la complicidad, la colaboración del resto de instituciones sociales responsables de la educación de las generaciones jóvenes: la familia, las políticas sociales, los medios de comunicación, el mundo de la cultura.

Todo puede reformarse pero jamás tendrá ningún efecto transformador sin la activa participación y el compromiso de los profesionales de la enseñanza. Los sistemas educativos no se cambian sin el concurso de quienes tienen que hacer esos cambios. Ése es el error de tantas políticas públicas con buenas o malas intenciones. Los sistemas educativos no cambian rápidamente, ni de forma generalizada, necesitan planes de transición, acompasados con la formación y la voluntad de sus agentes intervinientes (la administración, las familias y el profesorado). Los sistemas educativos no se cambian con una ley, aunque sea necesaria. No se cambian redactando circulares, implican un gran esfuerzo de mucha gente, necesitan recursos adecuados y suficientes, planes concretos priorizando acciones. A veces, las resistencias al cambio son poderosas, aunque se demuestre científicamente un cambio importante, no sólo el profesorado sino las familias, la prensa o la sociedad no aceptan las nuevas modificaciones.[iv]

Hay cambios que pueden implementarse o acoplarse sin modificaciones importantes de la estructura básica del sistema, como se hizo con la LOE sobre la LOGSE respecto de la etapas obligatorias. La LOMCE introduce un cambio significativo sin tocar los cursos: la segregación del alumnado por itinerarios hacia el bachillerato o la formación profesional y otro más profundo con la FP Básica sustituyendo a los Programas de Cualificación Profesional Inicial. No obstante, desde 1991 se mantiene la edad para la enseñanza obligatoria y los ciclos formativos de grado medio y superior de la FP. Los cambios curriculares, sobre todo si se modifican las horas de dedicación, afectan de forma directa a las plantillas docentes, un hecho que muchas propuestas no consideran. Otros, puede que ni siquiera puedan tocarse porque se relacionan con equivalencias para el reconocimiento europeo de las titulaciones.

Hemos limitado los ejemplos porque no se trata de dar lecciones, sino de demostrar que cuando se hacen propuestas sobre lo que tiene que asumir el sistema educativo o sobre los cambios de modelo, es necesario contextualizar partiendo de la realidad existente (como en cualquier alternativa a cualquier cambio institucional), visualizar transiciones para unas instituciones ciertamente arcaicas, burocráticas en muchos aspectos, que cumplen unas funciones sociales establecidas desde hace siglos. Otra cuestión sería si las propuestas encajan en las actuales estructuras, sin modificaciones sustanciales, aunque es incuestionable que deberán contar con sus profesionales y seleccionar prioridades, ejes principales de actuación.

Existen otros mantras –en esta oleada de advertencias sobre la digitalización– que plantean medidas que como mínimo no son viables o distorsionan las interrelaciones. Se comprende la urgencia y la importancia de esas nuevas enseñanzas, pero no es admisible que la enseñanza sea el chivo expiatorio de lo que deben resolver otras instancias en lo inmediato. Si lo urgente es evitar las exclusiones de trabajadores y trabajadoras que no disponen de la cualificación en nuevas tecnologías digitales, las inversiones deben dirigirse a la formación continua, a la recualificación, al aprovechamiento de la cualificación profesional de que disponen orientando la adquisición de competencias para los nuevos retos. Si la preocupación fuera el empleo de la gente joven, nos encontramos con una situación real de subempleo o de emigración por falta de oportunidades, de las personas con mayor cualificación. Si las empresas no ofrecen salarios que reconozcan la cualificación inicial, si no invierten en la adaptación a los puestos de trabajo y facilitan la promoción o el desarrollo profesional, es indudable que no se puede invertir recursos públicos para que mantengan bajos salarios o no inviertan en tecnologías.

En el caso de la formación profesional, etapa no obligatoria a partir de los 16 años, se podrían desarrollar bastantes modificaciones, actualizaciones, formación del profesorado, diseños de titulaciones, etc. Sin tocar aspectos estructurales, disponemos del marco legal que permite todos esos cambios necesarios y urgentes. Implica que funcione el diálogo social, se participe en la toma de decisiones, se aumenten las inversiones, se consolide la colaboración desinteresada de las empresas evitando fraudes en las prácticas, sobre todo en la dual. Es factible un aumento de la oferta de FP y la promoción de su prestigio, pero no se puede recortar los estudios para satisfacer unas demandas inmediatas, no es ése el sentido del sistema educativo ni la función social de las enseñanzas. Porque volvemos al mismo principio: la educación no puede satisfacer demandas inmediatas de las empresas ni del mercado de trabajo, debe programarse con rentabilidad social estratégica, para el conjunto del sistema productivo y educativo, atendiendo a las necesidades de la ciudadanía, de los territorios, del futuro de la sociedad.

Para superar el desempleo es necesario acertar con las políticas activas en general, con la formación pertinente, en contenidos y en metodologías. Porque si no se modifican los procesos de enseñanza-aprendizaje no formales, mientras se mantengan con modelos tradicionales, academicistas, directivos, pasivos, esas enseñanzas seguirán siendo poco efectivas para la inserción profesional. Además, la mayoría de las personas en desempleo de larga duración, por ejemplo, necesitan realizar experiencias de aprendizaje que les permitan superar diferentes dificultades, adquirir otras capacidades, que no se limitan a acumular información o manejar las herramientas informáticas de forma mecánica.

¿Hay que reformar el sistema educativo? Por supuesto, pero no necesariamente para satisfacer sólo demandas de mano de obra, porque el sistema educativo cumple una función mucho más amplia, desde lo individual y desde lo colectivo, desde el desarrollo integral hasta los valores democráticos, para la vida, para la comunidad y para el trabajo. Es una institución que funciona a largo plazo, desde la infancia hasta la vida adulta, atendiendo de generación en generación a conocimientos científicos, tecnológicos, artísticos, filosóficos, históricos, culturales, etc. Debe incluir el mundo del trabajo, en sentido amplio en la enseñanza obligatoria y sin excesivas especializaciones en la formación profesional porque se quedan obsoletas en poco tiempo[v]. Otras cuestiones muy diferentes habría que plantear si atendemos a la universidad, aunque vale también aquello de no especializar muy pronto; porque una formación más amplia y más sólida, científica y contextualizada, permite mayores cotas de empleabilidad y mayores opciones de reciclaje continuado.

Sin otras pretensiones, estas reflexiones aspiran a contribuir al debate, a llamar la atención sobre unas realidades que varias personalidades han catalogado como de las más complejas y dinámicas de las sociedades contemporáneas. La complejidad y el dinamismo de una práctica social institucional que tiene una historia, diversidad de protagonistas, un entramado social y cultural, y un paradigma ciertamente anticuado que necesita cambiar con la participación más democrática posible, para ponerla al servicio de un sistema público de educación y formación. Tal vez, incluso en el resto de Europa, debería rescatarse el Informe Delors, que ante la ola de neoliberalismo ha pasado a ser un documento muy valioso [vi].