La ministra de Economía, la aproximación holística y los derechos de los pensionistas

Pedro Sánchez afirmó el 16 de septiembre en el programa El Objetivo de Ana Pastor que las pensiones se revalorizarían por el IPC, y que si la inflación superaba el 1,6%, que sirvió de base para aprobar los Presupuestos del 2018, se procedería al ajuste por la diferencia entre el IPC real y el citado porcentaje.

En el Pacto de Toledo, por iniciativa de Podemos y PSOE, luego de dos años de deliberaciones, se determinó que no era aceptable continuar con el tristemente famoso 0,25 % de la reforma de Rajoy del 2013 y recomendar la aplicación del IPC real para que los pensionistas no continuaran perdiendo poder adquisitivo.

Es admisible que el PP, Ciudadanos y PdeCat comenzaran a hablar de lo confuso de la redacción, de la necesidad de incorporar nuevos parámetros al ajuste de las pensiones y no dejarlas libradas exclusivamente a la evolución del IPC. En todo caso, forma parte de su estrategia e ideología proceder en ese sentido.

Lo que no es admisible que el propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granados, advirtiera el mismo día del acuerdo sobre los efectos perversos de la aplicación continuada del IPC como único parámetro a tener en cuenta en la revalorización de las pensiones, o que la ministra de Trabajo se apresurara a decir que la citada recomendación del Pacto de Toledo no era vinculante.

No pasaron 48 horas para recibir las recomendaciones del FMI destinadas a apoyar todo lo actuado por el gobierno de Rajoy en esta materia y las advertencias de Bruselas en cuanto al posible incumplimiento del déficit presupuestario.

Sin embargo, la puntilla sobre este tema provenía de la ministra de Economía que el 2 de octubre introducía el adjetivo holístico/a. Sugería una “aproximación holística” para considerar el ajuste de las pensiones; concepto que a su criterio, resultaba más amplio que lo tratado en dos años de reuniones del Pacto de Toledo.

Lo traducía, porque era necesario traducirlo, como la necesidad de analizar la sostenibilidad del sistema teniendo en cuenta la evolución de toda una serie de variables; demográficas, empleo, nivel salarial, PIB, número de años de cotización, la tasa de reposición de las pensiones, la edad de jubilación y verificar como interactúan todas estas variables entre sí. En definitiva, el IPC real no debía aplicarse como única variable, y esta idea final la fijaba la ministra de Economía como la posición del actual Gobierno. Si hubiera sido todo lo sincera que la ocasión merecía, hubiera precisado que su “aproximación holística” estaba destinada a rebajar el porcentaje de ajuste que surge del IPC real.

Dentro del equipo de asesores de la ministra de Economía seguramente puedan elaborar y hacerle llegar un par de números esclarecedores, a saber:

El 0,25% para millones de pensiones que rondan los 600 euros representan 1,50 euros al mes. Modificar la normativa y ajustar por el IPC real incorporaría a la retribución de los pensionistas aproximadamente 12 euros al mes.

Es evidente que ni 601,50 euros ni 612 euros mensuales pueden considerarse como pensiones dignas y que la “aproximación holística” de la ministra, debería servir para mejorar la totalidad de las retribuciones de los pensionistas, en lugar de condenarlos a continuar perdiendo su escaso poder adquisitivo.

La holística de los pensionistas

Está basada en el conjunto de los derechos adquiridos durante toda una vida de trabajo cotizando a la Seguridad Social. En el estudio de la totalidad del sistema identifican que el problema no está en el gasto sino en la necesidad de incorporar los Ingresos suficientes para blindar esos derechos.

Reclaman pensiones dignas ajustadas por el IPC real, derogación del copago farmacéutico, derogación del factor de sostenibilidad, de la reformas laborales 2010/2012 y reformas de las pensiones 2011/2013, un incremento sustancial del salario mínimo interprofesional, finalizar con la precariedad laboral y el fraude en la contratación. Solo le hace falta a la ministra de Economía escuchar a los pensionistas para enterarse, en lugar de seguir fielmente las recomendaciones del FMI y de Bruselas.

Por primera vez en muchos años la encuesta del CIS del mes de setiembre muestra al PSOE en mejor posición y distanciado del PP entre los mayores de más de 65 años y en la franja de edad de 55 a 64 años. En consecuencia, los partidos progresistas no deben defraudar las expectativas creadas con la moción de censura y para ello los grupos parlamentarios afines deben trabajar para establecer condiciones de contratación adecuadas; incrementar los salarios y, como consecuencia de todo ello, optimizar las cotizaciones sociales.

Adicionalmente hay que mejorar sustancialmente los ingresos propios de la Seguridad Social destopando las cotizaciones sociales como lo han hecho varios países de la Unión Europea. También es necesario excluir los gastos de personal y las reducciones/bonificaciones que no corresponden ser asumidos por la Caja Única.

Los déficits puntuales que anualmente se produzcan deben ser atendidos a través de otras fuentes de financiación establecidas en los Presupuestos Generales del Estado.

Conclusiones

La ministra de Economía ha matizado sus declaraciones el 5 de octubre y aceptado el criterio de  la revalorización de las pensiones en base al IPC real, aduciendo que se refería al muy largo plazo, en su anterior análisis aristotélico.

En el acuerdo logrado entre el Gobierno y Podemos el 11 de octubre, ha intervenido directamente la ministra de Hacienda, lo que ha permitido presentar como propuesta del presupuesto del año 2019 la actualización del poder adquisitivo de las pensiones según el IPC real; una mayor atención para las pensiones mínimas y contributivas, que crecerían un 3%; una mejora sustancial e histórica para el salario mínimo, que se eleva a 900 euros en 14 pagas; la eliminación paulatina del copago farmacéutico; la cotización de autónomos según sus ingresos reales; revisar las bonificaciones a la contratación; modificar la cotización de las horas extraordinarias; mayor inversión en dependencia; y, adicionalmente, recuperar el subsidio de desempleo para mayores de 52 años.

Estos avances realmente positivos, que incluyen mayores ingresos para la Seguridad Social, inclusive de orden fiscal, no resuelven su déficit estructural y corresponde continuar afrontando decididamente los problemas de financiación de la Caja Única.

Por consiguiente, y con independencia del desarrollo parlamentario de estas medidas, el ajuste de las pensiones mediante la aplicación del IPC real debe garantizarse por ley.

Cabe recordar, por último, que gobierne quien gobierne los pensionistas seguirán en la lucha por el conjunto de sus reivindicaciones, transmitiéndolo cada lunes a toda la ciudadanía, en defensa del sistema público de pensiones de solidaridad intergeneracional e interterritorial; rechazando los sistemas de capitalización individuales que han mostrado su fracaso a nivel internacional y no permitiendo fragmentar la Caja Única de la Seguridad Social en favor de comunidades más aventajadas económicamente, como reclama el PNV para el País Vasco.