Consensos rotos, el Borbón en Botswana, es hora de república

La Transición y el restablecimiento de la democracia en España tras casi 40 años de dictadura militar contaron con varios consensos fundantes y una clave de bóveda como garante de los mismos. Esa clave de bóveda, impuesta, no es otra que la monarquía.

La monarquía apuntalaba un Estado que garantizaba que esos consensos fundantes, aterrizados en la Constitución, tuvieran siempre plena vigencia.

Tres eran los consensos fundantes.

El primero de ellos en torno a la idea del progreso. Según este consenso, la sociedad española se insertaba en la senda del progreso y las generaciones venideras vivirían mejor que sus predecesoras. Los hijos vivirían, en términos de condiciones materiales y oportunidades, mejor que sus padres. Los nietos mejor que sus hijos, y así sucesivamente, en una progresión de bienestar material y social. El estallido de la crisis puso en evidencia la ruptura de este consenso fundante. La generación del 15-M se vio abandonada a su suerte, sin oportunidades de futuro ni bienestar de ningún tipo, ante la impotencia de generaciones anteriores que veían como a sus hijos y nietos les tocaría vivir una vida mucho más dura y de regresión en términos materiales.

La Constitución hizo aguas y no aguantó el envite de los mercados. Aquellos artículos y derechos que garantizaban el consenso del progreso fueron total o parcialmente conculcados. Algunos ejemplos.

El artículo 31 de progresividad y justicia tributaria en el país de la amnistía fiscal de Montoro, donde los grandes grupos empresariales tributan beneficios a un tipo efectivo medio del 6%, mientras que autónomos o pymes lo hacen al 15% y los trabajadores asalariados al 22%.

Los artículos 27 y 43, referidos al derecho a educación y salud, pública y gratuita, en la España de los recortes donde, desde el inicio de la crisis, el número de alumnos matriculados en el régimen general educativo ha aumentado en medio millón mientras que se han destruido 7.000 plazas de profesores, o donde las listas de espera quirúrgicas crecen año a año colocándose actualmente en los 106 días de media.

El artículo 50 que regula el derecho a la suficiencia económica en la tercera edad, amenazado de ser conculcado ante una hucha de las pensiones esquilmada y una indexación de las pensiones al IPC que no termina de ser blindada.

El consenso del progreso: roto.

El segundo de los consensos fundantes de la Transición y la democracia tiene que ver con la modernidad, Europa y las libertades. Nuestro país pasaba a transitar la senda de la modernidad con la integración en un marco europeo que garantizaba plenos derechos y libertades. Ya con anterioridad a la crisis, pero especialmente desde el inicio de la misma, la Unión Europea se convirtió en un marco que hurtó la soberanía económica a los países que la integraban, constriñendo derechos y libertades en lugar de garantizarlos.

La Constitución volvió a ceder frente a los mercados. Prueba de ello es la reforma del artículo 135 que antepuso el pago de la deuda a los bancos alemanes por delante de la financiación de los derechos sociales y las pensiones. O las libertades públicas recogidas en los artículos 17, 20, 21 y 22, conculcadas tras la entrada en vigor de ley Mordaza.

El consenso de la modernidad, Europa y las libertades: roto.

Mientras estos consensos fundantes de transición y democracia saltaban por los aires, la monarquía, lejos de apuntalar el Estado y la Constitución, se mantuvo al margen aplicando un principio de neutralidad con el mercado. El Borbón miró hacia otro lado, más preocupado en dedicar tiempo a sus cacerías de elefantes en Botswana y obtener mordidas vía Corinna, que en garantizar el progreso, derechos y libertades en España.

La monarquía dejó aparcado el principio de neutralidad, eso sí, para instar al gobierno de Rajoy a la aplicación del artículo 155 y la suspensión de la autonomía catalana en octubre de 2017. Ya podía haber aparcado el principio de neutralidad para instar a ese mismo gobierno a suspender la deriva austericida y el recorte de derechos y libertades en España. Eso habría puesto al jefe del Estado a defender el Estado. Pero ese es otro cuento, que ni de reyes ni reinas, ni de príncipes ni princesas.

Durante todo este tiempo, además de romperse estos consensos fundantes ante la distraída mirada de un monarca entregado a la desidia, han ocurrido otras cosas. Por ejemplo, el CIS lleva años sin preguntar por la monarquía, hecho curioso cuando existe un debate creciente al respecto en los últimos años, especialmente tras la filtración de los audios del comisario Villarejo y Corinna. Prueba de la vigencia de este debate es que distintos medios sí han publicado encuestas al respecto en las que la abolición de la monarquía y su sustitución por una república obtiene en torno a un 40% de apoyos, el mantenimiento de la monarquía otro 40% y la indecisión se coloca en el 20%. Quienes tenemos la suerte de contar con encuestas propias y datos de primera mano sabemos que el apoyo a una república es incluso mayor, cercano al 50%.

Así las cosas, con la ruptura de esos consensos fundantes de transición y democracia, una Constitución parcialmente conculcada y una Jefatura del Estado que ha dejado caer al Estado, cabe preguntarse, ¿no ha llegado el momento de una república?

Algunos creemos que sí, toca abrir brecha y romper de nuevo el tablero. Son varias las razones.

Hablar de república es hablar de los problemas del pasado y el presente de España, para caminar hacia el futuro.

Es abordar la reforma constitucional, modelo de Estado y modelo territorial.

Es apostar por democracia y modernidad en un momento de pérdida creciente de soberanía y regresión de derechos y libertades, con los fantasmas del pasado de la extrema derecha acechando.

Es, en definitiva, recoger el guante que lanzó el 15-M y generar una institucionalidad que sí nos represente, defienda los intereses de las mayorías sociales y erija nuevos consensos fundantes para una España del siglo XXI.

El camino hacia un nuevo Estado republicano pasa por una alianza con la ciudadanía, entendiendo que una república va mucho más allá de la elección del Jefe de Estado. Una república debe abrirse paso desde la Sociedad Civil, en torno a un gran movimiento republicano, feminista y ecologista, en la defensa de los derechos civiles, sociales y económicos, en la asunción de una realidad plurinacional y soberanista frente a las injerencias de los mercados.

Un movimiento morado que no se pierda en la nostalgia de la II La República y mire al futuro, entendiendo que el progreso pasa por una república nueva.

Ese gran movimiento debe estar acompañado por partidos políticos que hagan posible, a modo de palanca institucional, la apertura de un proceso constituyente que dé paso a una nueva institucionalidad republicana.

Y debe ser así porque de lo contrario estaríamos rompiendo de nuevo el tercer consenso fundante de la Transición y la democracia, el de la pluralidad política. Según este consenso, la ciudadanía vería reflejada en los partidos políticos la pluralidad de todo el espectro ideológico. Este consenso se rompió con la irrupción del 15-M y el “no nos representan”, para restablecerse años después con la llegada de nuevos partidos, con Podemos como principal referente, que vinieron a quebrar el bipartidismo homogeneizador.

Corremos el riesgo de que ese 40% largo de compatriotas que apuestan en las encuestas por una república queden huérfanos. Debemos garantizar que la pluralidad política sigue teniendo reflejo en los partidos. Toca asumir esa dicotomización del espacio político y tomar posición del lado del país que viene frente al que ya pasó. Defendamos una nueva institucionalidad, es hora de república.