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Plaza Pública

Pacto social, Constitución y democracia, ¿'game over'?

Marta Ávila
Publicada el 03/04/2019 a las 06:00 Actualizada el 04/04/2019 a las 00:51
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El acontecimiento clave para el desarrollo y la fundamentación de las democracias europeas modernas fue la Revolución Francesa de 1789. Conviene recordar que el ingrediente base del concepto moderno de democracia es el contractualismo –o contrato social–, un contrato entre los individuos con su Estado por el que estos se comprometen a renunciar a ejercer cierta parte de sus voluntades para constituirse en sujetos de derechos civiles y estos derechos les confieren seguridad. Los orígenes de una teoría contractualista, algo primitiva, hay que buscarlos ya en la Filosofía y la Política de la Atenas de Pericles (s.V); si bien será con Nicolás Maquiavelo, en el momento en que está desapareciendo gradualmente el feudalismo y comienzan a formarse los Estados y, posteriormente, en el siglo XVIII cuando reaparezca en todo su esplendor defendido por pensadores como  Hobbes, Locke Hume y Rousseau, entre otros.

En 1513, Nicolás Maquiavelo publica la obra El Príncipe, donde defiende que “en la actividad política, lo importante es alcanzar los fines que se proponen sin importar los medios para conseguirlos”. La razón de Estado se legitima así con el poder político quedando liberada para ejercer cualquier acción con carta blanca; pues se justifica a sí misma, ya que con ella se pretende el bien de la nación. El principal objetivo se basará fundamentalmente en crear un gran Estado, fuerte, capaz de repeler los ataques e intrusiones extranjeras y, por supuesto, para afianzar su soberanía, garantizando la seguridad de los ciudadanos (que no su felicidad). Para Maquiavelo, sólo en caso de que no sea posible lograr este fin último, a causa de que se corrompa el poder político o el príncipe (gobernador) se convierta en tirano, estará justificada la rebelión de las clases populares.

Ya en el siglo XVIII, David Hume examina las tesis del pacto social en que se basa el contractualismo: “Los hombres cambian su libertad natural por las leyes para obtener paz y orden; es decir, por seguridad”. Dadas estas premisas, el fundamento de la sumisión al Gobierno reside en el interés individual; es decir, en los beneficios que de ello se derivan para el individuo.

En una vuelta de tuerca más en el camino por lograr sociedades más democráticas cada vez más justas e igualitarias, Rousseau propone el contrato social como medio para defender a cada individuo de la posibilidad de ser avasallado por otros, no como un contrato al que el individuo haya de ser sumiso para que haya paz, limitado al principio de obediencia, puesto que entonces sería un contrato injusto, ya que trata de aparentar un acto de desigualdad como si fuese de igualdad. En su Contrato Social (1762) Rousseau propone el pacto que permitirá que la fuerza del conjunto no se vea como una amenaza, sino que sea la garantía de la libertad de cada individuo. Un pacto social sólo puede derivar de la voluntad general y ésta ha de coincidir con la voluntad de cada individuo. Es decir, en la medida en que cada individuo renuncia a su voluntad particular para querer por sí mismo el bien de todos, se hace que los individuos dependan de ese cuerpo social y no unos de otros; a su vez, este cuerpo social se constituye en una república legítima donde el único soberano es el pueblo. Todas las leyes son la expresión de la voluntad general y ésta ha de verse representada por el gobernante, por lo que no renunciamos a parte de nuestra libertad, sino que la invertimos para recogerla transformada en libertad social (seguridad). Por tanto, se hace imperativo que el gobernador rija el orden en la ciudad sin perder de vista los derechos y necesidades de los ciudadanos, así como sus obligaciones. Es el reflejo del empirismo en la concepción socio-política.

Se distinguen diversas aptitudes, sine qua non el pacto fracasaría, tanto en la comunidad social (benevolencia y Justicia ) como en el individuo (inteligencia y fuerza de voluntad).

En el contexto de la postverdad, la malentendida equidistancia, el eufemismo, la falacia o el desprecio de los datos objetivos, la consecuencia política más inmediata de la adulteración del lenguaje es la devaluación de la democracia. El liberalismo (fundamento político que defiende el interés y bienestar del individuo por encima del interés y bienestar económico del Estado, es decir, la microeconomía, o economía de todos; por encima de la macroeconomía o economía de las élites extractivas de una nación), se ha aplicado a los poderes económicos derivando en la vertiente del neoliberalismo thatcheriano o libre mercado, que sustituye la soberanía del pueblo por la dictadura de las corporaciones (lo percibimos cada vez que una eléctrica o una operadora de telefonía cambia unilateralmente las las condiciones del servicio contra lo que poco podemos hacer salvo perder la paciencia).

La renta básica

A estas alturas, los Estados, deberían estar ejecutando ya medidas como la renta básica garantizada. En su último trabajo, Renta Básica (Ed. Deusto. 2019), Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, plantea, entre otros aspectos, el de “la renta básica como subproducto del ataque neoliberal al Estado del bienestar” y descubre, entre otros datos de gran relevancia, en el capítulo VI que:

“[…] con una minúscula tasa del 0,1 por ciento sobre el volumen total de las transacciones [que se realizan en el mundo] se podría financiar sobradamente una renta básica universal en todos los países del planeta sin que ningún Estado tuviera que establecer ningún tipo de impuesto adicional.

Es verdad que se trata de cálculos brutos, de trazo grueso y una tasa así necesitaría un gran acuerdo internacional, una tecnología apropiada, mecanismos adecuados de liquidación y luego de reparto (porque no tendría sentido que la renta básica fuese igual en todos los países o incluso territorios …). Pero todos esos no son sino problemas técnicos que se pueden resolver con más o menos dificultad con los medios con los que hoy día disponemos. Lo importante es que no se puede afirmar que la financiación de una renta básica universal, ni siquiera a escala planetaria, sea imposible porque no hay recursos.” [Págs. 203 y 204]

El pasado 19 de febrero, en la Fundación Rafael del Pino tuvo lugar la presentación del libro del profesor Torres López. En la mesa de debate, lo acompañaban Francisco Javier Braña, también catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, y Juan Ramón Rallo, profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín.

Ante la solvencia en la exposición de datos de los profesores Torres López y Braña sobre una renta básica posible y sostenible, el profesor Rallo reaccionaba a propósito de su financiación: “Estoy moralmente en contra de la renta básica porque es un atentado contra la libertad del individuo”. Cuando en el turno de intervenciones del público, le pregunté al profesor Rallo si también le parecían “un atentado contra la libertad del individuo” la Sanidad o la Educación publicas, me respondió que sí, pero que habíamos venido a hablar de la renta básica. Las preguntas acabaron pronto y apenas hubo debate, sospecho que más por la imposibilidad de acercar posturas que por falta de ganas.

Habiéndoles hablado aquí de lo que el contrato social significa, como pilar básico para la convivencia en democracia, los argumentos de Juan Ramón Rallo contra la renta básica me parecen la excusa de una parte privilegiada de la sociedad para escatimar al resto el mismo derecho a la seguridad que ellos disfrutan y supone la firma de un contrato social a dos velocidades que, de facto, liquida el concepto mismo de democracia.  Al salir de la Fundación Rafael del Pino comprendí que había cometido un error al dedicarle mi pregunta en lugar de preguntar al autor sobre los tipos posibles de renta básica; por suerte para mí, estos puntos están bien explicados en el libro en los capítulos II y IV, respectivamente. Les recomiendo la lectura del trabajo de Juan Torres López.

La empresa católica

Si atendemos al capital que el Estado español deja escapar por el sumidero al no fiscalizar la mayor empresa de este país, la Iglesia, entenderemos que la despreocupación por la distribución justa no es un fallo del sistema, sino el sistema en sí mismo. “La Iglesia es una empresa en rescate permanente”, afirma Ángel Munárriz, periodista de infoLibre, desde la solvencia de los datos en profundidad que ofrece en Iglesia S.A (Ed. Akal. 2019):

“Abortada criminalmente [la Segunda República] la Iglesia encontró por fin el perfecto acomodo en el Estado. Más que acomodo, simbiosis. […] Lo desveló Carrero Blanco siendo vicepresidente del Gobierno, en diciembre de 1972, y lo recogió al día siguiente el diario Pueblo: ” Desde 1939 —declaró Carrero— el Estado ha gastado unos 300.000 millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y de enseñanza, sostenimiento del culto, etcétera”. [Pág. 38]

Más adelante, señala Munárriz, “no ha habido, por cierto, ningún responsable institucional que, como hiciera en su día Carrero Blanco —¡300.000 millones en 33 años!—, haya cuantificado el dinero entregado por el Estado a la Iglesia durante estas cuatro décadas. Ahí la dictadura fue más transparente que la democracia”. [Pág. 69]

Ninguna institución gubernamental fiscaliza el dinero público que va a parar a la Iglesia, ni el Tribunal de Cuentas, ni el Gobierno contabilizan sus bienes, los cobros y beneficios que obtienen por la entrada a los templos o no pagar el IBI en sus propiedades; así como tampoco se fiscaliza el dinero que obtiene la empresa católica vía IRPF. De lo que sí tenemos conocimiento es de los acuerdos entre Iglesia y Estado para subir los porcentajes de beneficios por ley:

“La bomba cayó un viernes 22 de septiembre de 2006. La encargada de anunciar el acuerdo fue la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega tras la habitual rueda de prensa del Consejo de Ministros. La asignación vía IRPF a la Iglesia pasaba del 0,5239 al 0,7, una subida de más del 33 por 100.” [Pág. 114]

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad no contabiliza los pingües beneficios de la Iglesia en esta competencia a raíz de las privatizaciones que han abierto a la empresa católica las puertas de este sector básico. Los datos que proporciona Ángel Munárriz arrojan mucha luz a este respecto: “Según Europa Laica, el dinero público anual destinado por las autonomías a las instituciones sanitarias de la Iglesia asciende a 900 millones de euros. La Santa Madre cuenta con 69 hospitales, 54 ambulatorios y 792 casas para ancianos, crónicos y discapacitados. El 27, 3 por 100 de las camas privadas están en sus manos. Los grupos hospitalarios gestionados por entidades eclesiales, beneficiarias destacadas de las privatizaciones del PP, facturan unos 4.000 millones al año.” [Pág. 139]  Y es que como diagnostica el propio Munárriz: “La Iglesia necesita un Estado pequeño para que el Estado necesite una gran Iglesia. […] Allí donde se enquista la Iglesia, el Estado relaja su autoexigencia. La Iglesia precariza así la educación pública, la asistencia social pública y la sanidad pública, y a costa de este vacío extiende sus redes. Es una carcoma para el Estado social”. [ibíd.]. Y cerrando ya el epígrafe una inquietante pregunta: “¿Y si se aprueba una ley de eutanasia contraria a los preceptos de la Iglesia? ¿Van a negarse a aplicarla los centros sanitarios católicos?” [Pág. 141]. Les recomiendo también la lectura de este trabajo que revela con b y con v, como ya se ha escrito en alguna reseña.

¿Cuál es el pacto y quién lo está pactando? Hay dinero, pero... No para la inversión y desarrollo de la soberanía popular, ni el bienestar social.

Papel mojado

Si tuviéramos que concretar a nivel práctico muy básico el significado de la palabra “seguridad” que garantiza el pacto social, además de en una Sanidad universal de calidad se materializaría en los artículos 35, 27, y 47 de la Constitución que garantizan el trabajo, la educación y la vivienda. Si nos centramos en el artículo 47 de la Constitución, fue a partir de 1990 cuando en España se jodió el Perú, dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”

Como sintetiza el profesor Antonio-José Campesino Fernández en su blog, [se puede consultar aquí] los gobiernos de PSOE y PP optaron por el desequilibrio legalizando la especulación y la usura de una trazada y convirtiendo el derecho a la vivienda en papel constitucional mojado. Fue mediante dos reformas: La primera de PSOE, Ley 8/1990, sobre la Reforma del Régimen Urbanístico del Suelo y Valoraciones. La segunda, ya de lesividad difícilmente reversible, del PP, la Ley 6/1998, de Régimen del Suelo y Valoraciones, y posterior Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio de Medidas Urgentes de Liberalización del Sector Inmobiliario y Transportes. Es decir, se comenzó reformando el régimen urbanístico del suelo en 1990 y, posteriormente, en 1998, llegó Aznar y su milagro español, Rodrigo Rato, que, como todo el mundo sabe, está en la cárcel y el artículo 47 de la Constitución se convirtió en una simple huella arqueológica, un fósil, que delata que alguna vez en la prehistoria de la nueva democracia, hubo buena intención en forjar y fortalecer la soberanía popular de la nación española.

La especulación —que funciona y vence sin convencer como una religión a base de usurpar el nombre a la Economía (esta del griego: 'Administración eficaz y razonable de los bienes de la casa', casa-nación)— tiene más que ver con la gestión y administración del mercado. Donde teníamos “producción-distribución-deuda”, ahora tenemos: “deuda- distribución-producción”.

“El presente tiene que confesarle al futuro que no puede devolverle lo que le debe”, advierte Yanis Varoufakis en Economía sin corbata. Conversaciones con mi hija. Ed. Destino. 2015


P.D.: El Partido Popular, nada más llegar a la Moncloa en 2011, se dispuso a echar por tierra el proyecto de energías renovables de José Luis Rodríguez Zapatero que iba a suponer ahorro a los bolsillos ciudadanos y desarrollo sostenible al país. Esto le cuesta hoy, de entrada, 291 millones de euros más intereses a España, que sólo puede negociar una rebaja y la demanda la impulsa el bufete que ha fichado a Soraya Sáez de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de Rajoy que impulsó el desmantelamiento. Puede leerse en este trabajo del periodista Daniel Ríos en infoLibre.

En fin, ¡un juego! Aquí se trata de “marcar goles”, que diría Pablo Casado. ¿A quién? A nosotros. Poca broma. Nos vemos los días 28A y 26M.
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