Razones para rechazar las políticas de austeridad

Conviene, en primer término, desvelar el lenguaje tramposo e interesado contenido en el término "austeridad". El capitalismo, en general, y el modelo de producción y consumo vigente en Europa, en particular, no son austeros, sino despilfarradores. Se alimentan de una utilización masiva, imposible de sostener, de recursos naturales no renovables y en un crecimiento de la demanda capaz de absorber y dar salida a un aumento continuo de las capacidades productivas. La desbordante expansión de las finanzas que abrió las puertas a una economía basada en la deuda, hasta el estallido del crack financiero, tampoco respondió al paradigma de la austeridad.

Pero llegó la crisis y el relato dominante convirtió el término "austeridad presupuestaria" (su ausencia) en el centro de explicación de la misma y en la clave para su superación. El poder económico y político encontró el "chivo expiatorio" idóneo: el sector público. ¿Cuál es la causa de la crisis?: el desorden presupuestario; ¿cómo superarla?: aplicando drásticas políticas de austeridad sobre las cuentas públicas. ¡Ahí quedó y todavía permanece encerrado el debate!

Una auténtica operación de camuflaje que ha conseguido que pasen inadvertidas la responsabilidad de las grandes corporaciones privadas y de la industria financiera, tanto en la generación como en la gestión de la crisis. También ha sido muy útil para llevar a cabo un formidable proceso de socialización de los costes de la crisis aumento de los impuestos para las clases populares y recortes sobre el gasto público social y productivo- en beneficio de las élites económicas y empresariales, los verdaderos responsables de la crisis, que han recibido una enorme cantidad de recursos públicos.

Han pasado los años y el poder mediático, económico y político continúa, sin pestañear, con el discurso de la austeridad presupuestaria; y el denominado "proyecto europeo" descansa en ese mismo postulado. No sólo hay toneladas de ideología conservadora al respecto –una confianza ciega e injustificable en el mercado–. Estamos ante una estrategia, cuidadosamente diseñada y brutalmente ejecutada, encaminada a convertir el sector público en mercado. Hay mucho negocio y enormes beneficios en juego –pensemos, a modo de ejemplo, en el dinero que se mueve en torno a los cuidados y al envejecimiento de la población– y los grandes grupos económicos, necesitados de espacios donde rentabilizar el capital y expandir los mercados, no quieren perder esta oportunidad. Y, de hecho, no la han perdido y han entrado a saco en un sector público privado de recursos y de legitimidad, como consecuencia de las políticas llevadas a cabo por las instituciones comunitarias y los gobiernos. No nos equivoquemos, el asunto no es tanto reducir el peso del sector público –ni, por supuesto, mejorar su eficiencia– sino apoderarse de él, mercantilizarlo y privatizarlo.

Por todo ello, las políticas de austeridad han llegado para quedarse, no son el producto de la excepcionalidad de la crisis o de una coyuntura financiera especialmente adversa, sino que forman parte de la estructura de un capitalismo especialmente depredador, en lo laboral, en lo ecológico y en lo público. Y por lo mismo, tenemos que rechazarlas con fuerza. No para abanderar un modelo productivo y de consumo claramente insostenible –como proclaman con toda la razón del mundo los jóvenes que han tomado las calles y las plazas con valentía y determinación–, sino para situar la vida, la decencia y el reparto en el centro de las políticas económicas. Para proteger y expandir derechos –como la salud, la educación, la igualdad de género y el cuidado de nuestros mayores–; para conseguir un reparto de la renta y la riqueza más equitativo y para reequilibrar las relaciones de poder claramente desniveladas en beneficio de las grandes corporaciones; y, por supuesto, como piedra angular de una política comprometida con el cambio climático.

En este escenario, la iniciativa privada puede y debe encontrar encaje, pero, en cualquier caso, la clave está en el decidido y decisivo protagonismo del sector público. Este es nuestro compromiso. ________________

Isabel Serra es candidata de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y Fernando Luengo es miembro de la candidatura.