El debate sobre los 400 y la igualdad de voto

En las primeras elecciones en las que las mujeres españolas pudieron ejercer su derecho al voto, las del 19 de noviembre de 1933, las Cortes las conformaban 473 diputados. En esas elecciones la Lliga Catalana obtuvo 24 asientos, Esquerra Republicana de Catalunya 17, el PNV 11 y la Falange Española solo uno. Mucho antes, durante el reinado de Amadeo I, las elecciones celebradas el 8 de marzo de 1871 ya eligieron 381 diputados a Cortes. En 1891, en la época de la conocida como restauración borbónica y siendo regente la madre de Alfonso XIII, Mª Cristina de Habsburgo-Lorena, se celebraron elecciones generales para elegir nada menos que a 401 diputados. Esta cifra de escaños fue aumentando hasta las últimas de este período monárquico, las elecciones de 1923, llegando a tener ese Congreso 437 escaños. Sentados en esas Cortes, disueltas meses después por el jerezano Miguel Primo de Rivera, estuvieron Manuel García Prieto, Niceto Alcalá Zamora, Antonio Maura, Pablo Iglesias, Alejandro Lerroux, Francesc Cambó, Lluis Companys o Francesc Macià, entre otros.

Vienen estos datos históricos a propósito de la reiterada vulneración del principio de igualdad de voto que se observa en nuestro régimen electoral, en especial con relación a las elecciones generales y en una doble vertiente: la distribución de escaños entre las circunscripciones y el reparto de escaños entre las candidaturas de los partidos. En el primer caso dado que hay una notabilísima diferencia entre la proporción entre escaños y electores repartidos en cada provincia. Así, en el caso de Asturias, por cada escaño se han necesitado el 10 de noviembre hasta 138.939 electores y en Madrid 137.511, frente a los 35.821 de Teruel o los 38.406 de Soria. De esta manera, el voto de un asturiano o el de un madrileño solo fue el 25% del de un turolense en relación con los escaños que elige. Esta situación propicia, como hemos podido comprobar en las elecciones del 10 de noviembre, la aparición de partidos provinciales o locales como ¡Teruel Existe!, partidos con posibilidades reales de alcanzar representación parlamentaria habida cuenta del bajo coste de votos que tienen esos escaños. Dicho de otra manera, se necesitan los votos de cuatro madrileños para tener la misma representación electoral que tiene el voto de un solo ciudadano de Teruel. Así ha sido en estas recientes elecciones generales.

En un segundo término, por la prima de representación que obtienen los partidos mayoritarios y con votantes en todas las circunscripciones y la fuerte penalización de los partidos con menos votos y con electorado disperso. Caso de PACMA, que no ha obtenido ni un solo asiento en la Cámara Baja a pesar de haber conseguido 226.469 votos. Así, por ejemplo, ¡Teruel Existe! solo necesita 19.696 votos para obtener un diputado frente a los 167.253 de coste medio para Más País o los 163.754 de Ciudadanos. Es decir, ¡Teruel Existe! obtiene representación parlamentaria con un 12% de los votos de estos dos partidos, un coste desigual y desproporcional. Con solo el 9% de los votos de los logrados por PACMA alcanza representación parlamentaria y esta formación no. Un sistema profundamente desigual no ya para los partidos sino para los votantes. La rentabilidad de los votos obtenidos por cada partido y el peso de estos en nuestras elecciones generales no solo rompe la necesaria igualdad del voto de los electores, sino también la igualdad de oportunidades de los partidos políticos en un mismo proceso electoral.

Es abundante la literatura académica sobre el significado del principio de igualdad de sufragio en épocas anteriores. De hecho, no pocos procesos constituyentes han fundamentado gran parte de su apoyo social en la defensa de esa igualdad en el voto, impidiendo expresamente el voto plural o el sufragio de clases. Garantizar un voto igual es una de las orientaciones básicas de las leyes electorales de los países democráticos.

La mayor parte de los sistemas electorales de la Unión Europea son de tipo proporcional, a veces en combinación con mecanismos del sistema mayoritario. También, con carácter general no se aplica la asignación de una representación fija a las circunscripciones electorales como ocurre en España. Este mecanismo de compensación hace que el coeficiente de representación electoral de cada provincia (relación entre el porcentaje de población que representa cada provincia y su porcentaje de escaños sobre el total) fluctúe entre los 3,01 puntos de la circunscripción de Soria y los solo 0,39 de Madrid. Siendo este coeficiente mayor a 1 ya se evidencia la sobrerrepresentación. Soria multiplica por tres este valor y Madrid apenas alcanza el 40% del mismo.

El sistema electoral español de carácter proporcional es defendido por algunos teóricos en razón al mandato constitucional de hacer cumplir dos valores superiores del ordenamiento jurídico: la igualdad y el pluralismo político. Pero ambos valores han sido ampliamente castigados por la mecánica electoral en nuestro país por dos razones fundamentalmente:

 

La circunscripción provincial como base en nuestro sistema electoral se nos antoja arcaica puesto que nuestro Estado se organiza administrativa y competencialmente en Comunidades Autónomas, un ámbito territorial que tiene sus propios órganos de representación parlamentaria. Resulta entendible que en la mayoría de los sistemas electorales anteriores a la Constitución del 78 la provincia fuera la base de la circunscripción, la urna, ya que era el único sistema de organización territorial con el que contaba el Estado por debajo de la circunscripción única y por encima de los municipios. La circunscripción provincial como base de nuestro sistema electoral en conjunción con la obligatoriedad de la representación mínima de dos diputados por provincia y la mecánica propia del sistema proporcional produce varias paradojas:

 

El Informe del Consejo de Estado sobre las propuestas de modificación del Régimen electoral general, fechado en febrero de 2009, proponía para mejorar la proporcionalidad de nuestro actual sistema electoral lo siguiente:

 

En el supuesto de que los legisladores hubieran llevado a la práctica algunas de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Estado la realidad parlamentaria de este Congreso hubiese sido significativamente diferente al que tenemos en estos momentos tras celebrarse las elecciones del pasado 10 de noviembre. Las dos medidas que técnicamente son más fáciles de implementar y solo necesitarían la reforma puntual del articulado de la LOREG serían:

 

Veamos en principio el número de votos perdidos por partido –y que por tanto han quedado sin asignación de escaños– en la siguiente gráfica en la que claramente el PSOE es el partido con una mayor eficiencia electoral, ya que solo deja en los restos 15.449 votos, frente a Ciudadanos que se muestra como el menos eficiente de todos con un total de 765.046 votos perdidos sin asignación de escaños. Mención especial merece PACMA que envía a los restos la totalidad de sus 226.469 votos ya que no consigue siquiera un escaño:

 

Si lleváramos a efecto estas dos modificaciones, con el necesario cambio normativo de la LOREG y con los resultados de las elecciones del 10 de noviembre, la asignación de escaños de este nuevo Congreso de 400 diputados sería mucho más proporcional a nivel provincial y contaría un voto más igual entre electores y partidos. El nuevo Congreso de los Diputados con 400 escaños hubiera sido el siguiente:

 

El incremento de escaños por partidos tras el reparto proporcional de los restos según la fórmula D´Hondt de los nuevos cincuenta diputados y según los resultados reales obtenidos el 10N sería el siguiente:

 

En este hipotético Congreso de 400 diputados la composición de los bloques izquierda-derecha sería esta:

A modo de conclusión diremos que el diferente coste de la representación parlamentaria en España, como consecuencia del régimen electoral que nos regula, y la latente y manifiesta desigualdad de voto que este mecanismo provoca en la igualdad real y efectiva entre los electores y en la representatividad de los partidos políticos, no solo es perfectamente corregible, sino que debería ser una de las urgencias de los nuevos legisladores. La mejora de la calidad de nuestra democracia depende también de la igualdad real de los derechos de los ciudadanos. Parece evidente que no somos iguales a la hora de ejercer nuestro derecho al sufragio, al menos hasta este momento. La corrección y el ajuste de este principio de un ciudadano un voto es una demanda justa, cada vez mayor de la sociedad civil y de una gran mayoría de partidos extraparlamentarios. _____________

Juan Miguel Becerra Vila esdoctor en Pensamiento y Análisis Político y director de SW Demoscopia.