¿En serio, Rafael? ¿También las listas de espera?

Hace días me he visto desagradablemente sorprendido por unas declaraciones disparatadas del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en las que no sólo pone en duda la gravedad de la situación de las listas de espera en Cataluña sino que las vincula además a la demanda sanitaria de las derivaciones de otras CCAA. Unas declaraciones realizadas en un contexto de polarización política que las hace solo interpretables, aunque no comprensibles, como un prejuicio más a añadir a la actual deriva independentista frente al resto de España. Sobre todo porque conociendo la larga trayectoria pública de la persona del Síndic no se puede pensar en falta de información de la institución ni tampoco alegar ingenuidad política.

No es de extrañar entonces que hayan provocado un rechazo generalizado como respuesta: el de las organizaciones de profesionales, los sindicatos y los pacientes con implantación en sanidad primero, todas ellas muy sensibles desde la crisis y los recortes a los signos de su deterioro. Y también la de los partidos, fundamentalmente los no independentistas en clave más específicamente partidista, como no podría ser de otro modo, en unas fechas tan delicadas y claves para la investidura del futuro Gobierno.

Vaya por delante la aclaración de que las listas de espera tan solo existen en la sanidad pública porque en la privada la demanda está limitada por la capacidad de compra. Es decir, porque la sanidad pública es de accesibilidad y cobertura universal, mientras que el modelo privado excluye a la parte de la población con menos recursos y a las patologías más graves y complejas del acceso a la atención y el aseguramiento.

Es por eso que no voy por tanto a caer en la simplificación ni en la manipulación política de unas listas espera que por principio no afectan a las patologías graves, y que forman parte del día a día de la gestión sanitaria, cuando ésta se mantiene en un tiempo y en unas condiciones razonables.

Tampoco me sumaré a los que aprovechan cualquier debilidad de la sanidad pública como ésta para cuestionar la excelencia de la sanidad pública, sobre todo en cuanto a la atención de las patologías que más comprometen la vida de los ciudadanos, cosa que en nuestro sistema público está asegurada y con un nivel de tan alta calidad, como en pocos países en el mundo, aunque tampoco para ocultar sus debilidades y los riesgos del sistema de salud y en particular de la sanidad catalana.

Lo que no comparto, sin embargo, ante todo es que la lista de espera en Cataluña esté relacionada con la demanda foránea. Una afirmación a todas luces falsa, solo motivada por prejuicios ideológicos excluyentes, cuando es notorio que la dimensión de la misma es un porcentaje mínimo, por no decir que irrelevante, en el volumen de demanda sanitaria no urgente que forma parte de la lista de espera.

Por otra parte, las dudas del Síndic sobre la caracterización, el cálculo y la gravedad de la lista de espera resultan inaceptables, sobre todo para un defensor del pueblo, ya que le sitúan más del lado del gestor y de la Administración que el de la defensa de los derechos del ciudadano ante las administraciones, su principal objetivo.

La constatación de que su volumen es hoy excesivo no es por tanto una prueba de éxito del sistema de salud, sino muy al contrario una señal negativa, compartida es verdad por una buena parte de la sanidad española y relacionada con el recorte de la recursos realizado a raíz de la crisis, pero también con los problemas de planificación y gestión sanitaria y por otros factores relacionados con la demanda como el envejecimiento poblacional, el cambio del patrón de enfermar hacia patologías crónico degenerativas o los modelos tecnológico y de consumo privados trasladados al sector sanitario.

Unos datos especialmente desfavorables en el servicio Catalán de Salud, sin duda relacionados con la mayor dureza de los mencionados recortes que recaen sobre un ya bajo gasto por habitante y en un modelo peculiar donde la participación privada, es de las más altas del país. Un mal síntoma, este de las listas excesivas, que por su volumen y prolongación en el tiempo, si no lo corrigieramos, correría el riesgo de afectar a los principios de universalidad y accesibilidad y calidad inherentes al sistema público de salud.

Otro factor que queda distorsionado en las mismas declaraciones es la trascendencia que tienen para Cataluña los ochenta y seis centros de referencia de patologías raras o complejas en un sistema sanitario público moderno y en consecuencia de la necesidad y la conveniencia de las derivaciones entre CCAA y la financiación compartida de las mismas. Más que un pasivo como podría interpretarse de las mencionadas palabras, se trata de un activo del Servei Catalán de Salud y del SNS. Y si hubiera que echar algo en falta sería un presupuesto federal digno de tal nombre destinado a dotar el plan de salud, las estrategias y dentro de ellas los centros de referencia para el conjunto del sistema.

En definitiva, introducir un tema tan complejo de forma simplista en el clima excluyente de la polarización nacionalista, lejos de ayudar a objetivar las causas y a poner en marcha medidas correctoras, abunda en los mensajes simples y demagógicos dificultando su comprensión y alejando aún más su posible solución. Una materia delicada donde además llueve sobre mojado con la exclusión de inmigrantes sin papeles al inicio de la crisis por parte del Gobierno del Partido Popular, su posterior rectificación por parte del Gobierno del PSOE nacido de la moción de censura y los recientes dos huevos duros más de las campañas xenófobas de la extrema derecha.

Lo cierto es que el efecto de la exclusión fue entonces el contrario de la sostenibilidad proclamada, ya que la desprotección del colectivo inmigrante mermó el control preventivo e incrementó la gravedad y el deterioro de sus patologías aumentando la complejidad y el coste de una atención tardía. Mejor nos sería pues abordar una cuestión compleja y una materia tan delicada en el marco de la política y programa sanitario de investidura, de los futuros presupuestos y por supuesto como parte esencial del nuevo modelo de financiación.

Pero también como parte de los futuros presupuestos de la Generalidad y de la necesaria reflexión sobre el modelo sanitario mixto, sin tan fáciles excusas por parte de los gestores, sanitarios. Porque si no los imprescindibles debates sanitarios corren el peligro de quedar ocultos tras la cortina de la polarización nacionalista y sobre todo de la maraña de los prejuicios.