La patronal en pie contra el aumento del salario mínimo

Los dirigentes de las organizaciones patronales advierten de las negativas consecuencias, en términos de destrucción de empleo y de menor generación de puestos de trabajo, que tendrá el aumento del salario mínimo, uno de los compromisos fuertes del próximo (todavía no confirmado cuando se escriben estas líneas) gobierno de coalición integrado por el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos. Puntualizan, además, que avanzar en esa dirección perjudica, sobre todo, a los trabajadores de menor cualificación y a los que perciben salarios más bajos, que ya no serán contratados si su remuneración sube hasta el nivel fijado por el salario mínimo.

Preocupados por el impacto supuestamente desfavorable que tendría la mejora de las condiciones laborales de los de abajo, los que verdaderamente se verían afectados, para bien, por el incremento del salario mínimo, “olvidan” poner el foco en los salarios de los de arriba, en los inmensos e injustificados privilegios que disfrutan las elites empresariales que ellos representan y de las que forman parte.

A este respecto, un reciente informe de Oxfam Intermón titulado Quien parte y reparte. La huella en la desigualdad de las empresas del IBEX 35 revela que las retribuciones del primer ejecutivo de este selectivo grupo de empresas –más de 4 millones de euros, que en algunos casos supera los 10– es 123 veces el salario medio de sus trabajadores, siendo esta ratio en algunas de ellas muy superior (455 veces en Inditex, 257 en el Banco de Santander o 213 en el BBVA).

Se habla mucho del salario mínimo, pero poco o nada de las fabulosas cantidades de dinero que se embolsan los directivos de las grandes corporaciones. Sin embargo, este asunto debería estar en el centro del debate público y de la acción política. Porque semejante desmesura contribuye a la descapitalización de los proyectos empresariales, porque es el resultado de operaciones financieras que no tienen otro objetivo que aumentar las retribuciones de las elites (por ejemplo, operaciones de recompra de las propias acciones con deuda), porque nada tienen que ver con la productividad de los que las reciben y porque, en definitiva, tan sólo traducen el pronunciado desnivel del terreno de juego en beneficio del capital y de los altos directivos que lo gestionan y en contra del trabajo.

Siguiendo con el tema de los salarios, las patronales tampoco han puesto el grito en el cielo por el persistente retroceso de las retribuciones de la mayor parte de los trabajadores. Entre 2014 y 2018, en un contexto de recuperación de la actividad económica –de la que, por seguir el discurso convencional, todos ganarían en mayor o menor medida–, la compensación real por empleado ha retrocedido en 1,4 puntos porcentuales, lo que ha supuesto que el peso de los salarios en la renta nacional en ese periodo se ha reducido en un porcentaje similar. Teniendo en cuenta que estos datos hacen referencia a los salarios promedio, si se excluyen los percibidos por los directivos de las empresas, que también se contabilizan en los datos agregados, la caída ha sido más amplia; y ha sido mucho mayor todavía si reparamos en la enorme cantidad de horas extraordinarias no pagadas y la intensificación de los ritmos de trabajo.

La contracción salarial ha aumentado el número de trabajadores que viven en la pobreza o están cerca de ella, ha agravado la desigualdad y ha reforzado la cultura de la confiscación entre la clase empresarial. Pero no recuerdo ninguna declaración de la patronal preocupada por esta deriva. Han reservado toda su artillería para arremeter contra la anunciada mejora del salario mínimo, que, por cierto, todavía se encuentra lejos del 60% del salario medio, objetivo establecido en el pilar social europeo.

Nada de esto importa, pues, como he señalado al comienzo del texto, la patronal no tiene otro objetivo que cargar sobre las espaldas del incremento del salario mínimo la supuesta pérdida de empleo y, como consecuencia de ello, del asimismo supuesto aumento del desempleo. Contra toda evidencia empírica. Según la mayor parte de los estudios realizados, su aumento no ha supuesto la proclamada destrucción de puestos de trabajo; todo lo contrario, la mejora de la capacidad adquisitiva de los trabajadores peor pagados, al activar la demanda agregada crea las condiciones para que se creen nuevos empleos. En paralelo, ha contribuido a corregir la fractura social. Existe, en este sentido, una relación fuerte y positiva: cuanto más elevado es el salario mínimo, mejores estándares tienen los países en materia de igualdad.

En la irrupción de las patronales en el debate sobre el salario mínimo hay, además de toneladas de cinismo y desvergüenza, mucho más que una cuestión técnica o económica. El mensaje de calado es que el aumento del empleo –también la recomposición de los márgenes empresariales, la dinamización de la actividad inversora, la mejora de la productividad, el fortalecimiento de la posición competitiva de las empresas y, en fin, el crecimiento económico– dependen de la moderación salarial, que, por todo ello, ha llegado para quedarse.

Este planteamiento no es nuevo. Ha estado omnipresente en la política económica neoliberal que ha dominado el panorama económico europeo, también ha sido un pilar esencial en el lanzamiento de la Unión Económica y Monetaria y un componente fundamental de las políticas implementadas por las instituciones comunitarias y por los gobiernos para gestionar y superar la crisis. Y este es el ADN del capitalismo que emerge de la misma.

Defender el aumento de los salarios –del mínimo y de los percibidos por la mayor parte de los trabajadores– y la reducción de las retribuciones de las elites empresariales es clave para abrir las puertas a otra economía sustentada en la decencia. Este es el desafío de las izquierdas.