Rescatemos a la gente, no a los de siempre

Mientras gran parte de la población europea y mundial permanece en sus casas a causa del coronavirus, única medida eficaz de hacer frente a esta pandemia global, crece la inquietud ciudadana por los riesgos letales que amenazan su vida y su salud y por las consecuencias del confinamiento sobre la economía del país y especialmente sobre el empleo y los ingresos de la población más vulnerables

España, junto a Italia, es el país europeo actualmente más afectado por la pandemia, lo que nos coloca en una situación de gran fragilidad frente a las graves amenazas sobre la salud y la economía del país, sobre todo si se mantienen las actuales restricciones sobre el gasto público que nos imponen la Comisión Europea y los Tratados firmados.

Frente al coronavirus, además de las medidas de emergencia sanitaria, la respuesta ciudadana no puede ser otra que el reforzamiento de la solidaridadsol. Solidaridad antes que nada con los que están en primera línea contra el virus, esto es, cuidadores de la población enferma y todo el personal sanitario. Pero solidaridad también con las personas que ayudan a mantener el acceso a los alimentos y con todas las poblaciones amenazadas, en primer lugar las personas ancianas y las que ya están enfermas. No debemos permitir que ninguna de ellas sea sacrificada por la falta de medios de nuestro sistema de salud.

En consecuencia, para poder hacer frente a una crisis de gran alcance como la que estamos padeciendo, reforzar al máximo los recursos sanitarios de lucha contra la pandemia y atenuar los daños sobre la economía y las rentas de la población que cada vez en mayor número pasará a estar en situación de riesgo de subsistencia, es necesario abordar de urgencia un conjunto de medidas de choque e introducir a medio plazo reformas radicales en el actual funcionamiento del sistema económico y financiero. Estas son algunas de las que habría que acometer, para lo que precisamos sin duda una gran presión ciudadana.

En primer lugar y frente a las propuestas anunciadas por el Presidente del Gobierno, bienintencionadas pero insuficientes y en cierta forma engañosas, es necesaria una mayor ambición de los poderes públicos para introducir una renta básica (RB) de 800 euros para toda la población española mayor de 18 años, y de 300 para los menores de edad, mientras dure la crisis sanitaria.

En segundo lugar, el derecho al acceso y el disfrute de una vivienda digna puede verse enormemente afectado en esta crisis y para paliarlo no es suficiente postergar el plazo de los alquileres. Hay ya que poner sobre la mesa medidas de justicia y también evitar que los fondos de inversión especulativos intervengan abusivamente en este mercado de primera necesidad.

En tercer lugar, la acción del Gobierno no puede ser lo eficaz que se precisa contra la crisis sanitaria y económica sin acometer de forma paralela una estrategia de lucha contra la corrupción que introduzca transparencia, publicidad y auditoría en la sociedad y en la gestión de lo público. La Fiscalía anticorrupción debería empezar a actuar con contundencia.

En cuarto lugar, esta crisis constituye una oportunidad única para introducir cambios sustanciales en el sistema económico para hacerlo ambientalmente más sostenible y socialmente más justo. Es el momento de recuperar el proyecto de una banca pública potente y de acometer una profunda y radical reforma fiscal que acabe con la injusticia de una fiscalidad que se ensaña con las rentas del trabajo mientras salva al capital. Urge empezar a construir unas finanzas democráticas y garantistas que ayuden a erradicar la lacra del fraude fiscal, especialmente el de las grandes corporaciones transnacionales que practican la llamada optimización fiscal a gran escala.

En quinto lugar, ha llegado el momento de modificar los tratados de la UE y hacer que se elimine la prohibición de que el Banco Central Europeo (BCE) pueda financiar directamente a los Estados miembros de la zona euro, empezando por los países más afectados por la pandemia y la crisis económica y social que se está gestando, a saber, Italia y España

En sexto lugar es urgente proceder a una mayor regulación global y control social de los mercados financieros y poner límites a la libre circulación de los capitales especulativos. Habría que cerrar las bolsas de forma temporal y establecer, en cuanto vuelvan a funcionar, fuertes controles a la volatilidad y a las fuertes oscilaciones bursátiles, penalizando en cualquier caso las inversiones especulativas en bolsa y restringiendo las operaciones en mercados no regulados (OTC).

Y en séptimo lugar, aunque como consecuencia de la crisis la UE se ha visto forzada a suspender el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, es necesario que explícitamente se apruebe una suspensión permanente y no temporal del mismo, de manera que los Estados puedan desarrollar en lo sucesivo y sin riesgo a penalizaciones comunitarias los programas sanitarios, de reforzamiento de los servicios públicos y de lucha contra la pobreza y la exclusión social que la situación requiere en cada país. El déficit público ha de volver a ser el instrumento de política económica anti-cíclica que tradicionalmente ha sido, y dejar de ser un objetivo cuya consecución (déficit cercano a cero) es prioritaria por encima de cualquier otro.

Quizás puedan parecer utópicas e irrealizables estas siete propuestas pero este es sin duda el momento de plantearlas y exigirlas, pues es bien sabido que los sistemas únicamente cambian cuando entran en crisis.

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Ricardo García Zaldívar es miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal y presidente de ATTAC