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Cuidar a las que cuidan

Nerea García Llorente
Publicada el 27/03/2020 a las 06:00

El Covid-19 es ahora mismo una crisis sanitaria, social y económica que nos está haciendo reflexionar, siendo más conscientes de nuestra vulnerabilidad e interdependencia. Puede resultar un momento clave para repensar algunas estructuras socio-económicas, poner el cuidado en el centro, como muchos de los movimientos feministas llevan décadas demandando. Estamos tomando conciencia de que algunos de los trabajos peor pagados y menos reconocidos socialmente son aquellos imprescindibles para sostener la vida y para superar esta crisis.


Naciones Unidas ya ha alertado de que el Covid-19 puede agravar aún más la desigualdad de género, en el empleo y las comunidades. Nos referimos tanto al trabajo de cuidados, que recae principalmente en mujeres y niñas, como a la posibilidad de estar más expuestas a violencia física o sexual o a perder la autonomía económica y la participación en la toma de decisiones. Es imprescindible tomar medidas desagregadas por sexo para que la equidad no sea una quimera ni se aleje aún más.


La directora Ejecutiva de UN Women, PhumzileMlambo-Ngcuka, así como otras organizaciones de mujeres, han recalcado y recordado que muchas mujeres trabajan en el ámbito de la salud y los cuidados, además de encargarse de sus familias, y ello las coloca en una situación de mayor exposición al virus, y por lo tanto, de mayor riesgo. Las medidas que se adopten no deben ser neutrales (en apariencia) y sí tener en cuenta una realidad que es de partida desigual. También la Organización Mundial del Trabajo (OIT) ha publicado el análisis de un estudio científico en el que se constata esta realidad: los países y personas más pobres y vulnerables son las que serán más duramente golpeadas por esta crisis.


Las trabajadoras de hogar atienden a miles de personas en sus domicilios, muchas de las cuales no reciben la ayuda adecuada de un sistema público insuficiente e infradotado, y de una ley de dependencia cuyos presupuestos son cada día más exiguos o de difícil acceso por la larga burocracia.


En nuestro país se calcula que unas 600.000 personas trabajan en el empleo doméstico, muchas de ellas de manera informal. El 96% son mujeres, mayoritariamente migrantes, especialmente en el caso del régimen interno. Según los últimos datos de afiliación, unas 394.000 trabajadoras domésticas están dadas de alta en la Seguridad Social. No obstante, es el único colectivo sin derecho a paro, por lo que en una situación como la actual, un despido o una suspensión del contrato supone que estas trabajadoras se van a casa sin derecho a ninguna prestación. Además, se las puede despedir por “desistimiento”, es decir, sin causa alguna, con una indemnización de solo 7 días por año trabajado, aún menor que la indemnización prevista para despidos en contratos temporales, y mucho menor que los 33 días por año que estableció la reforma laboral de 2012 para el resto de trabajadores por cuenta ajena.


Estas mujeres, organizadas, escribieron el 23 de marzo una carta abierta al gobierno en la que indican que “los derechos no reconocidos en el sector del empleo de hogar hasta el momento, como la prestación por desempleo, la menor protección frente al despido con el desistimiento o la no inclusión en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se convierten, en estas circunstancias, en decisiones criminales (…). En esta carta denuncian además que las trabajadoras que están en régimen interno están viendo alargadas sus jornadas sin que el salario aumente, muchas están asumiendo una sobrecarga laboral y emocional y otras están viéndose obligadas a tomar las vacaciones fuera de su periodo elegido. Además, en esta carta proponen medidas concretas, como son: 1. Reconocimiento de la prestación por desempleo para las trabajadoras de hogar y de cuidados. 2. Abolición del desistimiento para evitar el despido libre. 3. Medidas de protección especiales para las trabajadoras en situación administrativa irregular. 4. Medidas de control sobre el régimen de internas para evitar que el confinamiento se convierta en reclusión en sus puestos de trabajo. 5. Garantías para el disfrute del derecho al cuidado de sus propias familias en igualdad al resto de trabajadoras/es. 6. Inclusión del sector en la provisión de equipos de protección individual para evitar la propagación del contagio. 7. Integración inmediata en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 8. Habilitación de medidas excepcionales para la suspensión de las cuotas de cotización a la Seguridad Social o de aquellos/as que se hayan visto obligados a realizar nuevas contrataciones para reforzar los cuidados en época de confinamiento, de modo que se eviten sobrecostes que conlleven nuevos despidos o reducción de salarios.


Parece que el Gobierno se hace eco de algunas de estas propuestas. El Ministerio de Trabajo, en coordinación con el de Igualdad, ultima un subsidio de desempleo extraordinario para las trabajadoras del hogar. La medida requiere el visto bueno de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, y podría ser aprobada en el Consejo de Ministros, entre el viernes 27 y el martes 31 de marzo.


Si la medida prospera, las trabajadoras de hogar dadas de alta podrán cobrar el desempleo durante un mes, prorrogable. Podrán acceder a la prestación quienes estén dadas de alta y pierdan toda o parte de su actividad. Para poder cobrar el subsidio las trabajadoras deberán estar dadas de alta en la Seguridad Social y documentar que han perdido su trabajo, o al menos parte de él, en caso de que presten servicios en varios hogares. Si tienen varios contratos, cobrarán la parte proporcional que pierdan. El subsidio no llegará a las empleadas domésticas que trabajan en la economía sumergida, si bien el Gobierno trabaja también en otras garantías de ingresos para alcanzar a colectivos vulnerables que no puedan acogerse a las medidas pactadas, aunque aún se desconocen y están en debate.


Para el cálculo de las cantidades a cobrar se tendrá en cuenta la base reguladora de la incapacidad temporal, dado que no existen bases de cotización como en otros trabajadores por cuenta ajena, sino tramos de cotización, que no siempre se ajustan a la realidad de sus ingresos. Cobrarán el 70% de esta base, igual que otras trabajadoras y, de la misma manera que se estableció en el Real Decreto del estado de alarma de 17 de marzo, no se exigirá un periodo mínimo de cotización. Es decir, aunque no lleven un año cotizando, también podrán acceder al desempleo en el SEPE. La cantidad máxima que podrán cobrar es de 950 euros mensuales, el Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extra.


Otros colectivos organizados en este tema se han coordinado ante la crisis del Covid-19. Entre ellos, el observatorio Jeanneth Beltran, junto con la organización sin ánimo de lucro Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) y el servicio social Senda de cuidados, que están recogiendo testimonios de las realidades y necesidades de las mujeres en este sector, así como prestando asesoramiento.


El Gobierno ha asumido el compromiso de preparar una propuesta temporal, que esperamos que sea aprobada, y se alargue en el tiempo. También sería justo que se acoja la petición histórica de ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que dota de protección social al colectivo.


Estamos en un momento histórico, tomemos medidas históricas que hagan este mundo más habitable, justo y equitativo. Cuidemos la vida y protejamos a aquellas que la cuidan.

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Nerea García Llorente es abogada y formadora de la Asociación Otro Tiempo

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